El crecimiento nominal del presupuesto 2017 llega al 22,8%, representando varios puntos porcentuales por encima de las pautas macrofiscales establecidas por nación a comienzos de este año. El ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat Gay, se expidió a principios de año sobre las pautas macrofiscales para los siguientes 4 años de gestión de gobierno de coalición “Cambiemos”. Para el 2017, establecieron una pauta inflacionaria entre el 12% y el 17%, el siguiente año entre 8-12% y en 2019 solo un 5%. Vale aclarar que estas pautas no intentan reflejar la economía real, sino más bien son las metas que se objetiva el gobierno nacional y que impone sobre la economía en su conjunto. Es decir, que no va detrás de los acontecimientos económicos, sino más bien van por delante de los mismos. En el mismo sentido, el gobierno provincial está marcando sus objetivos de política económica y social con pautas por encima de las nacionales. Buscando de esta manera, a través de ese crecimiento del presupuesto, lograr una mejora relativa en la realidad misionera frente a la que pretende el gobierno nacional.
Fácilmente contrastable, a los ojos de cualquier misionero con algunos años de memoria, es el cambio de paradigma que propuso y ejecutó el gobierno de la Renovación en cuanto a la inversión social. El correlato que refracta esa realidad puede percibirse en los presupuestos. En 1999, solo el 43% del presupuesto era destinado a inversión social, donde se engloban las partidas en Salud, en Cultura y Educación y en Bienestar Social. Ya en 2013 la participación ascendía al 54%. En el presupuesto de año entrante se estableció que el 57,5% del total de erogaciones públicas tendrían como destino la inversión social.
Acatando ciertas políticas socio-económicas nacionales, asimilando otras y también acompañando algunas otras, la política en inversión social no deja de ser el eje central del gobierno provincial; incluso pareciera haber tomado un estado de verdadera política de Estado, zanjando la identidad misionerista.
Hacia el interior del conglomerado entendido como inversión social, en este 2017 se presupuesta un crecimiento en Educación y Cultura respecto al 2015, pasando del 25,8% al 26,5%. Otra partida que ganó lugar en este presupuesto es la destinada a Bienestar Social, que en el presupuesto anterior (2016) fue 13,9% del total y ahora ascendería al 15,2%. Variaciones éstas, que responden en parte a las necesidades de la realidad cambiante, como ser el caso del incremento en Bienestar Social para hacer frente a la crisis nacional que se está atravesando. También responden a estrategias de políticas de mediano y largo plazo, dado que las barreras en las diferentes áreas de la inversión social se las eleva peldaño a peldaño, optimizando y aprovechando las economías de escala de cada área social crítica.
Un ejemplo de ello tiene lugar en la inversión en salud con una fuerte etapa de soluciones a las necesidades de infraestructura, siguiendo con políticas pertinentes a la mejora en la calidad sanitaria. La educación corre similar suerte. Luego de 30 años de neoliberalismo que culminaron en el 2001, se debía incluir a una gran parte de la población que había quedado afuera del sistema educativo; una etapa de transición que se sigue sorteando mientras se van profundizando cuestiones que buscan ahondar en la calidad educativa en la provincia. El presupuesto 2017 lo refleja.
Desmitificando una leyenda urbana, lo presupuestado en ‘gastos de la administración pública’ sigue su lógica de descenso. Durante la década de los noventa se encontraba entre el orden del 22% y el 25%. En 2003 fue del 24,3%, mientras diez años después, en 2013, alcanzaba solo el 19,5% y en el 2017 tiene presupuestado únicamente el 17,5% del total -7.205 millones de pesos-. Asimismo se establece un límite a la cantidad de recursos humanos en planta permanente; también un porcentaje fijo de erogaciones para personal temporario, entre otras medidas destinadas a mantener el equilibrio fiscal.
Un total de 11,5 mil millones de pesos serán destinados a inversiones reales. Representa el 28% del total de presupuesto 2017. Se erogarán cerca de 555 millones en compras de bienes de capital y cerca de 11 mil millones tendrán destino la Obra Pública, donde el 59% provendrá de los aportes no reintegrables de nación. En ‘vivienda y urbanismo’ se destinarán 4,4 mil millones, en ‘transporte vial’ 3,2 mil millones, dejando poco más de un 30% repartidos en principalmente entre ‘educación’, ‘salud’ y el ‘desarrollo de la economía’.
Los recursos estimados provienen fundamentalmente de la coparticipación federal (libre y con destino cierto), de los recursos provinciales (tributos y de capital) y de otros aportes no reintegrables de programas nacionales e internacionales. Lo recursos de jurisdicción provincial se estima alcanzarían 7,1 mil millones, la coparticipación nacional sería de unos 16,6 mil millones, mientras otros 6,7 mil millones serán recursos corrientes de jurisdicción nacional (como el Fondo de la Soja por ejemplo). En concepto de aportes no reintegrables de Nación, la suma asciende a 10,4 mil millones, donde 6,5 mil millones tendrán destino cierto en obras públicas, otros 3,2 mil millones con destino cierto pero no afectados a obras, como son el FET, incentivo docente, subsidios al transporte, entre otros. De programas de financiamiento internacional con el Banco Mundial, el BID, entre otros, provendrán cerca de mil millones. La gran desventaja de los aportes no reintegrables de Nación, es que no tienen desembolso cierto en el tiempo. Se depende al 100% de la voluntad del gobierno nacional y de la gestión política del gobierno provincial para gestionarlo en Buenos Aires.
Otra política que se afianza es el desendeudamiento de la provincia; continúa su tendencia decreciente. Las erogaciones a las que hará frente la provincia durante el 2017, en concepto de deuda pública, alcanza solamente el 0,2% del total presupuestado. Marcando un decremento del 50% en términos nominales entre el presupuesto 2015 y el presupuesto 2017. Teniendo en cuenta la incidencia del incremento generalizado de los precios en la economía, el desendeudamiento en términos reales marca que es una política provincial que continúa con paso firme. El stock total de la deuda, que no se refleja en la ley de presupuesto por ser una variable de acumulación, alcanza los 4.120 millones, menos del 10% del presupuesto 2017. El 75% de la deuda total es mantenida con el gobierno nacional y el 22% en bonos provinciales CEMIS, Junior y Senior.
En el artículo N° 36 del proyecto de ley de presupuesto 2017, se faculta al Poder Ejecutivo a contraer deuda pública por hasta u$s100.000.000, que según el tipo de cambio esperado, rondará por los 1.700 millones de pesos, solo un 4% del total presupuestado. Mientras la ley de Responsabilidad Fiscal (Ley N° 25.971, año 2004), a la cual adhirió la provincia de Misiones, permite un endeudamiento de hasta el 15% de los recursos corrientes, el gobierno provincial solo prevé endeudarse por poco más del 55% habilitado. Una toma de deuda por $395 millones irá a parar al Fondo Federal Fiduciario de Infraestructura Regional (FFFIR), con destino a obras de infraestructura económica y social. Aproximadamente 558 millones serán por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Anses, que en realidad es un adelantamiento de parte de la deuda que Nación tiene para con la provincia. Todos los saldos detraídos de la coparticipación provincial con destino al FGS a partir de la estatización de las AFJP, serán devueltos paulatinamente por Nación. En el acuerdo firmado el pasado 2 de Agosto, se estableció la posibilidad de adelantar parte de la deuda que Nación mantiene con las provincias a una baja tasa de interés -15% fijo anual-, muy por debajo de la tasa que se ofrece en el sistema bancario, con lo cual resulta financieramente conveniente adelantar el pago de la deuda nacional.
A pesar del cambio de paradigma económico y social que se está imponiendo desde el gobierno nacional, con una marcada vuelta al neoliberalismo, en Misiones sigue rigiendo un paradigma social. Entendiendo la labor del estado como aprovisionador de una economía social, solidaria y sustentable. No existe mayor sustento en el largo plazo que el continuo mejoramiento del bienestar de la población y la equidad en las oportunidades para lograr el desarrollo.
Comenzó el análisis del Presupuesto para el 2017
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