Dudas sobre el mecanismo de compensación a las provincias por la pérdida de coparticipación de Ganancias

El Gobierno cerró la redacción final de la reforma del impuesto a las Ganancias con algunas incorporaciones de último momento, como la suba al 41.5% de la alícuota a los juegos de azar, el sector elegido por Mauricio Macri para cubrir la mayor parte del bache fiscal. La respuesta no se hizo esperar: los principales operadores del juego empezarán un paro de actividades que golpeará fuerte la recaudación de provincias y municipios con actividad lúdica. Paradójicamente, dos de los distritos más golpeados son gobernados por Cambiemos. La primera es la provincia de Buenos Aires que recauda del juego nada menos que un 15% de sus ingresos propios. La otra es Mendoza, donde se logró la radicación de grandes marcas internacionales de hoteles, como el Hyatt, a cambio de habilitarles la operación de casinos, para sostener su recaudación que con el ingreso único del turismo no justificaría semejante inversión.

El proyecto analizado en el Senado generó fuertes dudas sobre el mecanismo de compensación a las provincias por las pérdidas de coparticipación con el nuevo régimen de Ganancias.

El costo fiscal de la reforma fue estimado por Cobos en 49.598. El presupuesto de este año había previsto una merma en la recaudación de 27 mil millones por actualizar Ganancias y el Gobierno calcula que esa suma se elevará sólo a 33.782.

El resto se compensará con 6782 millones de pesos de nuevos impuestos y otros 9 mil captados por el consumo. El proyecto crea el IVA a extranjeros que trabajan en el país a pagar por empleadores, pero su impacto en la recaudación será mínimo porque servirá como crédito fiscal.

Como Ganancias se reparte con las provincias, los gobernadores deben absorber una parte de los casi 7 mil millones restantes y para compensarlas el Gobierno dispuso solo por este año girarles un año el 33% del 2% de la recaudación de Ganancias que engrosa los Aportes el tesoro nacional (ATN), nutrido en su mayoría por el 1% de toda la masa de recursos coparticipable.

La senadora formoseña Graciela De la Rosa (FpV) y la misionera Sandra Giménez recordaron que ese 2% no suma más de 10 mil millones y por lo tanto la tercera parte no logra cubrir el nuevo bache fiscal. En compensación, exigieron coparticiparlo dos años, pero no lo consiguieron.

“Les tengo que recordar que los ATN son de las provincias y no de la Nación, sólo que se distribuyen en forma discrecional por el Ministerio del Interior”, achacó De la Rosa, quien entre queja y queja se garantizó que el reparto de este dinero sea por el índice de coparticipación tradicional, favorable a los distritos más chicos. En gestiones anteriores, los ATN eran en su mayoría girados a los intendentes del conurbano, a quienes ya nadie defiende en el Congreso.

 

 

La nueva ley 

El dictamen será aprobado por el pleno del Senado (hay preferencia para tratarlo sin dictamen) y el jueves será ley en Diputados, donde el único bloque relevante que no se pronunció a favor fue el Frente para la Victoria.

Para evitar contratiempos, el diputado Luciano Laspina convocó a la comisión de Presupuesto para mañana a la noche con la intención de emitir dictamen y poder sancionar la ley el jueves por mayoría simple, o sea, sin depender del kirchnerismo.

El proyecto sostiene el anunciado mínimo imponible de 37 mil brutos para casados con dos hijos (30 mil de bolsillo) y 27 mil para solteros (23.500 netos) con deducciones a hijos de 18 años, hijastros, conyugues, por material didáctico de docentes o residencia en la Patagonia, donde los topes se elevan un 22%.

También se deducen horas extras en feriados y fines de semana, mientras que el resto no podrán alterar la escala del impuesto. Y viáticos hasta el 40%, pero con un límite mayor  para el transporte de larga distancia. El paro del lunes tuvo algún sentido. El aguinaldo seguirá gravado pero no podrá alterar los salarios de julio y diciembre.

Los jubilados seguirán pagando Ganancias pero sólo si perciben más de 6 haberes mínimos, cerca de 30 mil pesos.

Los límites de la cuarta categoría del impuesto, que abarca a empleados, serán actualizados por el índice por Ripte, que conjuga recaudación y aumentos salariales y se usa para actualizar las jubilaciones. El primer retoque será en 2018.

El proyecto sostiene las escalas ideadas por el proyecto original del Gobierno, tal vez uno de los cambios más revolucionarios porque no se tocaban desde 2000.

Quien alcance el tope para empezar a pagar el impuesto sólo cederá entre el 5 y el 9%  de su sueldo (no tendrá un año de 2% como decía el proyecto de Prat Gay), pagarán 12% los ingresos de más de 40 mil pesos y la progresión continúa hasta 35%, que sólo tributarán las ganancias mayores a 320 mil pesos.

Otro tramo del proyecto son los cambios al monotributo. Los topes de facturación subirán de 400 a 700 mil para servicios y de 700 a 1.050.000 para transacción de bienes muebles.

Se podrá cambiar de categoría en forma inmediata y no esperar 3 años, mientras que las tasas de los monotributistas también se elevarán un 75%, otra fuente de recaudación para paliar la reforma.

También se tocan los máximos de operación (de 1000 a 4000), los ingresos previos a inscripción (de 24 a 96 mil), el límite para la incorporación (5 a 20 mil) y la excepción para cooperativas de trabajo (24 a 72 mil).

 

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