Los diputados del Frente Renovador, con el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, a la cabeza, presentaron una inédita propuesta para brindar contención a las víctimas de incidentes de tránsito. La iniciativa impulsa la asignación de un subsidio económico como asistencia inmediata para cubrir las necesidades básicas de los accidentados o sus familiares en el caso de que haya muertes, hasta que perciba el seguro del damnificado en caso de que lo hubiere o hasta un plazo máximo de seis meses o bien, hasta que se compruebe la recuperación y estabilidad física, psíquica y económica de los mismos.
También se propone desde el Estado brindar a las víctimas de siniestros o hechos de tránsito contención psicológica, orientación legal, información y apoyo para el uso de los servicios de salud, sociales y justicia, favorecer la reinserción en la vida cotidiana y todo lo necesario para la recuperación de una vida plena.
El proyecto, presentado por el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad después de dialogar con víctimas y un colectivo de prensa que le elevó un documento peticionando diversas acciones, reconoce que “la gran cantidad de casos existentes actualmente han impedido en gran parte la acción pública contra el autor, colapsando el sistema punitivo por lo que gran cantidad de estos delitos ni siquiera se resuelven en tiempo y forma”.
La cantidad de muertes en accidentes de tránsito aumentó en los últimos años en Misiones, con un saldo de 371 muertos, según estadísticas publicadas por la Asociación Luchemos por la Vida en la Provincia, de cifras tomadas hasta el mes de enero de 2016, lo cual representa un 52 por ciento de incremento por sobre la medida histórica de 80 muertes por año, registradas desde (1997-2013).
Estos siniestros dejan secuelas graves en las victimas sobrevivientes, como ser discapacidades, afectan en cierta medida los roles tradicionalmente desempeñado por cada sexo: en los hombres, se verán afectados por la dificultad o imposibilidad de obtener un empleo remunerado para cuidar de su familia y de ellos mismos, como lo venía haciendo antes del accidente.
En las mujeres, la mayor preocupación puede estribar en la dificultad de llevar adelante una familia, en el caso de tener hijos, de cómo los seguirá cuidando y otras tantas ocupaciones más que las llevaba adelante. En hijos menores y/o personas a cargo de la víctima fatal, quedan desamparados, sin dinero y protección. Esta situación, rápidamente al día siguiente los afecta, modificando totalmente su vida cotidiana, comenzando por lo más básico para subsistir, como lo es el alimento, protección, cuidado, guía, sostén, etc.
“Es ahí, donde el Estado a través de sus Organismos competentes para el caso debe estar presente, llevando tranquilidad y asistencia inmediata a las víctimas (fatales o no fatales), familiares directos y/o a cargo”, señala el proyecto.
La iniciativa advierte que otra forma de asistencia es el suministro de un subsidio económico que les permita continuar con su vida, sin sufrir necesidades básicas y poder hacer frente a los gastos que demande tal situación, hasta tanto puedan percibir el seguro correspondiente por el siniestro, en caso que correspondiera, y/o hasta tanto los especialistas médicos decidan que los afectados estén en condiciones de subsistir por sus propios medios, ya estando recuperados de tal hecho.
El caso Warenycia puede sentar un precedente en cuanto a la facultad del querellante
