Fraude al Pami: investigan maniobras con recetas falsas por unos 23 millones de pesos

Troqueles presuntamente falsos, recetas en blanco, sellos de médicos, datos de afiliados muertos y hasta una puerta que une el fondo de una farmacia con un domicilio contiguo, donde funcionaban consultorios fueron hallados durante 36 allanamientos simultáneos que se realizaron en 29 farmacias y 7 unidades de gestión local del PAMI ubicadas en la zona metropolitana, con el objetivo de recabar información y documentación de interés para una denuncia presentada por la UFI-PAMI por irregularidades en la provisión de tiras reactivas de insulina e insulina entre 2010 y 2015. El expediente radicado en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, con intervención de la titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de esa jurisdicción, Silvia Cavallo, es apenas la punta de un iceberg de más de 10 denuncias presentadas en todo el país por la Unidad Fiscal encabezada por Javier Arzubi Calvo por -en principio- maniobras por unos 23 millones de pesos en perjuicio de la obra social de los jubilados y pensionados. En este caso puntual, la cifra asciende a unos $500.000
La manipulación de los documentos públicos parece compleja pero radica en deficiencias del control interno del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en el circuito de las recetas, los troqueles de los medicamentos y el pago a las farmacias. Normalmente, cada receta entregada a los médicos está numerada, lo que permite trazar (seguir paso a paso) el recorrido desde que sale del organismo hasta que se paga el reintegro a la farmacia. «Es un cheque al portador, una vez que cuenta con el sello y el troquel», explicó Arzubi Calvo a fiscales.gob.ar.
Sin embargo, a principios de año, el PAMI entregó todos los consumos de insulina y de las tiras reactivas para insulinodependientes del país subsidiados al 100% a la UFI con un detalle de operaciones que parecían sospechosas. El cruce de datos y el seguimiento de las recetas permitieron a la dependencia del Ministerio Público denunciar ante distintos juzgados federales de Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, Lomas de Zamora y Quilmes las irregularidades.
Así, los allanamientos realizados esta semana permitieron avanzar en el armado de parte del mapa de lo que los investigadores creen que se trata de distintas organizaciones integradas por funcionarios infieles, médicos y farmacéuticos, entre otros, dedicadas a falsificar los consumos y cobrar los reintegros de 23300 unidades de tiras reactivas que nunca se realizaron gracias a utilizar los datos de 1133 de afiliados fallecidos. El perjuicio económico para el Estado es millonario: cada unidad está valuada en unos $1000. Los funcionarios descubrieron por ejemplo que una de las usinas de estas maniobras era la Farmacia Mutual de Trabajadores del Sector Lácteo.

En Córdoba, también se consigue
Paralelamente a la investigación radicada en Quilmes, en Córdoba el juez Alejandro Sanchez Freytes y el fiscal Gustavo Vidal Lascano llevan adelante otra pesquisa surgida de la misma investigación preliminar de la UFI-PAMI. En ese marco, el martes se allanaron dos farmacias. En uno de esos comercios, se secuestraron más de 180 troqueles presuntamente falsos y varios recetarios en blanco.
Pero la provincia mediterránea también figura en otra causa que despertó la sospecha del PAMI: 1421 afiliados mendocinos presentaron 2164 recetas de tiras e insulina en un total de 68 farmacias de la provincia de Córdoba con un perjuicio estimado de casi 2.000.000 de pesos. La Unidad Fiscal comprobó que los beneficiarios no habían recibido el medicamento con un método sencillo: los funcionarios llamaron a 64 de esos afiliados y comprobaron por sus dichos que nunca habían consumido esos insumos fuera de la provincia de Mendoza.
Paralelamente, el juez federal de Mendoza Walter Bento y el fiscal Fernando Alcaráz llevan adelante otra investigación por maniobras similares, que ya lleva nueve detenidos gracias a escuchas telefónicas y el secuestro de numerosos elementos.
A partir del trabajo de la UFI, los fiscales de ambas jurisdicciones colaboraron mutuamente en sus investigaciones y lograron conectarlas. Así, determinaron que médicos y farmacéuticos de las dos provincias habían participado de la estafa a la obra social de los jubilados y pensionados.