El Iprodha propone a Nación invertir 80 mil millones en un programa de urbanización para los próximos años

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), Santiago Ros, reconoció que en la provincia hay un déficit habitacional que afecta a 132 mil familias, de las cuales 17 mil necesita una reforma o ampliación de su vivienda y las restantes 115 mil necesitan una casa nueva. Advirtió que de ese grupo de 115 mil familias, hay 10 mil que podrían resolver su problema con un crédito a tasa razonable y otro grupo de alrededor de 7.000 que lo podrían hacer con algún tipo de ayuda parcial del estado, mientras que las restantes, alrededor de 98 mil, necesitarían una intervención directa del estado para cubrir sus necesidades.

Los números que dio Ros surgen de un relevamiento pormenorizado realizado por el Iprodha en todos los municipios que arrojó datos alarmantes, como la presencia de 92 mil familias con necesidades básicas insatisfechas y más de 80 mil familias que están en condición de intrusas en los terrenos que habitan o no tienen papeles que respalden la propiedad de los terrenos que habitan.

Atento a esta realidad, el Iprodha cambiará el enfoque con el que viene trabajando y concentrará su atención exclusivamente en ese sector. “Aprovechamos este cambio de gestión del Gobierno nacional para analizar nuestra tarea en función del déficit real que hay. Ese es el problema central, tanto desde el punto de vista habitacional como del socioeconómico, no podemos ya mirar para el costado”, dijo en declaraciones a Radio República.

Destacó que en las 92 mil familias con necesidades básicas insatisfechas se concentran los problemas socioeconómicos más acuciantes de la provincia, además del déficit habitacional, como los embarazos juveniles e intrafamiliares y las falencias en el acceso a servicios.

Para dar una respuesta a la falta de vivienda, Ros anticipó que propondrá un proyecto de urbanización, que incluirá la construcción de infraestructura y equipamiento, además de viviendas. “Proponemos un mecanismo de cofinanciación con la Nación. Partimos de hipótesis de que la Nación aporta dos tercios y nosotros garantizamos el tercio restante de la inversión. Los fondos los manejaría un fideicomiso, que lo podría administrar el Banco Nación que en ese caso sería el encargado de licitar y pagar a las empresas contratistas. Es un esquema totalmente transparente, nosotros ni tocamos la plata. La Nación que pondrá la mayor parte del dinero, sería la gran auditora”, explicó.

Detalló que proyectan realizar obras por un monto total de 80 mil millones de pesos de los cuales la Provincia 26 mil millones.

Indicó que dejarán de atender a los sectores medios y confió en que una vez que se estabilice la economía se abriría la posibilidad de acceder a créditos a una tasa anual de un dígito, lo que otorgaría una respuesta para estos sectores.

Señaló que de las primeras 400 viviendas que entregaron en el barrio de Itaembé Guazú, un 20 por ciento fueron demolidas total o parcialmente por las familias adjudicatarias para ampliarlas. “En algunos casos demolieron toda la casa, lo que nos demuestra que se trata de familias que tienen poder adquisitivo, pero no el suficiente para comprar un terreno de un millón de pesos”, analizó.

JRC EP

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