Unas 40 empresas misioneras tendrán energía subsidiada por ocho meses

El pasado 11 de Julio se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, la Resolución Conjunta 122/2016 y 312/2016 del Ministerio de Energía y Minería y el Ministerio de la Producción que extiende el subsidio a ciertos usuarios del sector productivo con un alto nivel de consumo de energía eléctrica. Tiene alcance nacional y las provincias y municipios podrán adherirse. La iniciativa nace a raíz de diversos reclamos de estos sectores, con el objetivo de facilitar una adaptación paulatina a los tarifazos energéticos habida cuenta de la imposibilidad de adecuar inmediatamente su estructura de costos.

En Misiones, aquellos sectores que podrán gozar con este subsidio en su tarifa de energía eléctrica están ligados al sector productivo forestal, como ser aserraderos, pasteras, papeleras, mueblerías, y algunos otros a la fabricación de productos plásticos. Se estima que la medida podría alcanzar solamente a 40 empresas misioneras por un breve período de ocho meses.

 

La metodología utilizada para determinar los beneficiarios llevó varios pasos y entrecruzamientos de información entre ambos organismos, la AFIP y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. En base a información brindada por el Ministerio de Energía y Minería y CAMMESA, el Ministerio de la Producción separó a los plausibles destinatarios del beneficio: aquellos clasificados a “nivel de gran usuario” con potencia contratada mayor a 300 kW a nivel nacional. Se complementó esta selección de usuarios con la base de datos de la AFIP, determinando así las categorías según su actividad principal. A su vez, en base a la relación de su consumo con el volumen de ventas que tuvieron en 2014, se obtuvieron estimaciones de los costos directos de estas empresas. Seguidamente el Ministerio de la Producción, según criterios discrecionales, fijó la proporción de cargos fijos, variables y de potencia de cada usuario, permitiendo elaborar un índice entre el costo de la energía y el costo directo de estas empresas. Sobre la base de ese índice se determinaron, también de manera discrecional, el corte sobre el cual se ubican los sectores de actividad a beneficiar.

Ocho meses es el plazo que consideran razonable para que las empresas beneficiarias puedan adecuar la estructura de costos de su actividad productiva. Mientras el subsidio alcanzará hasta un 20% sobre la tarifa establecida el 25 de Abril por Resolución 41 y sobre la tarifa de los siguientes períodos estacionales hasta cumplir con el plazo establecido. El descuento se aplicará en forma escalonada según la demanda energética de las empresas alcanzadas. Para los primeros tres mil megawatt-hora  regirá el descuento del 20 por ciento, para los siguientes 3.000 MWh el descuento será de 10 por ciento y para los siguientes 4.000 MWh solo será del 5 por ciento. Pasando el límite de 10.000MWh el beneficio caduca.

Un breve repaso de los acontecimientos que derivaron la medida, colaborará con la comprensión del complejo entramado de objetivos y de argumentos de esta política subsidiaria. El 16 de diciembre el recién asumido gobierno Pro, a través del decreto N° 134, declaró la emergencia en el Sector Energético con un objetivo muy claro: readecuar todos los eslabones de la matriz de energía eléctrica.

Decanta en el 27 de Enero, con la resolución firmada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren que puso en vigencia nuevos precios en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El objetivo de fondo que fundamentan para llevar adelante esta política, es devolver el “criterio económico” a la definición de los precios y garantizar la prestación del servicio en las condiciones técnicas y económicas “adecuadas”. Gracias a declaraciones recientes de diferentes funcionarios, entre ellos el mismo ministro de Energía y Minería, el “criterio económico” tiene bastante de la técnica de ensayo y error. “Estamos aprendiendo sobre la marcha”, reconoció Aranguren ante el Congreso y sorprendió con otra definición: “Tengo que cumplir con una planilla de Excel”, contó el Intendente de San Martin (Provincia de Buenos Aires).

Las decisiones discrecionales incluidas en este subsidio que se implementa también van por el mismo camino.

No se han tenido en cuenta las particularidades de los diferentes sectores productivos, así como las singularidades geográficas, climatológicas, de las diferentes provincias. En Misiones, la energía eléctrica es el insumo energético más utilizado en los sectores productivos debido a la ausencia de una red de gas.

El impacto del tarifazo ha calado hondo en las estructuras de costos, potenciando el freno de la actividad económica. La medida no solo ha golpeado a los sectores productivos intensivos en el uso de energía eléctrica, tanto los servicios como el comercio se han visto también muy afectados viéndose obligados a trasladar el incremento de la tarifa a sus precios. Vale remarcar que en Misiones, el sector terciario representa cerca de la mitad del PGB misionero.

El Gobierno asegura que la medida viene a “subsanar” el gran golpe sobre las estructuras de costos de usuarios del sector productivo con un alto nivel de consumo energético. Sin embargo, el plazo solo se extiende por los siguientes 8 meses. Parece poco probable que toda una industria, rama o sector manufacturero, cambie por completo su estructura energética en tan poco tiempo. Esto se debe a que la medida deja de lado, nuevamente, la naturaleza misma de la estructura de costos de los sectores productivos a los que alcanza.

En Misiones, aquellos sectores que podrán gozar con este subsidio en su tarifa de energía eléctrica están ligados al sector productivo forestal, como ser aserraderos, pasteras, papeleras, mueblerías, y algunos otros a la fabricación de productos plásticos. Se estima que la medida podría alcanzar solamente a 40 empresas misioneras.

El alcance del subsidio es muy corto, en cuanto a tiempo y en cuanto a cantidad de usuarios beneficiados. Únicamente podrán hacer uso de este beneficio aquellos usuarios considerados grandes consumidores, es decir, empresas de gran tamaño. La medida provocará un cambio provisorio en los precios relativos que seguramente tendrá repercusiones negativas sobre la actividad de muchas pequeñas y medianas empresas no alcanzadas por este descuento.  Todos los competidores que no logren  dar con las condiciones impuestas para este descuento tarifario, se tendrán que enfrentar a una competencia desleal artificial. Criterios éstos, que difícilmente puedan ser considerados “económicos y técnicos adecuados”.

Parece, en cambio, una medida bien típica de la alianza gobernante, con beneficios para algunos pocos, que, casualmente, son los que más tienen.

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