Romance en crisis

Romance en crisis

El diagnóstico de la Universidad Católica se transformó en una daga hiriente para el relato del Gobierno de Mauricio Macri. Su eslogan de Pobreza Cero choca de frente con las consecuencias de su política económica que está dejando un reguero de pobreza y pérdida de empleos. El informe de la UCA hasta el año pasado era palabra santa para la alianza gobernante, cuando servía para contradecir los datos del kirchnerismo. Por eso mismo es difícil de desmentir. No es una crítica opositora ni se puede cuestionar demasiado su metodología de estudios, aunque sea mucho más acotada que la del Indec, que todavía no dio datos nuevos sobre pobreza y cuyos datos de inflación están por debajo de las estimaciones privadas.

Sin embargo, la UCA no sorprende por sus datos, ya anticipados en abril, sino por la lupa puesta en las medidas del primer tramo de la gestión Macri y sus efectos. En realidad, los 1,4 millones de nuevos pobres, son una estimación moderada, ya que el corte estadístico alude únicamente a los cinco primeros meses de Gobierno. Desde abril la inflación y la pérdida de empleo ineludiblemente empujaron a la pobreza a un número bastante mayor de personas.

Pero el observatorio pone el acento en las consecuencias de las decisiones de Macri. Advierte que la red de contención social que fue creada durante el kirchnerismo y desmantelada por el nuevo Gobierno a fuerza de tarifazos y quita de subsidios, genera una enorme vulnerabilidad de la que difícilmente se salga sin empleo genuino y con precios que siguen aumentando sin cesar.

La UCA señala que del 29 por ciento de los argentinos que se ubicaban bajo la línea de pobreza en 2015, se pasó al 32,6% en abril, sumándose 1,4 millones de pobres. En la clase trabajadora marginal, la pobreza afecta a seis de cada 10 argentinos. Hay un grupo social que está experimentando un “mayor riesgo” por el aumento de precios, la suba de tarifas y la caída de la actividad, ya que no acceden a los planes sociales o los subsidios a las tarifas. Se da ante todo, en hogares del conurbano bonaerense, hogares con niños y de clase media baja. La tasa de indigencia se incrementó entre fines de 2015 y mediados de marzo de 2016, alcanzando al 4,1% de los hogares y a un 6,2% de la población.

“Esta masa de segmentos de clase media baja o sectores populares constituyen los ‘nuevos pobres’ (SIC) que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno“, sostiene el documento elaborado bajo la dirección del sociólogo Agustín Salvia, al frente del Observatorio de Deuda.

Agrega un dato que contradice toda la expectativa oficial sobre cómo llegar a la pobreza cero: “Muy poco se logrará si no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste”. Es decir, no existe el efecto derrame, teoría favorita del neoliberalismo, que ya fracasó en la práctica, pero fue retomada por el Gobierno actual.

Para el Observatorio, el “actual escenario fuertemente inflacionario contribuiría a la formación de una nueva capa de pobres”. “En este marco, cabe preguntarse si son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres”.

Advierte que un 20% de los hogares no presentan “ningún tipo” de cobertura social, por lo cual es un “grupo particularmente vulnerable”. “No se encontrarían asociados a los ajustes de ingresos a través de paritarias y tampoco tendrían acceso a la tarifa social a nivel de los servicios ni en el transporte. Se encuentran en esta situación más de dos millones de hogares”.
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La esperada lluvia de inversiones no se concreta y hasta el mercado financiero está dando señales de que el crecimiento económico demorará bastante más debido a las limitaciones de una alta inflación y un elevado déficit fiscal.

Como advierte la UCA, sin protección social y sin empleo, estos indicadores serán difícil de revertir. Pero por ahora no hay señales alentadoras. La producción industrial se desplomó en junio un 9,5 por ciento, con una caída récord desde la crisis global de 2009.

Hasta los socios estratégicos comienzan a tomar distancia. El massismo denunció que el tarifazo ya equivale a los incrementos salariales de los próximos 15 años o todo el proceso inflacionario de los próximos 10 años. Esto equivale a una enorme transferencia de recursos desde los sectores asalariados a los grupos empresarios.

La pobreza además se verá acentuada por la caída del empleo, que puede volver en el corto plazo a los dos dígitos. Según el Centro de Economía Política Argentina, al 31 de julio de 2016 se contabilizan 194.422 despidos y suspensiones. Esta cifra indica un incremento de 8,44% en el mes de julio respecto del relevamiento presentado al 30 de junio que había arrojado un total de 179.285 despidos y suspensiones acumulados desde diciembre de 2015.

El propio informe de la UCA advierte que el 57% de la población activa tiene problemas de empleo y rece el trabajo en negro y de pocas horas, el subempleo y el desempleo. Del informe se desprende que entre 2010 y el 2015 “mejoró el empleo decente” para la franja de trabajadores con mejores condiciones laborales, que agrupa al 43% del total de personas con capacidad laboral plena en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14 mil entrevistados de 20 ciudades/localidades. Hasta el ministerio de Trabajo tuvo que admitir una caída en el empleo registrado.

Esos datos se trasladan al humor social y se percibe el fin del enamoramiento lógico de los primeros meses. Un informe de la consultora Ibarómetro reveló que el 49% de los argentinos considera que el ajuste realizado por el Gobierno podría haberse evitado. La adhesión a la idea de “herencia” retrocedió 8%, mientras que la percepción de “ajuste” creció 4% de junio a agosto. Al ser consultados por la situación económica personal actual, el 49,2% de los encuestados consideró que es negativa. Mientras que a futuro el 47,3% considera que la situación personal a futuro mejorará. Al igual que la percepción sobre la situación económica del país, el optimismo cayó unos tres puntos respecto a la misma consulta dos meses atrás.

“Hace frío afuera”, destacó una dura editorial la prestigiosa revista británica The Economist que alertó que “la luna de miel de Macri está llegando a su fin”. 

El artículo, con el título Hace frío afuerae ilustrada con una caricatura de Mauricio Macri muy abrigado con orejeras, de espaldas a manifestantes, señala que el mandatario está sufriendo su “primera gran crisis” a raíz de los aumentos en las tarifas que aún no logró resolver.

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“Macri no tiene más remedio que esperar que la Corte Suprema falle a su favor, insistir con la suba de los precios y pagar el costo político”, analiza The Economist. Lo que decida la Corte, por ahora es una intriga que inquieta al Gobierno.

 

No se puede quejar Macri de falta de respaldos opositores. Hasta ahora todas las leyes duras que ha mandado, fueron aprobadas en el Congreso y los gobernadores han dado muestras de un permanente acompañamiento, a sabiendas que de la suerte de la Nación, está atada la suya propia. Incluso, un grupo de ocho mandatarios salió a respaldar el tarifazo energético.

El gobernador Hugo Passalacqua destacó que Macri tiene una “visión distinta” de cómo debe gestionar el Estado con respecto al Gobierno anterior que “implementó una matriz de prestación de servicios públicos con subsidios lo que generó un desconocimiento de los usuarios del costo real y provocó un desinterés por parte de los prestadores por realizar las inversiones necesarias”.
“El Presidente actual plantea un cambio de paradigma, con transparencia en todas las áreas para que se conozcan los verdaderos costos y decir la verdad aunque cueste y nos resulte dolorosa”, señaló Passalacqua en el mensaje del presupuesto 2017 que comenzará a ser analizado por la Legislatura provincial.

Pasados los primeros nueve meses, esa generosidad política desde las provincias, no tiene recompensas, salvo en aquellas que se pintaron de amarillo. 

La coparticipación que recibe Misiones registra una caída de 200 millones de pesos en relación a lo presupuestado y de 500 millones si se compara con los primeros meses del año pasado, cuando los giros superaban las expectativas de las provincias, como ocurrió en buena parte de los doce años kirchneristas.

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Por eso, el presupuesto para el año próximo es bastante moderado en cuanto a las proyecciones, con un crecimiento del 22,7 por ciento en relación con el vigente. Sin embargo, como anticipó Passalacqua, el ajuste no irá por el lado social. En el presupuesto, como es tradición desde que la Renovación asumió el poder en 2003, las áreas sociales se llevan la mayor parte de la torta.

La inversión social tiene un récord absoluto, con 57,55 por ciento del total y 23.762.963.000 pesos. Salud, Desarrollo Social y Educación tienen una participación individual de 15.84, 15.22 y 26.49 por ciento, respectivamente, siguiendo la línea de los presupuestos de los últimos años.
Educación es por lejos el área que más recursos recibirá, con 10.937.377.000 pesos, lo que “pone en evidencia que para nuestro Gobierno la verdadera inclusión social está dada por la educación y es por allí donde está el futuro de nuestra provincia”, precisó Passalacqua.

Continúa en orden de importancia el Desarrollo de la Economía, con una inversión estimada en 7.295.281.000 pesos, lo que permitirá “consolidar la matriz productiva” y apoyar a los emprendedores y pequeños y medianos productores que “generan miles de puestos de trabajo”, con herramientas como el Banco de Fomento y otros planes.
La obra pública tiene una asignación del 26.84 por ciento, con el objetivo de sostener la construcción de viviendas, escuelas, hospitales y obras de infraestructura, que se traducen en la creación de puestos de trabajo.

En esa línea, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, le dijo a este medio que confía en que el gobernador Hugo Passalacqua “está llevando adelante la mejor gestión para posicionar a Misiones en el nuevo escenario nacional e internacional”. El conductor político de la Renovación resaltó las gestiones del titular del Ejecutivo para la llegada de inversores externos a Misiones y sobre inversiones en infraestructura con fondeo externo.

Passalacqua entiende que del mal momento económico no se sale con medidas aisladas ni con reclamos individuales. Por eso recibió a empresarios y comerciantes para plantear una estrategia en común en los reclamos ante la Nación. Además de los fondos que vienen en baja, la preocupación por la caída de la actividad y las asimetrías con Paraguay y Brasil son comunes con el sector empresario, que reclama celeridad del Gobierno nacional para atender las demandas locales.

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Lo llamativo es que incluso entre quienes hicieron campaña por el cambio, la paciencia parece estar llegando a un límite. “La inflación es nefasta”, admitió Diego Barrios, tradicional empresario misionero y aspirante a la intendencia de Posadas por el PRO. El titular de la Confederación Económica de Misiones, Gerardo Díaz Beltrán, también se mostró disgustado por la frialdad de los funcionarios nacionales. “Se están dilatando las respuestas, la situación que atraviesa el país es compleja, hay muchos problemas en todos lados y los problemas nuestros evidentemente no son los que más aquejan a la Nación”, dijo el empresario que conduce la entidad que fue una de las aportantes a la campaña de Macri. El miércoles habrá una oportunidad de acercar posiciones en un encuentro con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, encargado de apaciguar los ánimos de diversos sectores políticos y con mucha cercanía con Misiones por sus vínculos previos desde la consultora Economía & Regiones. Los empresarios misioneros advierten además que en el PRO local –ni en los socios menores del radicalismo-, encuentran interlocutores válidos para plantear algún reclamo que tenga llegada en Buenos Aires. Por lo bajo señalan que los macristas locales no llegan a las primeras líneas nacionales, como sí puede hacerlo Passalacqua.

Párrafo aparte merece el papelón político vivido en Arroyo del Medio, donde los concejales –mayoría renovadora- votaron a favor de la restitución en el cargo del intendente Cristóbal Barboza, quien protagonizó un siniestro vial manejando en estado de ebriedad, que provocó la muerte de un taxista. Pésimo ejemplo dado a la sociedad que contrasta con la lucha por el alcohol cero al volante que se va extendiendo por varios municipios y que se debatirá próximamente para toda la provincia, por una iniciativa del propio Gobierno provincial. Barboza no debería volver a la intendencia por respeto a la víctima y a los cientos de muertos en las rutas misioneras. Sin embargo, se retiró celebrando con sus seguidores.

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Paradojas de la política, el último jueves se votó en la Cámara una iniciativa para que los legisladores nacionales por Misiones impulsen sanciones más duras para quienes sean responsables de incidentes de tránsito o muertes con alcohol al volante o exceso de velocidad. La iniciativa fue de la Renovación. Los concejales de Arroyo del Medio no tomaron el ejemplo.

El Gobierno provincial no puede intervenir ante la autonomía de los municipios. Pero el vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad, quien lleva adelante iniciativas en contra del alcohol al volante, fue terminante: “Los concejales son cómplices de una injusticia”.



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