La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el martes en segunda lectura el proyecto de reforma constitucional que prevé congelar los gastos públicos durante 20 años, que ahora debe ser ratificado por el Senado, en una votación interrumpida por una protesta de jóvenes.
La Cámara aprobó el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC-241) por 359 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones, un número inferior al de la aprobación en primera lectura el 10 de octubre (366 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones), pero ampliamente superior a los 308 necesarios (tres quintos del total de escaños) para darle continuidad.
El gobierno conservador de Michel Temer intensificó en los últimos días sus esfuerzos para mantener o incluso reforzar el respaldo a esa medida, que considera indispensable para contener el déficit y recuperar la confianza de los mercados.
Sin embargo, es criticada por la oposición, que alega que tendrá un impacto devastador en las áreas de salud y educación.
El PEC-241 busca limitar el aumento del gasto público al mero índice de la inflación del año anterior, aunque el gobierno asegura que la contención será global y dejará margen para evoluciones mayores del gasto en áreas sociales.
En medio de la votación, varias decenas de manifestantes ocuparon las galerías de la Cámara, desde donde gritaron «Fora Temer» y consignas contrarias al proyecto, siendo entonces expulsados por las fuerzas de seguridad.
En Sao Paulo y otras ciudades, miles de personas se manifestaron contra el proyecto.
Entretanto, más de 1.000 centros educativos están ocupados en todo el país para criticar un proyecto de reforma educativa, así como los ajustes impulsados por el gobierno.
La Cámara debe aprobar durante la noche seis añadidos al proyecto y transmitir luego el legajo al Senado.
Los analistas estiman que las disposiciones de congelación de gastos podrían inscribirse en la Constitución ya en noviembre.
Desde que fue confirmado en el poder a fines de agosto -tras la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff- Temer trata de hacer avanzar a marcha forzada sus planes de austeridad, con la intención de concluir su tramitación antes de las presidenciales de 2018.
Las delicadas reformas del sistema de jubilaciones y de las leyes laborales están en la lista.
El gigante sudamericano atraviesa su peor recesión económica en más de un siglo, que provocó una contracción del PIB de 3,8% en 2015 y un desempleo que afecta a 12 millones de personas.
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