Bergman: “El Ministerio de Ambiente hace planificación, no somos bomberos ni brigadistas”

En una entrevista con Ámbito, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman respondió así a las críticas que recibió en las últimas semana sobre la ineficacia de los planes de prevención y las presuntas demoras en los operativos de asistencia, las que apuntaban a señalar la inacción oficial para dar respuesta a los desastres.

El país pasó por un intenso verano, asistiendo con ayuda para hacer frente a un alud en Jujuy, inundaciones en Córdoba y Buenos Aires, incendios forestales en Río Negro y La Pampa,  situaciones dramáticas que vivieron familias argentinas,  que causaron muertes, generaron pérdidas récord y dejaron miles de evacuados.

“Hice lo que dice la ley”, aseguró en diálogo con ámbito.com el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. “Lo que pasa es que quienes no la conocen tratan de buscar a alguien que lo arregle o un culpable”, enfatizó.

Periodista: ¿Considera suficiente la respuesta del Ministerio?


Sergio Bergman:
Cada vez que pasa algo me preguntan, ¿qué hiciste? Mi respuesta es: hice lo que dice la ley. Lo que pasa es que quienes no la conocen tratan de buscar a alguien que lo arregle o un culpable. Pero el Ministerio no puede tener intervención en las provincias sin respetar la soberanía. Con el fuego, por ejemplo, hay una ley nacional que marca tres fases: en la 1 el incidente lo maneja la provincia; en la 2, la provincia con asistencia de la Nación, y en la 3, cuando la envergadura y velocidad de avance del fuego supera el manejo local, se solicita la intervención del Ministerio. Nosotros participamos directamente en la fase 3, pero si no hay un pedido no podemos.

P: ¿En ningún caso?


S.B.:
Depende mucho del interlocutor. La gobernadora Vidal en fase 1 se puso en contacto con nosotros para que participemos, y claro que no le dijimos: “No podemos porque no estamos en fase 3”. Si nos llaman, vamos. Pero en el caso de La Pampa, la nota oficial fue el 1 de enero: alguien tiene que responder que pasó antes. En todo diciembre se quemaron 150 mil hectáreas, con 40 incidentes que nosotros ya habíamos anticipado con alertas tempranas. Ante provincias que no cumplen su responsabilidad ya aprendimos que no podemos quedarnos a esperar. Ahora sabemos que en La Pampa los caminos cortafuegos no están en condiciones.

P: ¿En estado de emergencia son comunes estas polémicas?


S.B.:
Lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos, sin estar polemizando, porque tenemos todavía un largo mes y medio de verano. Pero tampoco se puede tener un pensamiento infantil y negligente, y cuando la gente está con el agua al cuello decir “me la está tirando la provincia de al lado”, como pasó entre Córdoba y Santa Fe. La topografía de la Argentina la conocemos hace muchísimos años, como para esperar el día de una inundación y culpar al de al lado. Lo que menos quiere la gente es ver cómo se echan la culpa.

P: ¿Se debe mejorar la articulación entre la Nación y las provincias?


S.B.:
Por eso se constituyó un comité de crisis, que puede ir a cualquier lugar de la Argentina y articular recursos de todas las áreas. Nuestro aporte no es muscular, no estamos al frente como si fuéramos bomberos o brigadistas, nosotros tenemos que dar los insumos, hacer la planificación, la reparación. Cuando se produce el impacto del cambio climático, vamos juntos porque esto no lo arregla uno solo, es tarea de todos y en equipo
P: ¿Con este fin se formó también el gabinete para el cambio climático?


S.B.:
Sí. Parecía redundante, alguien puede preguntar: ¿Para qué querés un gabinete climático si tenés un Ministerio de Ambiente? Para no caer en la trampa de pensar que la agenda de ambiente la puede ejecutar por sí mismo el Ministerio. El gabinete lo lidera el presidente Macriy él convoca a los ministros, nosotros coordinamos, articulamos, armamos la agenda. Entonces el cambio climático dejó de ser tema exclusivo nuestro y pasó a ser de todos.

P: ¿Dónde se nota la huella del cambio climático?


S.B.:
Por ejemplo, en las alternancias entre sequías e inundaciones y en la combustibilidad donde no había incendios forestales. Antes, las alertas tempranas y el programa Bosques sin Fuego empezaban en los bosques nacionales patagónicos, este año empezó en Valeria del Mar y la provincia de Buenos Aires. Las inundaciones, que antes eran en febrero o marzo, se corrieron. Con un ritmo caótico y desordenado, en la misma semana se producen varios fenómenos. Y al llover más en zonas en las que no llovía, la vegetación en lugar de tener 20 centímetros tiene 40, lo que duplica el área combustible. Sufrimos situaciones atípicas a lo que no estábamos acostumbrados, como diez focos de fuego simultáneos y con rotación de viento.

P: ¿Ya están cuantificadas todas las pérdidas económicas?


S.B.:
Hablamos de pérdidas de recursos naturales o actividades productivas muy importantes, pero nada es más importante que la vida, esa es nuestra prioridad. Ojo, yo no minimizo nada. El productor de Buenos Aires, La Pampa, o Santa Fe requiere asistencia del Estado, les corresponde y hay que ayudarlos porque perdieron sus actividades productivas, pero no olvidemos que hay vidas que se perdieron, gente que no tiene casa. Quien lo plantea con mayor claridad es el papa Francisco, él dice que la ecología no es solo un tema científico o técnico, es un dilema ético. No es una agenda verde, es una agenda humana.

P: ¿El saneamiento del Riachuelo es el gran tema pendiente?


S.B.:
Todos queremos resultados concretos rápidos, ya. Cuándo va a estar limpia el agua, cuándo nos vamos a poder bañar, pero el problema mayor es la gente que vive allí en esas condiciones. Esto se arregla con obras y hay que invertir una plata impresionante para una infraestructura que nunca se hizo. Eso lleva años. Sanear el Támesis les tomó 40 años a los británicos. Hay muchas cosas que no vamos a terminar, pero hay que hacerlas, porque el Riachuelo necesita política de Estado, no electoral.

P: Por primera vez, los tres gobiernos implicados pertenecen al mismo signo político…


S.B.:
Sí, y las tres jurisdicciones debemos tener un mandato claro: hacer infraestructura de saneamiento para la gente. La cuenca está contaminada en un 30% por las industrias, que vierten un alto nivel de contaminantes (plomo, cromo, mercurio). El otro 70% proviene de efluentes cloacales de más de un millón de personas. Por esto está en marcha una obra con un crédito de u$s 700 millones del Banco Mundial, y esos efluentes serán entubados antes de ser enviados a la planta de tratamiento. Para que no vayan al Riachuelo, que no es un río contaminado, es una cloaca a cielo abierto.

P: ¿Qué deben hacer las industrias?


S.B.:
Las que están en la cuenca tendrán que reconvertirse o mudarse a un parque industrial, si no las vamos a clausurar. No hay una intención de cerrar empresas, pero así no pueden funcionar más. Haremos un plan juntos y si no tienen recursos los ayudaremos con financiamiento, para que inviertan en tratamiento de efluentes y no contaminen. No queremos que se fundan, pero queremos que sean responsables. El acto es público y transparente, así que luego no pueden decir “me cerraron”, porque les avisamos lo que tenían que hacer.

P: ¿Es una presión el fallo de la Corte?


S.B.:
De todo lo que dijo la Corte tenemos que dividir la hacienda porque, aunque existe continuidad del Estado, hay que separar la gestión anterior de la nuestra. Entiendo que la percepción es que está todo mal, pero no se puede hacer en meses lo que no se hizo en años. Para adelante, la estrategia de recuperación y saneamiento no consiste en dragar el rio y limpiar el agua, sino en relocalizar a una población aun mayor que la que sugirió la Corte (17.770 viviendas). Tenemos que ser más exigentes que la sentencia misma, en vez de estar en deuda con la justicia tenemos que estar por delante. Hasta llegar a un momento en que el tribunal diga: “Nosotros ya no intervenimos más, porque hay un Estado presente y que va para adelante”. Que la Corte haya intervenido para decirle a las tres jurisdicciones “ustedes son culpables de la contaminación y háganse cargo” fue un fracaso de la política.

P: ¿Los empresarios e industriales argentinos tienen conciencia ambiental?
S.B.: No se puede generalizar. Hay quienes tiene mucha responsabilidad ambiental y quiénes no. Por eso el Estado tiene que hacer cumplir la ley, para que quien la tenga se sienta acompañado y el que no, que no tenga margen. Hay que entender también que antes los empresarios ponían dinero en un fideicomiso para un parque industrial que sabían que no se iba a hacer, o notaban que en una licitación de una planta participaba un solo oferente. Los países no se dividen en izquierda y derecha, desarrollados o subdesarrollados, son serios o no serios.

P: Otro tema pendiente es el de los residuos.


S.B.:
Estamos trabajando sobre una ley integral, que tipifica los diferentes tipos y su tratamiento, porque no se puede estar sacando normativa para cada residuo. La política de gestión de residuos es lo único que nos puede sacar de vivir en medio de la basura. La primera consigna es: basurales a cielo abierto cero. Los intendentes te dicen: “dame un pala, dame un camión, porque estoy hasta acá de basura”, pero nuestra función como Ministerio es planificar una gestión integral y darle soporte profesional, técnico y político. Los intendentes tienen destinado 60% de su presupuesto a la basura, eso los ahoga y así la política hizo de este tema una herramienta de extorsión, porque están siempre subsidiados y sometidos por alguien al que le deben.

P: ¿Cuál es la solución a mediano plazo?


S.B.:
El mundo está transformando la basura en energía. Al “mini Davos” que hizo el Gobierno el año pasado vinieron todas las empresas que venden esta tecnología: dijeron que pueden fabricar las plantas para tratar toneladas diarias de residuos, con un contrato a 20 años para gestionarlas y resolver el problema. Pero… ¿quién te va a firmar acá un contrato por 20 años? Hay que ir hacia una planificación regional, diseñar consorcios, estaciones de transferencia e incorporar nueva tecnología. Los intendentes se tienen que juntar, porque cada uno quiere su planta, su ecopunto, su contrato, pero así no va. Hay que generar masa crítica para que el proyecto y la inversión sean sustentables. Por eso tenemos la intención de armar una agencia federal de gestión de residuos.

P: ¿La política medioambiental toca muchos intereses?


S.B.:
Toda la agenda del Ministerio es un conflicto de intereses. No hay un solo tema que te traiga una buena noticia, son todos problemas. Por eso hay que dialogar. No somos mediadores, pero tenemos que anteponer el bien común de acuerdo a la ley. ¿No estás de acuerdo con la megaminería a cielo abierto? Está bien, el debate es interesante, pero entonces cambiemos la ley porque hoy es legal. Este gobierno dijo: vamos a apoyar la minería transparente, limpia y responsable que cuida el ambiente porque genera crecimiento, desarrollo y trabajo. Solo hay que controlarlo para que no genere daños. Es lo que se hace en el mundo, no lo inventamos nosotros.

P: ¿Estos temas cobraron mayor relevancia en la sociedad?


S.B.:
Los chicos y los jóvenes ya tienen el tema medioambiental asumido como un “deber ser”. Por eso se crea el Ministerio, para expresar algo que la sociedad vino gestando. El Estado puso recursos a disposición de esa agenda. Es simple: si nosotros cumplimos las leyes que tenemos, vamos a cuidar el ambiente. El problema nuestro no es ambiental, es cultural.

P: ¿Qué podemos esperar del clima para el resto del año?


S.B.:
El cambio climático vino para quedarse y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. El gobierno se está preparando, para eso se creó el comité de emergencias y se están encarando obras de infraestructura de fondo. Además, está tomado un gran volumen de créditos para obras y estoy convencido de que vendrán más inversiones, porque hay muchísimo apoyo internacional a la Argentina. Fue un año muy duro, en el que muchos argentinos la pasaron mal, pero vamos a estar muchísimo mejor.

 

 

PE



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