Misiones reiteró la tradición de los últimos años. El jueves por la noche se convirtió en la primera provincia en contar con la ley de Presupuesto aprobada. Pero a diferencia de otros años, hubo ingredientes que ponen a la Provincia a la vanguardia política y económica. Hubo unanimidad, con el voto incluso de la alianza entre macristas y radicales, y se limitaron las facultades del Poder Ejecutivo para modificar partidas. Ambos elementos distinguen a Misiones del mapa político para el año que viene, enmarcado en la contienda electoral que definirá el futuro del Gobierno nacional y las aspiraciones de una oposición que busca reacomodarse mirando al 2019.
La unanimidad, más allá de los argumentos divergentes para marcar posturas, es un respaldo tácito a las políticas llevadas adelante por la Renovación en los últimos años y a la permanente búsqueda de consensos que tiene como prioridad el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira. El Presupuesto define el rumbo del Gobierno y en Misiones, las prioridades son de las áreas sociales, con Educación a la cabeza, la salud, el desarrollo económico y social como estandartes. A diferencia de la Nación y de otras provincias, no prevé endeudamientos ni cambios en la política fiscal. Austeridad, pero con espacios para cambios introducidos por los propios diputados, algunos del oficialismo, varios de la oposición.
El más sustancial de todos surgió de la Renovación, a instancias del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, que es la limitación de las facultades del Poder Ejecutivo de poder modificar las partidas del Presupuesto, una herramienta que comenzó a ser utilizada desde el retorno de la democracia. Mario Losada, entonces presidente de la Legislatura, le daba el poder a Ricardo Barrios Arrechea para cambiar el presupuesto de 1984. Eran otros tiempos, con un Estado que renacía después de los años negros de la dictadura cívico-militar. Ignorando su propia historia los radicales cuestionaban esa facultad bautizándola de superpoderes, atribución que también tiene el presidente y que ahora Mauricio Macri pretende también limitar: hasta el 10 por ciento en 2017, el 7,5 para el año próximo y el 5 por ciento en el último año de mandato. Sin embargo, hay sutiles diferencias que marcan también las distancias ideológicas. En Misiones se dejó afuera de la rigidez a los recursos extra que puedan ingresar y no alcanza a las erogaciones corrientes, como el pago de sueldos, a los que no se puede poner un límite, ya que sería ponerle un tope a los aumentos. El proyecto de Macri, en cambio, no pone techos a la salida a los mercados financieros a tomar deuda.
Esa limitación dejó sin argumentos en Misiones a los legisladores de la alianza PRO-UCR. Los primeros anticiparon su voto positivo como un gesto de devolución de las gentilezas de Misiones con la Nación. Los radicales se mostraron más reacios y querían persistir en la negativa. “Hagan lo que quieran, pero nosotros votamos a favor”, les dijeron desde el macrismo local, dejando en claro las posiciones de cada uno dentro de la sociedad. A regañadientes, horas antes de la sesión, los radicales aceptaron acompañar. Pero no se privaron de criticar las políticas públicas y de esmerarse en mostrarse más macristas que los macristas. El más explícito fue Walter Molina, quien incluso desdeñó los reclamos provinciales por el ajuste previsto por Macri en los fondos para obras públicas e insistió en el error de creer que gracias al Gobierno nacional la Provincia se ahorró más de dos mil millones de pesos por la refinanciación de los bonos Seniors y Juniors. Lo cierto es que los bonos emitidos en las postrimerías del gobierno de Ramón Puerta, actual embajador de Macri en Madrid, cuando el ministro de Economía era Humberto Schiavoni, hoy presidente del PRO, valdrían ese monto si estuvieran en dólares, pero ya habían sido pesificados en 2002 por Eduardo Duhalde. Desde 2003 dejaron de pagarse porque en el contrato de emisión se privilegiaba el pago de capital e intereses por sobre otras obligaciones del Estado. Lejos de ser un ahorro, significan una erogación desde ahora de unos 900 millones de pesos a pagar en quince años.
El presupuesto, enfocado en las áreas sociales y con una clara mirada misionerista, se diferencia también en que se sostiene la premisa de arreglarse con lo propio y sin emisión de nuevas deudas. Por caso, Horacio Rodríguez Larreta, el intendente de la Capital Federal, presentó su proyecto de presupuesto con una suba del ABL –Alumbrado, Barrido y Limpieza- del 38 por ciento, un aumento en seguridad del 446 por ciento y los recursos destinados a salud, educación, vivienda o cultura en un claro retroceso del 60 al a 53 por ciento, apenas cubriendo la inflación. Los gastos que sí suben son los destinados a los intereses de la deuda pública: serán más de 6.500 millones de pesos, 2,5 veces lo que se pagó en 2016.
La perspectiva misionerista y de inclusión a través de los recursos volcados a las áreas sociales, fueron destacadas por legisladores de la oposición. Hugo Escalada, de Vanguardia Radical, logró que el debate por el presupuesto sufra un memorable corrimiento hacia la izquierda al llevar al recinto un video con la exposición del sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, quien, con sus experiencias sobre el trabajo en las villas, incomodó a los CEOs reunidos en el coloquio de IDEA, donde más a gusto se sienten el Presidente y sus funcionarios. Ante los principales empresarios, el religioso advirtió que si no se corrige la desigualdad, “mientras esperamos la lluvia de inversiones, un sector seguirá en el desierto”.
Para Zarazaga el “tercio que está arriba” debe hacerse cargo de esa corrección, con inversión o un esfuerzo –traducido, menos ganancias-, ya no por solidaridad, sino por racionalidad.
El video obligó a todos a coincidir, incluso los diputados más conservadores, como Claudio Wipplinger, de Trabajo y Progreso, que se inició en política en la infancia del PRO.
Wipplinger, Darío Pietrowski y Escalada fundamentaron sus posiciones con una mirada misionerista, con el Estado presente y la defensa de los que menos tienen, frente a la política nacional de achicamiento del Estado y libre mercado.
El Presupuesto misionero también incluye una generosa distribución de recursos a una decena de municipios cuya coparticipación estaba atrasada y desactualizada. Los recursos extra su nutren de lo que la misma Provincia recibe a través del paulatino fin de los descuentos de la coparticipación federal, enajenada en 1992 para financiar la Anses. Los casi cinco millones de pesos mensuales le darán mucho oxígeno a las comunas más atrasadas en el reparto de fondos.
Esa generosidad, anticipada por el gobernador Hugo Passalacqua, contrasta con el ajuste que baja de la Nación a las provincias. No es sólo Misiones, sino la mayoría de los Estados del interior, aunque se profundiza en aquellos en que la alianza gobernante no es oficialismo.
La perspectiva es desalentadora. Tanto que los negociadores del Gobierno provincial celebran poder frenar algunos recortes, ya no incrementar las partidas.
“El recorte de las partidas para obras ya es un hecho inevitable en el Presupuesto”, señaló un ministro que mantiene diálogo constante con sus pares nacionales. En definitiva, se tratan de obras que no podrán realizarse. Distinta es la situación de otros fondos que podrían significar además que la Provincia tenga que destinar recursos propios para cubrir los vacíos, como el caso del Adicional Compensador para los docentes.
En esa negociación las siete provincias que reciben esos recursos, parecen poder torcer el brazo de Alfonso Prat Gay, el abanderado del ajuste y del endeudamiento. La Provincia negocia en tres niveles para defender ese dinero que va directamente al bolsillo de los educadores: desde el Gobierno, en el Congreso, con la insistencia de los diputados del bloque misionerista y el aporte del radical Luis Pastori y a través del lápiz de los ministros de Hacienda, Adolfo Safrán y el jefe de Gabinete, Adolfo Pischik. Al menos para 2017 el adicional compensador estará a salvo, mientras que en 2018 podría haber un recorte del 20 por ciento, que debería ser cubierto por las provincias.
A cambio, las Provincias presionan para conseguir recursos a través de otros mecanismos. Está avanzada la negociación para que se coparticipe parte de la deuda que tome la Nación. No se sabe cuánto dinero podría ingresar por esta vía, en virtud de que la toma de deuda parece no detenerse, pero se pretende que al menos un tres por ciento de lo que emita la Nación, sea girado a las provincias. También que haya una coparticipación directa de los Aportes del Tesoro Nacional y una prórroga de los vencimientos de deuda por al menos dos años. En definitiva, paliativos que aliviarían las heridas generadas por una recesión económica que impacta directamente en los recursos de las provincias. Lejos de haber “brotes verdes”, parece profundizarse la caída. Por caso, en agosto los shoppings y los supermercados sufrieron en agosto su peor golpe en las ventas del año. Según el Indec, la facturación de los supermercados creció 21,2 por ciento y la de los shoppings 12,6, en comparación con agosto del año anterior. Se trata del menor aumento en lo que va de 2016 y muy por debajo de la inflación.
Lo mismo puede traducirse en la coparticipación. En octubre se espera que Misiones reciba 25 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, casi 20 puntos por debajo de la inflación, incluido el tres por ciento recuperado de la Anses.
Según la consultora de Orlando Ferreres y Asociados, entre julio y septiembre la actividad económica volvió a sufrir un fuerte retroceso, mayor al del segundo trimestre. La caída fue 4,1 por ciento, superior al 3,9 del retroceso productivo en el segundo trimestre.
Con estos números, los niveles de actividad muestran una caída acumulada de 2,5 por ciento anual, también superior al 1,5 por ciento proyectado del Gobierno. Inclusive el nivel de actividad del mes pasado se ubica 1,1 por ciento, por debajo del valor septiembre de 2014.
La consultora reconoce que “se esperaba que para septiembre los signos de recuperación sean más concretos, por lo que habrá que aguardar al último tramo del año para ver guarismos más alentadores de la mano de la cosecha fina, una mayor entrada de capitales y alguna mejora parcial del comercio minorista por el bono salarial”.
El primer trimestre de la segunda mitad del año marca una profundización de la recesión, bien lejos de la expectativa oficial que esperaba para un cambio positivo en la actividad productiva.
El impacto en Misiones es tremendo, ya que además de la caída en la actividad económica, debe lidiar con asimetrías que no encuentran contención. Solo en Posadas, en lo que va del año cerraron 209 comercios. Muchos reabrieron, pero en locales mucho más chicos y en rubros distintos, como las despensas. “No había tantos locales vacíos desde fines de los 90”, afirmó el titular de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Luis Sosa. El empresario se refiere a la recesión que comenzó en el 98 y continuó hasta fines del 2001 y que, junto a otros factores, derivó en la salida de la convertibilidad y la gran crisis.
El Gobierno nacional diseñó un paliativo, promocionado por los diputados Luis Pastori y Alex Ziegler como la tabla de salvación para las empresas misioneras. Sin embargo, la reglamentación de la ley Pymes no contiene ningún beneficio especial para las zonas de frontera, como habían prometido. Pedidos concretos como un ITC diferenciado para equiparar los precios de los combustibles, una alícuota de IVA reducida, disminución en los aportes patronales o compensaciones por costos de fletes, que fueron reiteradamente formulados a la Nación desde el sector privado con el respaldo del Gobierno de la Provincia desde principios de año, no recibieron hasta ahora una respuesta y hasta los propios referentes locales de Cambiemos reconocen por lo bajo que el equipo económico de Macri las desestima.
En este escenario, Misiones sostiene como premisa garantizar la gobernabilidad de la Nación. Pero esto no quiere decir arriar las banderas políticas y el concepto de misionerismo, arraigado en la última década.
El acto por el día de la Lealtad, en la calurosa tarde del lunes, sirvió para mostrar a la Renovación unida bajo un mismo objetivo. Como en los mejores momentos de la campaña, todos los sectores aparecieron mezclados con una marea de militantes.
El gobernador Hugo Passalacqua bajó un mensaje claro. Una posición ideológica.
“Tenemos algunas cartas para jugar los misioneros”, aseguró.
“No me vengan otra vez con el cuento del Estado mínimo, del Estado chiquito. Es el Estado el que va a poder tirarle la mano solidaria al que menos tiene, sino ¿quién va a ser? ¿Juan Mercado? ¿Pepe Bolsa, quién va a ser? Es el Estado, son los intendentes, los gobernadores. Tengo la certeza de que el pueblo nos va a llevar adelante. No nos van a torcer el brazo con nuestra política fiscal», aseveró el mandatario.
«Somos un gobierno que por primera vez ha tenido y tendrá un sello misionerista y ser misionerista es tener conceptos soberanos, de soberanía política, de soberanía alimentaria, soberanía energética, valernos por nosotros mismos», recalcó el gobernador. Fue un claro mensaje político que tuvo repercusiones en los despachos nacionales.
Los respaldos a la gobernabilidad tienen como límite la erosión a la autodeterminación y a las políticas locales.
La política fiscal y el Estado presente, quedó claro que serán las bases de la Renovación como futuro político.
El futuro inmediato son las elecciones legislativas del año que viene. Con el nuevo sistema electoral, mejorado gracias a los aportes de los diputados del bloque misionerista ante el avance sobre las autonomías provinciales, la Renovación probablemente enfrentará la contienda en soledad, como partido provincial para renovar los cargos nacionales. Misiones apoyará la reforma política y fue una de las primeras provincias en desarrollar el voto electrónico, así que no habrá disidencias con el nuevo sistema de boleta electrónica.
La alianza PRO-UCR debe definir cómo dividirá los cargos a disputar. El radicalismo quiere discutir espacios nacionales mediante internas, pero el PRO pretende que haya lista unificada.
El presidente Mauricio Macri les hizo saber a sus operadores que no comparte el mecanismo de internas para resolver las candidaturas electorales en las provincias el año próximo y que la orientación política está más cerca del consenso.
Pensado en 2017, nadie tiene el cargo comprado y se tendrán que romper “el lomo” para ganarse el puesto de candidato a senador, desde donde arrancan todos parejos con menos de diez puntos, tanto opositores como renovadores, según deslizó un funcionario de Gobierno después de leer una reciente encuesta de la consultora Analogías.
Otra encuesta, realizada por Gustavo Córdoba, agrega elementos que generaron preocupación en los hombres del PRO. Después de que el Presidente confirmara que piensa en la reelección en 2019, Córdoba hizo una encuesta nacional que revela que sólo el 32 por ciento de los consultados lo votaría, pero el 48,9 está en desacuerdo. Esto es, retiene casi el cien por ciento de los votos obtenidos en la primera vuelta del año pasado, el núcleo duro del PRO, pero abre enormes interrogantes sobre las legislativas. Sin embargo, no aparece un sector en la oposición que sea el que absorba elvoto descontento. Sergio Massa apenas sube con sus raids mediáticos y cobra fuerza el renegado Florencio Randazzo.
32% de los argentinos acuerdan con la reelección de @mauriciomacri en todo el pais. Baja el % en Pcia de Bs As y a mayor edad mayor acuerdo pic.twitter.com/BoNQ1CfAfS
— Gustavo Córdoba & A. (@GusCbayAsoc) 18 de octubre de 2016
En Buenos Aires, donde Cambiemos obtuvo el 40 por ciento de los votos, la intención de voto ahora cayó al 28 por ciento, por debajo de la de Cristina Fernández, que está en torno al 32 o 35, depende de la encuestadora. Los datos que se desprenden de la encuesta de Córdoba, revelan que las políticas aplicadas por la alianza gobernante también generan incertidumbre.
