El acta de allanamiento de la Cooperativa Eléctrica de Eldorado habría sido adulterada según denunció el consejero José Acosta.
Acosta señaló que luego de haber respondido pertinentemente los pedidos de informe sobre personal de la CEEL y facturación de la cooperativa, la Policía se presentó a la sede con una orden de allanamiento ya que los encargados de la causa no se encontrarían conformes con el método que habían utilizado para responder el informe.
“Se le dio el acceso pertinente y al finalizar dicho allanamiento descubrieron que quien acompañaba esta causa era Verónica Cabrera, adscripta al juzgado n° 2 de Eldorado, quien coincidentemente es esposa del denunciante Diego Florentín, empleado de la cooperativa.
Al descubrir esto se dejó constancia de esta situación en el acta pidiendo la recusación de la secretaria Cabrera ya que hay un vínculo con el denunciante.
Al no obtener respuesta satisfactoria, el abogado Acosta indaga y descubre que la jueza de Instrucción II, Nuria Allou además es esposa del primo hermano del denunciante Florentín.
A falta de respuestas Acosta decide presentarse en el juzgado para reunirse con la Jueza quien emitiendo una opinión extra judicial le dijo, según sus textuales palabras, que “con corruptos como Héctor Alberto Zagert y Alberto Eduardo Romero no hablo”.
En paralelo, Acosta detectó el lunes que el acta de allanamiento tenía tachas irregulares. Aparecía tachado el nombre de Cabrera y escrito arriba el de Allou.
Ante esta situación, desde el juzgado intentaron anular el acta de allanamiento para salvaguardar el proceso.
“Ante estas situaciones arbitrarias que motivan nuestro malestar decidimos difundir lo acontecido”, finalizó Acosta.
La jueza ya había sido recusada por el abogado José Aranda, abogado del presidente y vice de la Ceel.
Este caso se inició con una denuncia penal contra Romero y Zagert, realizado por el empleado de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (CEEL), Diego Florentín, quien pertenece al sector facturaciones de esa entidad, y en su presentación judicial entregó pruebas respecto de refacturaciones realizadas a socios de la entidad por parte de empleados no autorizados, como consejeros, un familiar del titular de la entidad y hasta un síndico. El denunciante también acusó que los empleados sufrían permanentes presiones por parte de los consejeros para que autorizaran esas maniobras irregulares.
El expediente judicial tiene la carátula “Romero Alberto y Zagert Héctor, su coacción y defraudación”, delitos previstos en los artículos 149 bis y 174 del Código Penal Argentino. El allanamiento fue realizado por la jueza con policías especiales de la Brigada de Cibercrimen, especialistas en sistemas informáticos y de acceso a la base de datos.
