Con el fin de limar asperezas tras los 25.000 millones de pesos transferidos a la provincia de Buenos Aires, la administración de Mauricio Macri convocó a los gobernadores para el 2 de febrero próximo con el fin de avanzar en la discusión de un nuevo esquema de distribución de impuestos.
La actual ley de Coparticipación data de 1988 y a pesar de que debía rediscutirse por mandato constitucional (tras la reforma de 1994), la Nación y las provincias nunca pudieron ponerse de acuerdo. Ahora la administración Macri encara un nuevo esfuerzo para consensuar y sancionar esa demorada nueva ley que regule la distribución de recursos entre todos los distritos.
Así lo anunció hoy el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García De Luca. El cónclave se llevará a cabo para «avanzar obligatoriamente en un nuevo esquema fiscal», dijo el funcionario, número dos del ministro Rogelio Frigerio.
García De Luca advirtió sobre la necesidad de impulsar «una reducción de gastos innecesarios» por parte de los mandatarios provinciales.
La declaración se produce en el marco del recorte de gastos que impulsa Macri en distintas áreas, y el ordenamiento para evitar superposición de erogaciones que debilitan el frente fiscal del gobierno de cara al 2017.
García De Luca defendió la transferencia de 25.000 millones de pesos al Gobierno de María Eugenia Vidal, al afirmar que el Ejecutivo nacional contempló «la necesidad que tiene la provincia, y el conurbano».
«Todos saben la realidad de la Provincia, cómo se la ha perjudicado en aquella distribución de la coparticipación en 1988 y la creación de un Fondo del Conurbano, que a la que menos beneficia es a la Provincia de Buenos Aires. Es una realidad que está asimilada. Todos reconocen la necesidad y lo que importa la Provincia de Buenos Aires», sostuvo De Luca.
Y para suavizar la polémica, sostuvo que a los gobernadores se lo ha «escuchado como nunca en las últimas década de lo que ha necesitado cada uno en temas financieros y de obras».
Uno de los gobernadores que levantaron la voz contra la medida que beneficia a la provincia de Buenos Aires fue el de Chubut, Mario Das Neves.
Dijo que la decisión puede generar un «descalabro» porque «hay muchas provincias que tienen problemas», y vinculó el otorgamiento de fondos con el año electoral.
«Uno tiene olfato y años en esto. Como estamos en año electoral, empiezan a haber medidas que tienen que ver con la futuras elecciones, entonces va a ser un descalabro y va a haber injusticias», dijo Das Neves.
«Si vamos a hacer un esquema de reparación, hay muchas provincias que tienen problemas. No empecemos el año así porque nos vamos a enfrentar mal y esto no está para enfrentarse», había advertido el mandatario provincial, antes de saber que el gobieno los convocaría para el 2 de febrero.
La actual ley de Coparticipación data de 1988 y a pesar de que debía rediscutirse por mandato constitucional (tras la reforma de 1994), la Nación y las provincias nunca pudieron ponerse de acuerdo.
Ahora la administración Macri encara un nuevo esfuerzo para consensuar y sancionar esa demorada nueva ley que regule la distribución de recursos entre todos los distritos. Pero si no se logra una reforma profunda que alumbre una nueva ley, al menos la administración Macri quiere discutir nuevos criterios de reparto de recursos con los mandatarios provinciales.
MB
Fuente: Ambito
