La empresa de Eduardo Gutiérrez -procesado como testaferro del exsecretario de Obras Públicas José López- figura como “colaborador” de la ONG de la vice presidenta Michetti, la cual está imputada en la investigación para determinar el origen de los fondos que manejaba en su fundación SUMA.
La Justicia apunta ahora al Grupo Farallón liderado por Eduardo Gutiérrez en la causa que investiga el origen del dinero robado en la casa de la vicepresidente Gabriela Michetti. El juez Ariel Lijo requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) toda la documentación vinculada con la firma constructora que figura en la nómina de la Fundación SUMA como uno de sus sponsors. Gutiérrez quedó en la mira de la Justicia luego de ser procesado como el presunto testaferro del exsecretario de Obras Públicas José López, quien se cree que era el verdadero dueño de la casa de Dique Luján que figuraba a nombre del empresario. Hoy continuarán las declaraciones testimoniales de los que donaron el dinero -en efectivo- que luego fuera robado de la vivienda de la vice.
Ya declararon como testigos en la causa dos contadores y el arquitecto encargado de las refacciones en la vivienda de Michetti, con lo que justificó la existencia de $45 mil que estaban guardados en uno de los cajones de la mesa de luz en el dormitorio de la funcionaria. La fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan amplió el requerimiento de instrucción a partir de sendas ampliaciones de denuncias formuladas por el abogado Leonardo Martínez Herrero y por dos legisladores K que, como anticipó Ámbito Financiero, apuntaban a los aportantes de la ONG y a las contradicciones que dejó el escrito de defensa presentado por Michetti, donde admite que las donaciones colectadas eludieron la bancarización, y por ende, no se les habría extendido un recibo como regulan las normas de control al fondeo de las fundaciones. Por esto es que Lijo atendió la batería de medidas complementarias que se solicitaron y requirió a Sergio Brodsky -a cargo de la IGJ- que «con carácter de urgente, remita a esta sede judicial los legajos correspondientes al Grupo Farallón SA y a la Fundación Pericles». Esta última ONG está encabezada por el abogado Fabián Rodríguez Simón, uno de los asesores principales de Mauricio Macri en materia judicial. Los datos de su ONG fueron introducidos por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié en su última denuncia.
Como «colaboradores» de SUMA todavía sigue apareciendo el Grupo Farallón, uno de los beneficiarios de la ONG que lidera Michetti y que habría colaborado para el desarrollo de la gala a beneficio que se hizo una semana después del robo, y para la que se presupone que eran los $185.500 que estaban guardados en el domicilio en bolsas de papel madera. A pesar de que la desarrolladora no es la única aportante de SUMA, la mira de la Justicia se dirige ahora a indagar el vínculo con Gutiérrez, procesado el pasado 1 de septiembre. El juez Daniel Rafecas consideró probado que junto a Andrés Galera ayudaron al exsecretario K a esconder de sus bienes una mansión ubicada en el partido de Tigre. Galera y Gutiérrez fueron considerados partícipes necesarios de la maniobra de enriquecimiento ilícito del funcionario, al simular que la casona era de su propiedad cuando en realidad era de López.
Sorpresivamente, la defensa de Michetti desistió de uno de los testigos que ella misma había propuesto en su escrito de descargo, Gerard Hugon. Había sido, según su relato, uno de los que habría donado el dinero recolectado por su hermana Silvina. Hoy a las 12 deberá comparecer Alain Dujean, otro de los benefactores del dinero sustraído que según aseguró la funcionaria eran «cantidades no demasiado significativas», que oscilaron entre $2.500 y $10.000, siendo el aporte más elevado por $15.000. Los abogados de Michetti pidieron presenciar las testimoniales, algo a lo que Lijo accedió.
El arquitecto Eduardo Raposo afirmó que hace una década que es vecino y amigo de la vice y que los arreglos en su vivienda son «permanentes». «Obra importante no hubo salvo en 2008», aseguró el encargado de las refacciones, que informó que ningún albañil de los contratados fue empleado de manera formal. Cuando se le preguntó sobre costos totales, de mano de obra y materiales para los arreglos de fines de 2015 -cuando ocurrió el robo- sostuvo que no los recordaba. A varias preguntas del juzgado sobre el tema, afirmó no recordar la existencia de boletas de compra ni de costos de materiales. Dijo que cobró $15 mil por honorarios y que no le hizo recibo basado en la «confianza» que le tiene. Datos Ambito.com.
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