El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó hoy que sin una reforma jubilatoria el país no podrá sostener el actual sistema previsional más allá de 2024, al defender el ajuste fiscal que impulsa su gobierno y criticar a su antecesora, Dilma Rousseff, a quien atribuyó la paternidad de la crisis económica.
Lo hizo al inaugurar la primera reunión del Consejo Económico y Social, una instancia que integran personalidades de todas las áreas del país, invitadas a opinar sobre la marcha de la economía y de la política.
«Los números del sistema jubilatorio no cierran. Si se mantiene todo a este ritmo, en 2024 el gobierno deberá cerrar las puertas de Brasil», dijo en su discurso Temer, quien promueve una enmienda constitucional para congelar por 20 años el presupuesto nacional.
El Presidente dijo que diciembre pretende enviar la reforma previsional al Congreso y el próximo año la propuesta para flexibilizar las leyes laborales.
Además, acusó a su ex compañera de fórmula, a quien se le opuso desde marzo, de «haber llevado a cabo contabilidad creativa» y la responsabilizó por el déficit fiscal.
Temer aumentó de 35.000 millones a unos 55.000 millones de dólares el déficit fiscal para 2016 luego de asumir interinamente en mayo, cuando Rousseff había sido suspendida para ser sometida a un juicio político en el que finalmente fue destituida el 31 de agosto.
Según Temer «había ilusionismo» en las cuentas públicas antes de la salida de Rousseff del gobierno.
«Vamos a reemplazar al ilusionismo por la lucidez», dijo el mandatario, quien perdió el viernes a su sexto ministro, el de Cultura, Marcelo Calero, quien denunció al ministro de Gobierno, Geddel Vieira Lima, por presionarlo para aprobar la construcción de un edificio en Salvador, Bahía, en un lugar que es patrimonio histórico.
La comisión de ética del gobierno abrió una investigación contra Vieira Lima.
Temer usó por primera vez el Consejo Económico y Social, una instancia creada por el ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (2003-2010), que reúne al gabinete y a personalidades del país, pero con su perfil.
Estuvieron el ex futbolista Raí, campeón mundial 1994 y titular de la ONG Gol de Letra; el entrenador de la selección de vóleibol campeona olímpica, Bernardinho, y un personaje de la farándula llamado Roberto Justus.
Justus, empresario y conductor televisivo, ganó relevancia por haber conducido en la década pasada el reality show «El aprendiz», que hacía la versión brasileña del programa que hacía en Estados Unidos Donald Trump, hoy presidente electo.
A ellos, Temer les pidió «hacer propaganda de las acciones del gobierno para convencer al país de poner a Brasil en el camino del crecimiento».
Varios frentes abiertos en la agenda del gobierno apuntan hacia la gestión de Temer y a su fuerza, el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).
Uno de ello es la crisis del estado de Río de Janeiro, con protestas sociales que está cruzada con la detención, la semana pasada, de Sergio Cabral, ex gobernador, por recibir durante años sobornos de empresas constructoras a cambio de contratos de obra pública, según el juez Sergio Moro, del caso Petrobras.
En el marco del ajuste que incluye la enmienda constitucional que deberá tratar el Senado a inicios de diciembre sobre el techo del gasto público, el estratégico banco estatal Banco do Brasil pasó a ser el nuevo objetivo para reducir al Estado y a las empresa públicas.
El Banco do Brasil (BB), el más grande del país, anunció un plan para eliminar gradualmente 18.000 puestos de trabajo, cerrar más de 700 sucursales y permitir un ahorro anual de unos 250 millones de dólares.
Temer continúa en la banca pública el achicamiento de las compañías estatales a la que está siendo sometida la gigante petrolera estatal Petrobras, que redujo un 25% sus planes de inversión hasta 2020 y se está desprendiendo de subsidiarias para enfrentar la baja de ingresos.
El banco público BB es el más grande del país y tiene 109.000 empleados, de los cuales 18.000 deberán, según el comunicado, adherir a un programa de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas con beneficios extras como un año de salario como incentivo.
«El corte es necesario para la competitividad del banco. Pero no estamos despidiendo a nadie. Estamos haciendo una oferta a nuestros empleados», dijo el presidente del Banco do Brasil, Paulo Rogerio Caffarelli, al diario Valor.
El plan incluye un programa de reducción de horas de trabajo de 8 a 6 horas diarias para todos los empleados, al cual pueden adherir 6.000 trabajadores, con lo que recibirán un salario correspondiente al 83% del que perciben actualmente.
La disminución de las sucursales se debe al home banking por parte de los clientes, que ven la rentabilidad de las operaciones aumentar en 40% si las hacen en forma electrónica.
En el ámbito político y judicial, dominado por la Operación Lava Jato, que conduce el juez de primera instancia Sergio Moro, se ha puesto en marcha el juicio por corrupción contra el ex presidente Lula.
El magistrado comenzó a recolectar pruebas y escuchar testigos sobre la acusación de la fiscalía de que la empresa OAS retribuyó con un apartamento en el balneario de Guarujá a la familia de Lula por obtener ventajas en contratos con Petrobras.
Lula niega las acusaciones y presentó documentación sobre los propietarios registrados del inmueble, al tiempo que denunció al juez Moro por abuso de poder y persecución ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El viernes, Lula pidió a la cámara de apelaciones de Porto Alegre, que actúa como alzada del juzgado de Moro, en Curitiba, que sancione con la destitución y hasta con arresto al juez de primera instancia.
El motivo es que Moro llevó a declarar por la fuerza a Lula el 4 de marzo y el 16 divulgó audios personales de la familia del ex presidente a la TV Globo, lo cual aumentó la temperatura de la crisis política del país e impidió que el líder del Partido de los Trabajadores asumiera como jefa de gabinete para salvar el debilitado gobierno de Rousseff, abandonado en la época por Temer.
En ese marco, el alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, un ahijado político de Lula que perdió su reelección en octubre, sostuvo hoy que con la actual crisis política el escenario en Brasil electoral futuro será «entre la derecha y la extrema derecha» y afirmó que el país vive fuera de la ley y de la Constitución tras la caída de Rousseff.
«Ahora se inauguró la intervención para destituir a una presidenta sin haber cometido delitos de responsabilidad. Volvimos a la Vieja República. Se terminó la República de la Constitución de 1988, que ha finalizado en 2016», fustigó Haddad.
El alcalde saliente dijo que nunca la izquierda estuvo un escenario «tan adverso».
«Es difícil enfrentar a las corporaciones. No me veo que vivo hoy en una República; las instituciones funcionan mucho como facciones. Gente no podría hacer eso, como jueces, camaristas, periodistas, fiscales. El problema no es que un fiscal no actúe en forma republicana. El problema es que los mecanismos de control no funcionan», dijo Haddad al diario Folha de Sao Paulo.
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