Hace un año comenzaba a definirse la suerte de la Argentina con una elección en primera vuelta que no alcanzó para ungir a ningún candidato y puso definitivamente de cara a la presidencia a Mauricio Macri ante un Daniel Scioli que nunca logró seducir a los argentinos, con indiferencia hasta de los propios que hoy se lamentan desde el llano.
Parece una eternidad. La campaña hasta ese domingo y las semanas previas al primer ballotage de la historia estuvieron marcadas por mostrar las diferencias entre un modelo y el otro, entre lo que podría hacer Scioli y lo que ocultaba Mauricio Macri tras su promesa de cambio.
Hasta ahora, cada indicador parece darle la razón a aquella “campaña del miedo” de la que se mofaba el ahora Presidente. La presencia del Estado retrocedió, crecieron la pobreza y el desempleo. El ajuste iniciado alcanza a todos los sectores. Los científicos repatriados después de poner un satélite en órbita, salieron a la calle en contra de los recortes presupuestarios y hasta algunos deportistas olímpicos dan cuenta del fin de sus becas.
En paralelo al ajuste como única variable de la política económica, aumentaron exponencialmente la inflación, el déficit y la deuda externa, herramienta utilizada con asiduidad. La inflación que el año pasado era del 25, cerrará este año por encima de los 42 puntos, la más alta desde 2002, en plena efervescencia de la crisis después de la fuga en helicóptero del fugaz De la Rúa.
En mayo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay parafraseó al inefable Luis Barrionuevo y dijo que “dejando de chorear vamos a bajar el déficit fiscal”. El déficit fiscal será récord en el último bimestre, con 120 mil millones de pesos.
El ritmo de expansión de los gastos del Estado no ha cambiado pese a que se paró la obra pública y la plata fluye a través de la deuda. Para contrarrestar esto, no hay mucha creatividad. Menos gasto del Estado. El presidente Mauricio Macri comenzó a insinuar que Aerolíneas absorbe muchos recursos y “cuesta dos jardines por semana”. De “menos que una pizza” a “dos jardines por semana”, el sentido común a pleno.
Las medidas de ajuste se parecen cada vez más a las de la Alianza. El gobierno de Fernando De la Rúa achicaba por todos lados, hasta llegar al extremo del recorte salarial del 13 por ciento, que incluyó los giros de coparticipación federal y las jubilaciones. Los paralelismos son enormes: el ministro de Educación, Esteban Bullrich pretende eliminar el pago del adicional compensador para los salarios docentes, lo que, sólo en Misiones, significará un recorte de 500 millones anuales. Apenas la presión de las provincias, los diputados nacionales y los negociaciones económicos, lograron postergar el ajuste y, por lo menos, hacerlo progresivo. El recorte se haría realidad en 2018.
Ricardo López Murphy fue eyectado del gabinete de la Alianza cuando sugirió achicar presupuesto universitario y manotear recursos de donde fuera posible, incluido el Fondo Especial del Tabaco. El ministro de Agricultura de Macri también puso el ojo sobre el FET y solo la resistencia de las provincias productoras pudo evitar que los fondos sean usados en otros fines. Y se puede seguir.
Los resultados, mucho que se quiera, no pueden ser demasiado distintos a los padecidos en aquellos cortos meses de De la Rúa en el poder. Una profunda recesión y caídas en todas las áreas económicas, salvo el sector financiero. Y los “brotes verdes” con los que se esperanzaban en el Gobierno, murieron durante la germinación. El empleo en la construcción cayó 12 por ciento en relación a agosto del año pasado –en Misiones hay 31,9 por ciento menos de trabajadores ocupados- y según las estimaciones de la consultora FIEL, la actividad industrial cerró el mes con una caída interanual del 8 por ciento frente a igual período de 2015 y en los primeros nueve meses del año acumula una baja del 5%; con la siderurgia, automotores, cigarrillos y metalmecánica, los rubros más golpeados.
El Gobierno de Macri hasta ahora ha avanzado con tranquilidad en cada una de sus decisiones. En el Congreso goza de un respaldo que ha servido para que las principales leyes sean aprobadas. Sin embargo, esta semana sufrió severos contratiempos políticos que no pueden achacarse a la oposición. Primero fracasó en el intento de controlar el ministerio público fiscal con la excusa de echar a Alejandra Gils Carbó por la reticencia de la socia Lilita Carrió. Hasta para ella, la avanzada PRO es inconstitucional.
La sanción de la ley de Presupuesto también viene demorada por la presión de las provincias para lograr mejorar sus recursos y está tan complicado el debate que hasta el propio Frente para la Victoria prometió aportar para que el Gobierno tenga la ley.
Pero el fracaso más estrepitoso fue la aprobación de la ley denominada de Participación Pública Privada, un paquete de normas que entrega al capital privado enormes concesiones y garantía de rentabilidad a cambio de inversiones. Las concesiones son tantas que hasta los aliados como Sergio Massa o Diego Bossio decidieron “parar la pelota” y admitieron que el proyecto vuelva a comisión. Ni siquiera contempla un “compre argentino” y deja fuera de participación a las pequeñas y medianas empresas. En el Congreso la compararon con la doctrina “Dromi”, aquel funcionario que diseñó el decálogo menemista de la reforma del Estado.
Las privatizaciones. “Nada de lo que deba ser del Estado permanecerá en manos del Estado”, presentó un sonriente Roberto Dromi, a las privatizaciones de los teléfonos, los peajes en las rutas, la destrucción ferroviaria, la entrega de las radios públicas y la cesión de Aerolíneas e YPF. Quizás demasiado parecido.
Y los efectos se sienten. “Esto es muy parecido a los 90”, bramó Diego Palombo en una reunión de urgencia que convocó a empresarios agrupados en la Cámara de Comercio de Posadas y los que están por fuera de la institución. La actividad comercial en Misiones padece lo mismo que se vivió en la década menemista por la pérdida del poder adquisitivo que se compensa cruzando las fronteras para comprar en Paraguay o Brasil. Son cientos de millones de pesos que se fugan diariamente, a lo que hay que sumar la pérdida de diez mil puestos de trabajo, reconocida oficialmente por el ministerio de Trabajo de la provincia, con la construcción y el sector forestal como las áreas más afectadas. En lo que va del año, se estima que no menos de 200 comercios bajaron sus persianas solo en Posadas.
Los comerciantes posadeños están decididos a hacerse oír por la Nación con los reclamos de políticas fiscales diferenciales o el ITC rebajado para los combustibles. Entre las opciones se baraja un gran “paro”, piquetes en las rutas nacionales o en el puente que une a Posadas con Encarnación. No sería la primera vez que la unión con Paraguay es utilizada como herramienta de negociación. El 20 de noviembre de 1995 muchos comerciantes posadeños bloquearon el viaducto y se encadenaron para reclamar a la Nación por la sangría que el 1 a 1 había generado. Carlos Menem había sido reelecto en mayo de ese año con el 49 por ciento de los votos. Carlos Corach, entonces ministro del Interior, se puso al teléfono con Ramón Puerta para lograr que liberen el paso. Pero, como ahora, las negociaciones no iban a ser sencillas. Recién el 1 de enero de 1997, un año después, el ITC diferenciado para los combustibles se convertía en una realidad. Duró hasta 2002. Ahora se negocia su regreso –o, como mínimo, que los nuevos aumentos previstos para noviembre, no lleguen hasta Misiones-, pero con escaso interés de la Nación por atender el reclamo.
La crisis agudiza el ingenio. Hay quienes proponen que toda Misiones sea considerada como una zona franca para poder afrontar las asimetrías que se profundizan con el paso del tiempo. Vale mirar las ciudades fronterizas para ver el crecimiento desigual.
Pero el mal no alcanza únicamente a Misiones, sino que todas las economías regionales están siendo afectadas. Este viernes Corrientes se tiñó de rojo. Cientos de productores arrojaron sus tomates a la calle en una protesta por las toneladas de tomate que ingresan desde Brasil. También por pagar 32 por más caro el gasoil y sufrir incrementos del 67 y 110 por ciento en insumos por la devaluación.
Los productores reciben apenas un peso por kilo, valor «excesivamente bajo en comparación con los 35 a 70 pesos que cobran en las góndolas de los supermercados», expresó el presidente de la Asociación de Horticultores, Pablo Blanco. Cualquier parecido con la yerba mate, es pura casualidad.
Ante el avance de las políticas de ajuste iniciadas con Macri, las provincias y los partidos de la oposición se contentan con que no sean “tan” duras.
En Misiones el modelo político está lejos del ajuste y del Estado ausente. La política de la Renovación se cimentó en la presencia del Estado, robusto y decisor en la economía, para balancear con el libre mercado, que cuando anda suelto, se empacha de gula y hambre ajena.
El gobernador Hugo Passalacqua advirtió que esa decisión no se movió un centímetro, más allá de dar la gobernabilidad a la Nación. El respaldo no es mimetizarse.
A diferencia de la Nación, la Provincia logró aprobar anticipadamente la ley de Presupuesto, con el respaldo de los distintos bloques opositores, que pudieron hacer sus aportes y sugerencias. Incluso la alianza Cambiemos dio su voto pese a la resistencia del radicalismo. Una muestra del diálogo que prima para sostener las políticas que necesita Misiones.
«Estamos de acuerdo con mucho de lo que está haciendo el gobierno de Hugo Passlacqua» expresó el radical Pastori y sostuvo que «el Gobernador aseguró que esta dispuesto a trabajar en beneficio de los misioneros con la oposición». En cambio, el diputado nacional tuvo que reconocer que que tras más de siete meses de gestiones llevadas adelante por todo el arco político de Misiones y las principales cámaras empresariales, el Gobierno nacional todavía no dio curso a ninguno de los pedidos concretos. “La ley Pyme y su reglamentación son muy buenas, pero lamentablemente no hemos logrado que se reglamente el artículo 10”, reconoció Pastori luego de reunirse con el Gobernador Hugo Passalacqua y parte de su gabinete. Ese artículo facultaba al Ejecutivo nacional a otorgar beneficios especiales a las empresas de zonas de frontera para compensarlas por las asimetrías con los países vecinos. Afirmó que seguirán insistiendo, en conjunto con el Gobierno provincial, en reclamos como el ITC diferenciado y una baja en los aportes patronales.
Pastori tiene un rol clave en las negociaciones entre los legisladores misioneros y el Gobierno nacional. Dentro del bloque de Cambiemos, traslada los planteos del bloque Misionerista, como el incremento de las partidas para la ley de protección de Bosques, que se elevaría este año -por iniciativa de Jorge Franco- a unos 700 millones de pesos y la preservación de los recursos destinados al salario docente.
Pastori aseguró que en el presupuesto nacional se incluyó una partida inicial de 1.500 millones de pesos para la reactivación del ramal Urquiza del servicio ferroviario que une a Posadas con Buenos Aires. Aunque habrá que esperar mucho tiempo para que el regreso del tren se haga realidad, es un primer paso que por lo menos estén dispuestos los recursos.
Lejos de las premisas nacionales, la orientación de las políticas económicas en Misiones tiene como prioridades a la educación y las áreas sociales. Pese a la escasez de recursos que viene de la Nación, el rumbo se sostiene y se amplían derechos, como los de las víctimas de violencia de género y familiar, que ahora tendrán “casas refugio” hasta que puedan recomponer sus vidas tras un episodio traumático.
La administración eficiente de los recursos permitió que Passalacqua sea uno de los primeros en confirmar el pago del Bono navideño a los empleados estatales. Sin tomar deuda y sin achicar otras áreas. Serán 1.850 pesos por agente a pagar entre el 18 y 20 de diciembre y, vale recalcar, no serán tomados a cuenta de las paritarias que se negociarán el año que viene. El secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, detalló que en total, la Provincia volcará unos 150 millones de pesos al consumo unos días antes del aguinaldo. El pago está apenas por debajo del techo de los dos mil pesos acordado por la CGT y los empresarios.
Pese al recorte de recursos y de la coparticipación, Misiones es hoy una de las pocas provincias que ha confirmado el bono como un paliativo ante la pérdida del poder adquisitivo de los estatales. Es decir, se hace cargo de las consecuencias de una política nacional a la que no adscribe. Sin pedir una moneda de crédito o anticipo federal, como hicieron otras provincias. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mimada por el presidente Mauricio Macri, hasta ahora se niega a pagar el plus con el argumento de que no cuenta con los recursos. Será la Nación la que saldrá en auxilio de Buenos Aires, en una muestra más del escaso federalismo que orienta a las decisiones.
