Sin advertencia, sin escrúpulos y dejando de manifiesto el nulo interés que tienen por los usuarios, los choferes del transporte de Posadas, Garupá y Candelaria fueron ayer a la huelga por segundo día consecutivo. Deliberadamente aplicaron el método de protesta que más perjudica al usuario: el paro sorpresa. Las empresas prestatarias no dejaron un servicio mínimo y utilizaron la protesta como instrumento de presión en la puja que los enfrenta con el municipio. Miles de usuarios quedaron varados y hubo escenas de tensión y desconsuelo. La huelga se levantó luego de que el ministerio de Trabajo dictaminara a una conciliación obligatoria. La comuna labró infracciones.
Antonia perdió el turno que había sacado hace casi dos meses para ver a un especialista en el Hospital, no pudo asistir para atenderse por un recurrente dolor en las articulaciones porque a los choferes las empresas de transporte se les ocurrió hacer paro y porque las prestatarias prefirieron no hacer nada para evitarlo. El chofer de la empresa Don Casimiro que le cobró el boleto a esta señora de unos 75 años, que a duras penas y bastón en mano logró abordar el colectivo en Candelaria, sabía que cuando llegara a la Estación de Transferencia de Villa Lanús, Antonia no podría seguir viaje, se quedaría varada allí durante varias horas, en el calor, pero eligió deliberadamente no advertirle, para que la molestia fuera mayor.
Antonia fue solo una de las miles de víctimas de los paros intempestivos impulsados en los últimos dos días por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), apañados por la inacción complaciente con la que las empresas de transporte suelen observar estas medidas de fuerza, más aún cuando pueden usarlas como arma en medio de una puja con el poder concedente. Así como Antonia se quedó sin poder visitar al doctor, otras miles de personas de Posadas, Garupá y Candelaria perdieron una mañana de trabajo o no pudieron ir a la escuela o a la facultad, en definitiva no pudieron ejercer sus derechos de ciudadanía.
Escenas de fastidio y hasta de desesperación se vieron en todas paradas que iban acumulando pasajeros frustrados conforme pasaban los minutos. En algunos puntos, los usuarios llegaron a protagonizar cortes de calles en reclamo de la reposición del servicio.
Poco y nada importó eso a los dirigentes de la UTA, quienes no se dignaron a anticipar la medida de fuerza a los usuarios, ni a las autoridades competentes y hasta ahora ni siquiera informaron cuál es el motivo que los llevó a adoptarlas.
Las prestatarias tampoco hicieron mucho en defensa de sus clientes, muy por el contrario usaron los paros como elemento de presión en el marco del conflicto que mantienen con la municipalidad por el pago de subsidios. En un comunicado de prensa difundido a través de la cuenta de Twitter de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta), afirmaron que “el paro de ayer no se debió a pedidos de aumento de tarifas ni aumento de subsidios, sino a deudas en el pago de subsidios por parte de la Municipalidad de Posadas”. Asimismo, solicitaron a la comuna que “cancele la deuda” de los subsidios por el beneficio a los mayores de 70 años para poder pagar el sueldo a los empleados.
El paro comenzó a las 9, se extendió hasta las 11 y fue levantado gracias a la intervención del ministerio de Trabajo de la Provincia, que dispuso la conciliación obligatoria e interpuso una medida cautelar de no innovar. En tanto que desde el municipio advirtieron que las prestatarias estarían incurriendo en una falta grave, serían pasibles de sanción y ya fueron intimadas por el paro del miércoles.
El ministro de Trabajo de la provincia, Juan Carlos Agulla, cuestionó que una vez más se haya tomado como «rehenes” a los pasajeros. Expresó que analizando la situación no se advirtió situación de gravedad laboral manifiesta “que amerite una decisión que acarrea daño social”, ni un acto empresarial que busque evitar ese daño social.
Instó, a empresarios y sindicatos a que informen cuando se define una medida extrema y garanticen un servicio de emergencia. “Están obligados a dar a conocer medidas que afecten a usuarios, con antelación suficiente y asegurar servicio”. Agulla sentenció: “los empresarios tienen alta responsabilidad, como también la representación de los trabajadores, evitando daño social colectivo”.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Posadas, Fabián Florentín, señaló a primera hora de esta mañana que las empresas prestatarias fueron intimadas al cumplimiento de la ordenanza que reglamenta del transporte urbano de pasajeros. El funcionario remarcó que dicha norma establece que el concesionario que interrumpiera el servicio incurre en falta grave y se hace pasible de sanciones y que las empresas deben prestar servicios “en todas las circunstancias, aún en los casos de acontecimientos económicos excepcionales”. “Es obligación primordial del concesionario la prestación de servicios en forma regular y continua”, señaló a través de su cuenta de Twitter.
Se trata de la tercera medida de protesta de los choferes en el marco del actual conflicto. Ya habían dejado a pie a sus usuarios hace poco más de un mes y ayer a la tarde, en ambas oportunidades los paros se produjeron en horarios pico y sin aviso previo .
Como viene ocurriendo en los últimos años, el supuesto conflicto gremial que enfrenta a los trabajadores del volante con sus empleadores coincide con un pedido de aumento de boleto de los últimos, pero a diferencia de años anteriores esta vez el clima está más enrarecido por un enfrentamiento público que sostienen desde fines del año pasado las prestatarias y el municipio capitalino.
El pedido de aumento de tarifas se formalizó la semana pasada, mediante una nota presentada al Ejecutivo municipal por Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), la cámara que nuclea a las prestatarias del Sistema Integrado de Transporte de Posadas, Garupá y Candelaria y del servicio urbano de la capital provincial. Las prestatarias plantearon que “la tarifa técnica” es decir el costo del boleto sin subsidios, es actualmente de 23 pesos, lo que indicaría que el valor del pasaje único pagado con SUBE debería ser de alrededor de 13 pesos.
Pero los empresarios ya venían presionando por un incremento de tarifas desde junio, a inicios de ese mes convocaron a una conferencia de prensa en la que consideraron que el precio del boleto adquirido con el medio electrónico de pago debería ser de 10 pesos
Además de la cuestión tarifaria, desde inicios de este año se viene desarrollando otro conflicto entre las prestatarias y la gestión encabezada por Joaquín Losada, suscitado por una diferencia entre lo que los empresarios consideran que deberían cobrar por transportar gratuitamente a las personas mayores de 70 años y lo que el municipio entiende que debe pagar por ese servicio.
https://www.youtube.com/watch?v=jkalmACC8X8
https://www.youtube.com/watch?v=TWxcD27qdBU
https://www.youtube.com/watch?v=yxQGaROjqt0
https://www.youtube.com/watch?v=tWSmvF-EMaM
JRC EP
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