Propietarios y productores piden seguridad en Mado: “La Comunidad Ysyry sigue avanzando sobre tierras privadas y el problema se agrava en el municipio”

 

Controversias y denuncias cruzadas de colonos y propietarios de la zona de Colonia Delicia y Mado contra miembros de la Comunidad Mbyá Guaraní “Ysyry” se reavivaron este fin de semana a partir de la denuncia del Cacique Dalmacio Ramos, quien aseveró que fueron los vecinos quienes “trasgredieron la medida judicial y no respetan el acuerdo. Comenzaron a levantar un alambrado en el Lote 89. Mi gente no puede pasar a su arroyo (Yacutinga) como siempre lo hicieron, colocaron postes del alambrado que pasan detrás de la casa de la comunidad”, denunció ayer el Cacique.

Leer nota: Conflicto de tierra en Mado: Denuncia el Cacique de Ysyry que trasgreden medida judicial e impiden a la comunidad el acceso al arroyo Yacutinga

 

Por la otra parte, no tardaron en responder y dar su versión de los hechos. Los vecinos y propietarios de tierras de Mado denuncian a la Comunidad Ysyry de provocar “disturbios, atropellos sobre la integridad física, abusos, intimidaciones, amenazas, estado de alcoholismo cotidiano, agresiones e incluso violencia de género”. Así lo relató Mirta Martinez, vecina y productora de Mado -que vive en el lote lindante al que se encuentran asentadas las familias de la Comunidad Ysyry – y en la entrevista con ArgentinaForestal.com pidió mayor protección  por su seguridad física y la de su familia. “Aquí corre riesgo mi vida. Sí, el alambrado lo pedí yo, como también la medida judicial de “no innovar” para que no se avance más en nuevos espacios, y pedí ayuda para que intervengan funcionarios de la Municipalidad, de la Subsecretaría de Tierras y a todos los involucrados en el acuerdo de partes firmado en noviembre pasado. Además soy yo la que debe llamar a la policía en forma diaria por los desbordes y excesos con los que tenemos que convivir  al ser vecinos de la comunidad aborigen. La realidad es que son ellos (miembros de la comunidad Ysyry) los que no respetaron la medida judicial, entraron a mi patio intentando construir una segunda choza, y fue entonces que pedí protección y levantar el alambrado urgente”, relató la vecina.

 

“Soy mujer, productora, ciudadana, misionera y argentina. Y estoy sola. Parece que no tengo derechos humanos como sí los tienen los miembros de las comunidades guaraníes, no tengo derecho a que me garanticen seguridad física y jurídica, a tener el título de mi propiedad, a poder trabajar en mi chacra, a estar tranquila con mi familia, a recibir protección porque está en riesgo mi vida. Porque es así, mi vida está en riesgo todos los días con esta gente,  que cuando se alcoholizan me agreden constantemente. Todo lo tengo denunciado ante la policía, incluso con la presencia policial me amenazaron con un machete”, relató con la voz angustiada Martínez.

 

“Temo por mi vida y la de mis hijos”

La familia Martínez desde hace 6 años viven en el predio de 7 hectáreas, en un lote vecino a la propiedad de Gónzalo Murdy -donde está asentada la comunidad aborigen-, y sostienen que cuentan con toda la documentación de compra venta, pero como miles de colonos misioneros, no tienen título de propiedad. “Pero tengo todo presentando ante EMSA para que me bajaran la luz, soy productora, trabajo en la feria de mujeres de Mado, vivimos en casa de lo que cultivamos. Vivo con mi esposo Feliz Martínez, y tengo 4 hijos. Hace 5 años comencé con las denuncias por los problemas de convivencia con miembros de la comunidad Ysyry, hace tiempo puse dos hilos de alambre para proteger mi producción, pero ellos tumbaron todo, siempre hubo problemas”, dijo.

 

Sobre el conflicto por las tierras, sostuvo que fue en septiembre cuando “todo estalló” porque miembros de la comunidad Ysyry quisieron construir una segunda choza en su lote. “No tienen freno, no respetan los límites, se instalan y después reclaman que es de ellos. No se puede mantener una convivencia pacífica. Ya tengo una casa de ellos en parte de mi terreno, no quiero otra. Fue ahí que hice una presentación ante la justicia pidiendo la medida de no innovar. Después nos enteramos del relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y comenzamos las reuniones para que el Estado intervenga en un acuerdo sobre la tenencia o permiso de ocupación, y así delimitar las propiedades, expropiar o dar una indemnización a los propietarios, o relocalizar a las comunidades”, señaló Martinez.

 

En este contexto,  los vecinos de Mado y Delicia decidieron nuevamente realizar este miércoles una asamblea para hacer un petitorio al gobierno provincial para que resuelva la cuestión de fondo. “Nadie desconoce los derechos de los Pueblos Originarios, ellos tienen derecho a tener su tierra como también los productores, pero aquí hay muchas irregularidades. Todos los misioneros, aborígenes o no, tenemos derecho a estar tranquilos, a tener seguridad, a tener apoyo. Soy un ser humano también, y estoy sola, sin poder trabajar mi tierra, pasando hambre, sin protección. Temo por mi vida todos los días”, advirtió la mujer.

 

Derechos afectados

 

También el propietario de las tierras donde se encuentra asentada la Comunidad Ysyry, Gonzalo Mudry,salió al cruce de las denuncias del Cacique Dalmacio Ramos por “falsas”, se refirió al proceso de regularización que se lleva adelante con el Estado por el conflicto por la tenencia de la propiedad privada y admitió que “con el alambrado es real que se trasgredió la medida judicial, pero fue en respuesta al pedido realizado al Gobierno para proteger a la familia vecina del lote que ocupan”, dijo en relación a Mirta Martínez.

 

“Los primeros que no respetaron esta medida de “no innovar” y no cumplieron el acuerdo de convivencia pacífica y sin ocupar nuevos espacios fueron los mismos integrantes de la comunidad guaraní que avanzaron sobre el terreno vecino intentando instalar una segunda choza. Todo es muy complejo, todos tenemos derechos, sin embargo quienes somos dueños de las tierras no tenemos solución ni apoyo como tienen las comunidades Mbyá. Estamos solos, expuestos a muchas cosas todos los días y sin respuestas al problema de fondo”, expresó el propietario en diálogo con este medio.

 

Mudry asegura que en Mado son cada vez más las familias de aborígenes que van llegando y se instalan en terrenos privados. “Están muy bien asesorados, saben que tienen respaldo de una Ley con el relevamiento que se lleva adelante desde Nación a través del Instituto de Asuntos Indígenas. Ellos reciben asistencia económica del Estado, ayuda social, le dan luz, tienen agua potable, y otros beneficios. Esta comunidad no vive del monte, están instalados en una zona urbana, quieren quedarse con las tierras que están ocupando en la actualidad, pero además avanzan sobre nuevas propiedades. Por eso, este conflicto es la preocupación de todos los vecinos y propietarios de Delicia y Mado, interviene la municipalidad, la provincia y la Nación. No es un problema de una propiedad. Porque ellos siguen avanzando y ocupando lotes privados. No respetan ni la medida judicial ni el acuerdo firmado por el cacique. Necesitamos del Gobierno una solución para las comunidades guaraníes que todos aceptamos que tienen derecho a tener sus tierras, pero nosotros  también tenemos derecho  a recuperar nuestras tierras, nuestras vidas, la tranquilidad y seguridad que teníamos”, reclamó el propietario.

 

En el caso de Mudry, relató que “la Comunidad Ysyry intrusó mis terrenos en el 2004, hace casi 14 años atrás. Creemos que vinieron desde Iguazú, no sabemos. Desde ese entonces estoy realizando denuncias para recuperar el Lote 24 y Lote 25, pero no logre nada hasta ahora, como tampoco puedo hacer uso de mis tierras, tampoco me indemnizaron, ni resolvieron la expropiaron para ceder a los aborígenes y compensarme por mis tierras. Nada. Solo promesas incumplidas y pérdidas económicas”, dijo.

 

El terreno fue adquirido por su padre, Jorge Mudry, en el año 1995, con un vivero forestal en funcionamiento que pertenecía a Forestadora Mecanizada. “Tiene una historia de título de propiedad privada de más de 80 años, y tengo toda la documentación presentada”, aseveró el hijo de Mudry.

 

En tanto, el lote vecino al ocupado por las comunidades pertenece a Mirta Martínez y su familia, y es con quien se da el mayor conflicto de convivencia cotidiana, donde interviene la policía local en varias oportunidades porque se generan situaciones extremas y con riesgo de vida.

 

“Pero la lista de propietarios y vecinos afectados por este conflicto de tierras en Delicia y Mado es mucho mayor, todos están registrados como titulares en Catastro de la Provincia, pero la mayoría tiene papeles de compra venta, y tienen lotes divididos. Estos es lo que nos preocupa, porque con el relevamiento nacional del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la legislación actual si no se tiene el título todo se pone a discusión, cuando en Mado el 80% tiene su propiedad en compra venta, no títulos. Todos estamos de acuerdo que las comunidades guaraníes  tienen derecho a tener tierras, pero no es cierto que los terrenos que ellos ocuparon sean “tierras ascentrales”, en Mado y Delicia nunca antes tuvimos aborígenes, esto lo dicen todos los pobladores y colonos de aquí, sin embargo hoy están asentadas 6 comunidades en la zona, la mayoría con derecho de uso compartido de la tierra”, señaló Mudry.

 

El alambrado que reavivó la discordia

Tanto Martínez como Murdy reconocen los derechos de las comunidades al acceso de la tierra: “pero todos tenemos derechos, productores, propietarios y aborígenes. El avance sobre propiedades privadas tiene que tener un límite”, coincidieron en la entrevista.

Para el propietario urge una mayor intervención del Estado Provincial en el conflicto para una pronta búsqueda de solución. Admitió que “es real que se trasgredió la medida judicial de no innovar al  iniciar el trabajo de obras del alambrado, pero fue una respuesta al pedido que hicimos al Gobierno por cuestiones de seguridad ya que los primeros en no respetar esta cautelar fueron los integrantes de la comunidad Ysyry al intentar instalar una segunda choza en el terreno vecino al que ocupan. Tampoco es cierto que no puedan acceder al arroyo Yacutinga, pero además ellos cuentan con agua potable. No se quedan sin agua y no es cierto que no puedan acceder al arroyo”, recalcó.

 

Hasta el momento, los vecinos y propietarios solo tienen promesas pero ninguna solución concreta sobre la posibilidad de recuperación de lo que consideran sus tierras. “Nadie nos da esperanzas, nos quitaron el uso de nuestras tierras, no resuelven la situación de disturbio e inseguridad que provocan diariamente los integrantes de la comunidad aborigen, no resuelven una expropiación o relocalización de estas comunidades. Estamos realmente preocupados y cansados de todo esto, por eso, este miércoles nos reuniremos toda la comunidad al borde de la Ruta para analizar medidas que permitan que nuestros reclamos por seguridad jurídica y física sean atendidos, no descartamos volver a cortar la ruta”, adelantó en la entrevista.

 

“La realidad es que una vez que las comunidades guaraníes avanzan sobre una propiedad privada, después se hace imposible retroceder. Muchos propietarios hoy estamos con un permiso de propiedad compartida y eso es preocupante, porque la convivencia es compleja”, advirtió Murpy.

 

El polémico alambrado surge como respuesta al pedido de seguridad al gobierno por las situaciones generadas con la vecina Martinez. “Mirta fue amenazas en varias oportunidades, le destruyeron sus plantaciones, cuando eso es el sustento de ella y su familia, además de amenazar su vida incluso con la policía de testigo. Realmente todo es muy difícil porque la medida judicial existe, pero los mismos integrantes de la comunidad trasgredieron la norma al intentar ingresar a construir otra choza en el predio vecino. Todo esto fue denunciado, pero nada se hizo hasta ahora para detenerlos. Mirta necesita de ese alambrado para marcar un freno, pero alguien tiene que lograr que este límite se respete”, explicó el propietario.

 

ACUERDOS FIRMADOS

En el conflicto intervienen varios organismos y rigen acuerdos firmados que no están siendo cumplidos por la comunidad “Ysyry”, de la cual dejaron constancia Mirta y su esposo Feliz Martínez, con un acta frente a representantes provinciales y autoridades de la fuerza de seguridad, como Sonia María del Carmen Mello, Subsecretaria de Tierras y Colonización; Juan Manuel Díaz, subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable; intendente de Colonia Delicia, Eberth Vera; Juan Javier Rodriguez, Comisario Mayor de la Policía de Misiones; Comandante Principal de Gendarmería Nacional Gustavo Sergio Garcia.

En el acta, el Cacique Dalmacio Ramos admitió que no se está cumpliendo “debido a que no tuvo tiempo de hablar con los miembros de la comunidad del acuerdo, y por ello, en ese desconocimiento una familia intentó ingresar a instalarse en el lote vecino”.

En esa oportunidad, el Cacique  volvió a ratificar junto con los vecinos respetar el acuerdo firmado en Uruzú el 24 de noviembre pasado.

 

Por Patricia Escobar 

 



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