Juan José Aranguren afirmó que el nuevo cuadro tarifario de gas implica un sinceramiento de las variables económicas de la Argentina a través de un suministro sostenible en el tiempo, atendiendo a los usuarios con menores ingresos e impulsando una reducción gradual de recursos que se podrán destinar a la salud y la educación.
Aranguren, tras detallar los valores que se aplicarán a partir de este viernes a distintos segmentos de la población, respondió, con su habitual cortesía, no menos de 20 preguntas de la prensa especializada, incluso con algún tono de autocrítica: «La urgencia de poder resolver un problema nos llevó a correr antes de empezar a caminar», admitió el ministro.
De todas maneras, a partir de los cambios que se introdujeron en el nuevo cuadro tarifario, se mostró convencido de iniciar un camino hacia «un sistema más justo», sustentado en una tarifa social que «llegará a quienes la necesitan».
«Hay otros derechos humanos que están antes que un esquema tarifario, por eso queremos que a partir de una reducción gradual de los subsidios el erario (público) use los recursos para la educación y la salud», remarcó Aranguren.
El ministro no cargó las tintas sobre la herencia heredada en materia energética aunque fue enfático al momento de recordar que en pocos años se pasó de vivir en un país con energía «abundante y barata a otro con escasez» del recurso.
Hay otros derechos humanos que están antes que un esquema tarifario, por eso queremos que a partir de una reducción gradual de los subsidios el erario (público) use los recursos para la educación y la salud»
«Solamente el 60% de los consumidores argentinos tienen acceso al gas natural, por lo tanto el restante 40%, claramente con menores recursos, termina subsidiando a los primeros, por eso uno de nuestros desafíos es que el gas natural llegue a todos los hogares argentinos», subrayó.
El ministro, que hace un rito de la puntualidad, arrancó la conferencia de prensa pocos minutos después del horario anunciado y hasta tuvo que improvisar una prueba de sonido que arrojó sonrisas cuando esbozó frente al micrófono 6,7,8.
Su presentación tuvo dos partes bien diferenciadas: por un lado, repasó rápidamente una serie de filminas con la nueva estructura tarifaria y, por otro, respondió las inquietudes de la prensa, que transitaron esencialmente por la dolarización del precio del gas en boca de pozo y los cambios que se incorporaron en la tarifa social.
Entre los cambios en los criterios de inclusión en la tarifa social, adelantó que «el martes se publicarán en el Boletín Oficial dos resoluciones que permitirán acceder a ese beneficio a todos los ciudadanos en situación de pobreza».
«La tarifa social va a incluir a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que cobren menos de dos salarios mínimos, es decir $ 15,120, en función de no diferenciar entre esas categorías», explicó.
El funcionario también destacó la incorporación de «todos los electro-dependientes o personas que conviven con ellos», como así también a los «titulares de pensiones vitalicias o veteranos de guerra», a lo que sumó una buena noticia para las entidades de bien público, que tendrán «una banda tarifaria especial y dejarán de ser consumidores comerciales y pasarán a residenciales».
«El Ministerio de Producción anunciará próximamente la creación de una ventanilla única para que todos los beneficiarios de la tarifa social puedan adherirse sin mayores complejidades y las empresas distribuidoras deberán acompañar con sectores especiales para atender a los clientes que encuadren en esta situación», aclaró.
Otro punto álgido en la saga tarifaria del gas lo fue, sin dudas, el precio del gas en boca de pozo, que tendrá una reducción respecto al esquema inicial.
«A partir de abril habíamos propuesto que el valor en boca de pozo pase de u$s 1,29 a u$s 4,72 por millón de BTU y a partir de hoy se establece en u$s 3,42, con lo cual estamos subsidiando el 50% del precio», explicó.
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