Febrero será un mes clave para el cuestionado juez Acosta y el futuro del juzgado de Instrucción de Puerto Rico

Febrero es un mes clave para el futuro del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico. Será el tiempo en el que elevarán finalmente al Superior Tribunal de Justicia un informe sobre el estado de situación de la repartición, que el año pasado funcionó a duras penas, con un magistrado ausente y denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados por muchas irregularidades.
Éctor Acosta está de licencia. En noviembre, volvió a extenderla, por razones de salud. Dicen que iniciará los trámites para jubilarse. De momento, lo reemplaza su colega Correccional y de Menores, Osvaldo Rubén Lunge, que se encontró con un juzgado en ruinas.
Como pudo, Lunge empezó a reactivar las causas y poner orden en una repartición que prácticamente no investigaba nada y elevaba contadas causas a debate. La mora en las tramitaciones era endémica. La situación sigue siendo delicada, pero de poco empezó el camino de la recuperación.
Con personal joven y con poca experiencia, Lunge encaminó el trabajo. Pero su presencia no es la solución de fondo, porque no se trata más que de un subrogante.
El enviado del STJ para analizar la situación y elevar un informe fue el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, José Alberto López.
López vio lo mismo que Lunge:
– En el juzgado de Acosta hay muy poco personal y el grueso de los que están tiene poca experiencia.
– En los últimos tres años, al menos 30 funcionarios que pasaron por allí solicitaron su traslado argumentando distintas razones vinculadas al modo de trabajar de Acosta.
– Había tan poca gente que hasta ordenanzas tomaban declaraciones e instruían las causas.
– Hay expedientes que se tramitan con muchísimo retraso y causas a las que ya les sobrevino la prescripción, precisamente por la inacción del juez titular.
– Notificaciones defectuosas y escasa participación de la Fiscalía.
– De los ocho instructores que tiene el juzgado, cuatro eran ordenanzas. Asimismo, el espacio físico donde se trabaja no es el adecuado. Los funcionarios prácticamente deben caminar sobre los expedientes y los elementos secuestrados vinculados a las distintas causas.
El camarista tomó declaraciones y analizó documentación del juzgado. De su informe dependerá la suerte de Acosta. Aunque la jubilación podría llegar antes que una decisión de la Corte misionera. El daño, de todos modos, está hecho. La demora en la tramitación de las causas causó consecuencias que llevará mucho tiempo revertir.
La denuncia que hizo el Colegio de Abogados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados habla de causas con demoras de hasta cuatro años y una supuesta connivencia con un abogado, a quien Acosta habría beneficiado con resoluciones exprés.
La denuncia también quedaría en la nada con la jubilación del acusado. Febrero será un mes clave. Por el momento, en el juzgado que dejó Acosta hacen lo imposible por salir adelante.

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