Hoy 1º de septiembre entra en vigencia el procedimiento de cobro de los honorarios profesionales a través del Sistema de Cobro de Honorarios Mínimos, según lo previsto en la Res. CPCEM N° 437/16.
Para los trabajos que requieran la firma certificada del profesional. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) entregará dicha certificación una vez que el cliente abone los honorarios al profesional mediante una boleta de honorarios (BHON).
El sistema es una herramienta sencilla y eficiente tanto para el profesional como para el cliente que requiera un trabajo del profesional de las ciencias económicas. Este circuito contribuirá a una mayor transparencia en la prestación de los servicios, no sólo como garantía de que el profesional es matriculado, sino que regula los valores mínimos a cobrar.
Los interesados en conocer los honorarios mínimos podrán encontrarlos en la web www.consejomisiones.org.ar, o exhibidos en las oficinas/estudios de los profesionales matriculados en el CPCE.
Desde noviembre de 2015 se encuentra vigente la Ley Provincial I N° 161 que establece los Honorarios Mínimos para Profesionales en Ciencias Económicas y su verificación efectiva por parte del Consejo que los nuclea. Dicha ley, no sólo describe los trabajos profesionales del Contador Público, Licenciado en Administración y Licenciado en Economía, Actuario, sino que presenta en detalle los honorarios que, como mínimo, se deben abonar en concepto de los distintos encargos e informes profesionales que estos pueden desarrollar.
El servicio profesional tiene funciones varias tales como, brindar información sobre la situación patrimonial, económica y financiera de las organizaciones, certificar determinada información, analizar la capacidad contributiva, verificar tributos a abonar, planes de negocios, manuales de procedimientos, garantizar la eficiencia en las gestiones, entre otras, los cuales no representan una cuestión menor a la hora de asesorar a los clientes.
El objetivo de la ley es establecer montos justos de base para las partes, asegurar la mejor prestación de los servicios, así como acentuar la calidad de los mismos. De esta manera, no sólo el profesional se asegurará un trabajo adecuadamente retribuido, sino también podrá contar con más recursos a disposición, lo que generará un impacto social positivo.
