Irá a juicio uno de los casos más emblemáticos de corrupción dentro de una cárcel misionera

Irá a juicio uno de los casos más emblemáticos de corrupción dentro de una cárcel misionera

La Sala II de la Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio de un caso emblemático de corrupción dentro de una cárcel del Servicio Penitenciario Provincial, donde hay cuatro procesados por un expediente que empezó en 2013 y que cobró repercusión nacional.
Los camaristas José Alberto López y José Jacobo Mass rechazaron las apelaciones presentadas por los acusados: el alcaide inspector César Florentín Barberán, el alcaide inspector Edelmiro Javier Núñez (ex director del penal), el alcalde principal Carlos Rubén Cabrera y el alcalde auxiliar Raúl Marcelo Meza, todos integrantes en su momento de la cúpula de la Unidad Penal Tres de Eldorado.
Los cuatro están acusados de los delitos de “abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado” (malversación de fondos”. Todos se oponían a la elevación a debate que había hecho la Fiscalía de Instrucción Dos de la Capital del Trabajo.
La Sala II rechazó los planteos y consideró que la instrucción de la causa está completa. Ahora, la jueza de Instrucción Dos, Nuria Allou, deberá pasar el expediente al Tribunal Penal de Eldorado para que empiece los trámites para el debate.
La investigación empezó en abril de 2013, cuando a la Justicia llegaron denuncias anónimas donde se detallaba una catarata de irregularidades en la cárcel. Después la acusación tuvo rostro y voz: la esposa de un preso y efectivos del propio SPP.
Las anomalías detalladas eran de la más variada gama: en primer lugar los apremios ilegales contra los reclusos, que por ese motivo llevaron adelante motines en numerosas ocasiones. Luego, la venta de alimentos destinados a los reos a los supermercados de la zona. Es más, un interno era el intermediario entre los comerciantes y la banda que comercializaba las raciones.
También se los señala por la instalación de “carpas vip” para que los internos que deseaban tener visitas íntimas de sus parejas pudieran concretarlas, claro, previo pago de entre 300 y 400 pesos.
Además los acusaron de amparar el tráfico de droga, armas blancas y celulares que entraban al penal sin control alguno.
Pero el grupo, de acuerdo con la investigación, no sólo lucraba con los presos, sino también con los subordinados. El efectivo que quería el pase debía pagar una comisión de 4.000 pesos. Si lo hacía, tenía el traslado asegurado.
El grueso de la investigación del caso lo hizo el entonces juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú (que subrogaba en Eldorado) Juan Pablo Fernández Rissi.

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