A la ineficiencia del servicio eléctrico en Virasoro, se suma la preocupación de los industriales por la judicialización del conflicto

 

Siempre que se comparan las ventajas competitivas para la inversión industrial entre Misiones y Corrientes, consideran que el principal atractivo que las diferencia son los beneficios fiscales que ofrecen los correntinos a las empresas y una política de apoyo para su radicación en la provincia de aquellos proyectos que desarrollen valor agregado. Su principal desafío es la industrialización. Sin embargo, en la práctica estas ventajas no serían tan “competitivas” para los industriales instalados en la zona de Gobernador Virasoro ya que padecen deficiencias en el servicio eléctrico de manera continua, y esta situación genera costos que pueden ser incluso más altos que pagar impuestos.

 

En Virasoro las empresas soportarían desde hace varios años importantes pérdidas económicas, inestabilidad es la producción y conflictos socio-políticos. Los industriales reclaman por servicio eléctrico más eficiente y solicitaron expresamente al gobernador  de la provincia, Ricardo Colombi, que no renueve la concesión a la Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro, lo que desató un clima de conflicto que se va calentando al mismo ritmo del verano.

 

Colombi analizó la documentación y fundamentos presentados por los empresarios e industriales de Virasoro y anunció en diciembre la decisión -por decreto- de no renovar la concesión de provisión de energía a la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad, lo que generó controversia. Las líneas del servicio que alimentan al sector industrial serían asignadas a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) para la prestación.

 

Desde la  Asociación Madereros y Afines de Corrientes (Amac) indicaron que en 2015  el suministro eléctrico sufrió 139 horas cortes y en 2016 fueron 274 horas de corte, lo que significó pérdidas económicas  superiores a 30 millones de pesos a unas 30 empresas del sector que otorgan 1.500 empleos directos.
En diálogo con ArgentinaForestal.com el empresario maderero Raúl Aguilar –socio de la Amac-, que tiene un aserradero en Eldorado y otro en Virasoro, sostuvo que “la respuesta del gobierno fue a un reclamo genuino que realizamos no solo desde la industria forestal sino que hay otras industrias como las yerbateras, que  adhieren a la necesidad de resolver el problema de fondo que tenemos desde hace muchos años ante el deficiente servicio energético que presta la entidad local”, explicó.

 

Serían unas 30 empresas las que reclaman una mejor provisión de energía eléctrica. “No hay que confundir a la opinión pública, esto no es una cuestión de política ni se debe tomar como oportunismo para ello, no estamos en contra del sistema cooperativo, la realidad es que sufrimos desde hace mucho tiempo los perjuicios del mal servicio, perdemos productividad, ventas, problemas en los equipos por los cortes continuos de la energía, entre otras dificultades laborales y económicas que genera esta situación”, precisó Aguilar.

 

De esta manera, el empresario misionero indicó que tienen expectativas de que el decreto firmado por el gobernador se concrete y se realice el traspaso de la concesión, aunque el mayor temor es la judicialización del conflicto.

 

“El Estado es responsable de dar una solución a este problema energético. Si este tema se judicializa, realmente los que estamos en el medio seremos los perjudicados, porque mientras siguen los cortes permanentes y el servicio ineficiente, realmente estamos muy preocupados, de continuar con este problema es imposible producir y crecer”, concluyó Aguilar.

 

 

Desde que se conoció el decreto Nº 3253/16,  llueven muestras de apoyo por parte de organizaciones provinciales y federaciones del sector, como Fedecoop, la Federación de Cooperativas de Electricidad de Misiones y la nacional Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face), entre otras. En tanto la empresa correntina elevó también la inquietud a las confederaciones que integra Fedecoop, como Coninagro y Cooperar. La segunda entidad, que agrupa a federaciones de todo el país, ya se manifestó en contra de la decisión del Gobierno de Corrientes. Incluso público en la portada de su sitio web un comunicado en donde además manifiestan su preocupación.

 

Por Patricia Escobar 



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