Al finalizar el primer semestre de este año, se registraron 539 causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país, en las que fueron imputadas 2436 personas. Desde los primeros juicios orales en 2006 tras la reapertura de los procesos, se dictaron 163 sentencias en las que fueron condenados 689 acusados y resultaron absueltas otras 68. Los procesados actualmente son 846, lo cual da una idea de lo que aún queda por juzgar.
Los números del proceso de verdad y justicia fueron dados a conocer por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que está a cargo del fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky, en base a la información remitida por fiscales federales de todo el país, con el cierre de datos al 30 de junio. El informe analiza los primeros seis meses del año en materia de persecución penal de los delitos de lesa humanidad y advierte acerca de los obstáculos que subsisten en los procesos. El documento aclara que, si bien estas barreras ya habían sido identificadas en informes anteriores, «resulta preocupante su persistencia y en algunos casos su intensificación, luego de una década de juicios».
En este nuevo reporte, la Procuraduría se detuvo sobre los factores que inciden en la demora de los procesos, cuyo indicador más relevante es la reducción en la cantidad de sentencias por año. En 2016 sólo se dictaron nueve. En este contexto, menos del 30 por ciento de los condenados tiene sentencia firme y sólo 9 de 112 causas elevadas a juicio tiene fecha de inicio de debate.
«La consecuencia más evidente de estas demoras es la muerte de los actores del proceso. Es decir, de las víctimas, los familiares y los imputados, que en algunos casos fallecieron en el transcurso de un juicio postergado e interminable. En la megacausa ESMA Unificada, por ejemplo, de los 67 imputados iniciales 11 de ellos fallecieron durante el desarrollo del juicio», remarcó la Procuraduría.
También analizó los avances en las causas en las que se investiga a funcionarios judiciales y empresarios y, finalmente, realizó una crítica y advirtió sobre las consecuencias del reciente fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Penal Federal que absolvió a tres militares por la Masacre de Capilla del Rosario, Catamarca, perpetrada en 1974.
Números e imputados
Hay 376 causas en las que aún no se ha dictado sentencia. El número es la diferencia entre las causas registradas y las sentencias dictadas. En ellas, además de los 846 procesados, hay otros 156 con falta de mérito, mientras que 40 fueron sobreseídos y 33 fueron recientemente indagados. En tanto, otras 224 personas han sido imputadas y aún no se las ha convocado a prestar declaración indagatoria.
La diferencia entre imputados detenidos y libres es de 119: con prisión domiciliaria o en la cárcel suman 1056 personas, mientras que otras 937 están excarceladas y gozan de libertad. «Estas cifras desmienten afirmaciones que sostienen que a los imputados se los detiene sin excepción», indicó la Procuraduría. Hay, además, 48 prófugos. Un 16 por ciento de los 2436 imputados, es decir, 395, falleció.
Entre los 1056 detenidos, hay 106 más en la cárcel (568, el 54%) que en prisión domiciliaria (462, el 44%). En tanto, 8 imputados están en hospitales y otros 6 se encuentran alojados en dependencias de fuerzas de seguridad. Hay 12 casos en los que no se cuenta con datos.
De los 395 imputados fallecidos, 328 murieron sin ser sentenciados, mientras que otros 67 fallecieron luego del dictado de su condena o absolución.
Juicios largos y menos sentencias
La Procuraduría señaló que se trata de «un proceso consolidado, pero con demoras». «Estos diez años de justicia sostenida en el tiempo comienzan a mostrar algunos signos de ‘agotamiento’ o de ‘baja en el ritmo’ de las investigaciones», indicó.
En ese sentido, señaló: «Desde 2014 advertimos una baja en el ritmo de las sentencias obtenidas por año, que habían alcanzado un pico de 25 por año en 2012 y 2013». En el primer semestre de 2016 se dictaron nueve sentencias y a este ritmo «parece difícil que vaya a superarse incluso el total de sentencias del año 2015», cuando se dictaron 20.
En 2014 y 2015 se celebraron 15 juicios por año en promedio, pero con la particularidad de que varios de ellos son «megacausas» -es decir, causas con objetos procesales significativos por el número de víctimas y la cantidad de acusados-, de las cuales siguen en curso «La Perla» (Córdoba), el juicio de los jueces (Mendoza) y Esma Unificada (Capital Federal). Son juicios que, por su magnitud, son «más comprehensivos del plan criminal» y «se extienden en promedio tres años y medio», explicó la Procuraduría.
El organismo señaló además que, en este contexto, en algunas jurisdicciones se retomó el juzgamiento en causas más pequeñas, que actualmente replica el «goteo de los primeros tres años desde la reapertura del proceso», es decir, entre 2006 y 2009.
«La experiencia desarrollada en estos años permite concluir que el hecho de que causas fragmentadas lleguen a la instancia de debate no es sinónimo de mayor eficiencia», explicó la Procuraduría y puso de relieve que el tiempo invertido por los tribunales en la celebración de los juicios es un factor relevante: «en los últimos años, no sólo se redujo la cantidad de audiencias que se realizan por semana, sino también la duración promedio de esas audiencias».
Actualmente están en curso 16 juicios con 269 acusados, de los cuales 168 están siendo juzgados por primera vez.
Los que esperan
Entretanto, otras 112 causas con 260 procesados (30 por ciento de todos los procesados) están elevadas a juicio pero sólo 9 de ellas tienen fijada fecha de inicio del debate oral: dos en La Plata, dos en Jujuy, dos en San Martín, una en Paraná, una en Mendoza y una en Santiago del Estero. Estas 9 causas suman un total de 53 acusados. «Considerando estos totales, llegan a juicio por año, como máximo, un 14% del total de causas elevadas», señaló la Procuraduría.
El organismo evaluó que la causa principal de esta demora tiene relación con la disponibilidad de los tribunales orales y las dificultades para su constitución. Por ejemplo, en la Capital Federal cuatro de los seis tribunales tienen causas elevadas a juicio pendientes, pero dos de ellos no han realizado debates en estos casos ni en 2015 ni en el año en curso.
En otras jurisdicciones, donde por ejemplo hay un tribunal por provincia, suele haber problemas de integración y entonces se acude a jueces de otros lugares para poder conformarlos. Se trata de magistrados que, además, cumplen funciones en sus ciudades de origen.
Por esta situación, hay secciones judiciales que no celebran juicios desde hace años. En La Pampa, el último debate oral se realizó en 2010, mientras que en Viedma fue hace cuatro años, en Posadas y Rawson no hay debates desde el 2013 y en San Juan y Santiago del Estero desde 2014.
La revisión que no llega
De las 163 sentencias dictadas desde 2006, el 42 por ciento (68) aún no han sido revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal y un 32 por ciento (52) están pendientes de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este contexto, menos del 30 por ciento de los condenados tiene su sentencia firme.
La Procuraduría puntualizó que continúa la tendencia de la Corte de reenviar causas a la Cámara de Casación para que se cumpla el requisito de la revisión amplia de sentencias, es decir, donde una nueva sala vuelva a tratar con otra composición de camaristas los casos de acusados que, por ejemplo, fueron absueltos por el tribunal oral y condenados luego por el máximo tribunal penal. Ese trámite para llegar al «doble conforme», es decir, dos sentencias en el mismo sentido, lleva a una demora de entre un año y medio y dos más.
Jueces, empresarios y criterios
La Procuraduría puso de relieve que durante el primer semestre de este año se produjeron avances en las causas seguidas a funcionarios judiciales, con las condenas a 15 y 12 años de prisión, respectivamente, al ex juez de menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti, y al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán.
En tanto, en Mendoza la Fiscalía está presentando sus alegatos en el juicio que, entre otros, se sigue a los ex magistrados Rolando Carrizo, Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano, mientras que en Mar del Plata la causa por los crímenes de la CNU tiene entre los acusados al ex fiscal Gustavo Demarchi.
El juzgamiento de empresarios, en tanto, no tiene los mismos avances. La Procuraduría destacó la condena en Salta a 12 años de prisión al dueño de La Veloz del Norte, Marco Antonio Levín, pero resaltó las demoras en la causa Ford (San Martín), en la que se fijó fecha de debate para marzo de 2017 luego del fallecimiento reciente de uno de los tres civiles acusados, el ex gerente de relaciones laborales, Guillermo Galarraga.
Otras dos causas que tienen empresarios imputados son la de los crímenes de Minera Aguilar (Jujuy) y de la Comisión Nacional de Valores, que no tiene fecha de juicio pese a que hace más de dos años que fueron confirmados los procesamientos de los imputados. A este cuadro se suman los frenos que impusieron las faltas de mérito y los sobreseimientos dictados en las causas emblemáticas en las que se investigan los crímenes que tuvieron como partícipes a los empresarios de La Nueva Provincia (Bahía Blanca), el Ingenio Ledesma (Jujuy) y la yerbatera Las Marías (Corrientes).
Finalmente, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reparó en el reciente fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Federal que absolvió a tres militares por los crímenes de la Masacre de Capilla del Rosario (Catamarca).
El organismo de la Procuración General críticó el voto de la mayoría compuesta por el juez Eduardo Riggi y por la jueza Liliana Catucci, quienes -entre otras cosas- descartaron los testimonios de las víctimas en detrimento de las versiones de los acusados. La Procuraduría contrastó esa posición de los camaristas con la jurisprudencia que, desde el juicio a las juntas, valora especialmente los testimonios de los sobrevivientes para develar el entramado de un sistema de represión clandestino. «No debe extrañar, entonces, que la mayoría de quienes actuaron como órganos de prueba revistan la calidad de parientes o de víctimas. Son testigos necesarios», indicó en 1985 la Cámara Federal porteña al condenar a cinco ex comandantes.
Inspeccionaron sede de Gendarmería donde hubo detenidos en la última dictadura
