El diario El País de España publicó ayer un informe sobre como encalló el debate en el país trasandino para avanzar en la gratuidad universal de la educación superior. Este fue uno de los debates esenciales de la campaña presidencial de 2013 y una de las promesas del programa de Gobierno con que Michelle Bachelet llegó al Palacio de La Moneda en marzo de 2014. De acuerdo con su hoja de ruta, el 70% más vulnerable de los alumnos podría estudiar sin pagar en 2018, al finalizar su Administración, y la gratuidad universal se conseguiría en 2020. Las altas expectativas, sin embargo, chocaron con la realidad. El Ejecutivo presentó el proyecto de educación superior al Congreso y la gratuidad sigue siendo uno de los aspectos controvertidos de la propuesta, que dependerá del crecimiento económico. El propio país, en el futuro, deberá definir si contará con los recursos para financiar la propuesta, que costaría 3.500 millones de dólares (un 1,5% del PIB).
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó al iniciarse el trámite legislativo en el Congreso: “Si Chile tuviera esa plata —supongamos que tenemos la suerte de que el precio del cobre vuelve a tres dólares—, la pregunta siguiente que tendría que hacerse la sociedad, y que el proyecto de ley pone sobre la mesa, es: ‘¿Queremos usar toda esa plata en educación superior o hay otras necesidades que compiten con esta, como la salud o las pensiones?”.
Para los estudiantes, que no han dejado de movilizarse en diversas ciudades de Chile, el problema es evidente: “La gratuidad universal va a llegar cuando crezcamos como China o Japón”, ironizó uno de los portavoces de la Confederación de Estudiantes de Chile, Carlos Vergara. Para el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, exdirigente del movimiento estudiantil de 2011, “esta norma incumple el programa de Gobierno que la Nueva Mayoría [el oficialismo] prometió”.
El proyecto del Ejecutivo chileno —que entre otros asuntos propone la creación de una subsecretaría, una superintendencia y un consejo para la calidad del sector— ha generado un debate intenso. Pretende reformar un sistema de educación superior vigente desde comienzos de los ochenta, en la dictadura de Augusto Pinochet. El régimen despojó al Estado de su responsabilidad histórica en la entrega de un derecho social como la educación, asfixió a las universidades públicas y a instituciones emblemáticas en la formación de la nación —como la Universidad de Chile—, y permitió la instalación de un sistema de enseñanza privada desregulado. Con la llegada de la democracia en 1990 y el progresivo aumento del precio de la matrícula, el mecanismo no se reformuló.
“¿Por qué no se hizo nada en este tema? Claramente hay intereses para que aquí no pase nada”, indicó hace unos días el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a Tele13 Radio. Sobre el proyecto del Gobierno, el rector señaló que “presiones debe haber habido muchas”. “Hay intereses de todo tipo: económicos, políticos, ideológicos y religiosos”.
De las más caras
Las universidades chilenas tienen uno de los aranceles más altos del mundo si se compara con el poder adquisitivo de la población. El principal canal de financiación es de origen privado, los niveles de endeudamiento son muy altos, la calidad de la educación no está garantizada y el sacrificio no se expresa en el mercado laboral. Las protestas estudiantiles que arrancaron en 2006 y que explotaron en 2011 fueron la expresión de la rabia y desazón contra un sistema que reproduce la desigualdad en uno de los países con mayor inequidad del planeta.
Para el Gobierno, la propuesta, de realizarse, sería la mayor reforma que se haya hecho en Chile en educación. Pero el Ejecutivo ha cristalizado lo que parecía ser una profecía de quienes pensaban que un país como Chile no puede permitirse la gratuidad para todos: el dinero no alcanza. La reforma tributaria que se realizó al comienzo de este segundo período de Bachelet, justamente para financiar los cambios en la educación, no fue suficiente. Ante las dificultades, la presidenta quiso regular la gratuidad: “Queremos que quede establecida por ley, que no haya vuelta atrás”.
Actualmente la educación es gratuita para el 50% más vulnerable de los jóvenes, lo que llegará al 60% en 2018. Para alcanzar al 100%, Chile debería esperar entre 30 y 50 años, según los cálculos de los economistas, a no ser que se realizara una nueva reforma tributaria. La actual Administración la descarta en este período.
Las claves del debate
Cuando los estudiantes chilenos protestaron en las calles en 2011, una de sus demandas fue la gratuidad en la educación superior. Michelle Bachelet llegó a La Moneda el año pasado con la promesa de alcanzar un 70% de gratuidad al finalizar su período, en marzo de 2018, y gratuidad universal en 2020. En estos 21 meses, sin embargo, el Gobierno no ha logrado alcanzar una fórmula para cumplir su objetivo. Actualmente, en Chile se encuentra abierta una intensa discusión sobre esta materia.
“Por primera vez en Chile se debate sobre la responsabilidad del Estado en la entrega de un derecho social como la educación”, señala el rector de laUniversidad de Chile, Ennio Vivaldi. “Lo segundo que está en juego es la diferenciación entre lo público y lo privado, porque vivimos una situación propia del realismo mágico: se ha llegado a decir que el Estado debe financiar la gratuidad en las universidades privadas y no en las públicas”. Estas son las principales claves de una de las etapas más complejas de la reforma educativa.
¿Por qué los estudiantes pidieron gratuidad?
Las universidades chilenas tienen unos de los aranceles más altos del mundo si se compara con el poder adquisitivo de la población, y el principal canal de financiación es de origen privado: proviene de las propias familias. Los niveles de endeudamiento son muy altos, la calidad de la educación no está garantizada y, finalmente, el sacrificio no se expresa en el mercado laboral. Ninguna universidad es gratuita.
¿Cómo se organiza el sistema de educación superior chileno?
“La principal característica del sistema es su desregulación. No hay una institucionalidad ordenada”, señala Manuel Sepúlveda, director de Política Educativa de la fundación Educación 2020. Una primera clasificación divide a las instituciones en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Las universidades, a su vez, se dividen en estatales (16) y privadas (casi 40). Existe, sin embargo, una tercera distinción: un organismo llamado Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) agrupa a las 25 universidades tradicionales, que fueron creadas antes de las reformas de los años ochenta. En el grupo existen estatales y privadas, como dos de las más prestigiosas del país: la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, respectivamente.
¿Cómo se financian?
El Estado financia directamente un porcentaje bastante bajo del presupuesto de las instituciones de educación superior. Incluso en las universidades que son propiedad del Estado, el financiamiento directo es mínimo. “Tienen que financiarse como si fueran privadas”, señala el rector Vivaldi. El fisco utiliza más bien una fórmula indirecta: entrega recursos a través de becas y créditos a los estudiantes de distintos tipos de instituciones, tanto públicas como privadas.
¿Qué dijo Bachelet del asunto en 2013?
En abril de 2013, en plena campaña, Bachelet se mostró contraria a que el Estado pague la educación superior de los estudiantes ricos y pobres: “No encuentro justo que el Estado pague la universidad de mi hija si puedo pagarla”. Aunque la socialista cambió de opinión, este debate se ha mantenido durante dos años: ¿ayuda a combatir la desigualdad o es regresivo que el fisco le pague la educación a los más ricos? De acuerdo a Claudia Sanhueza, académica del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, “la educación superior gratuita universal no empeora la distribución del ingreso, que en Chile es muy desigual”.
¿Qué ocurrió en el última cuenta pública ante el Congreso?
El pasado 21 de mayo Bachelet anunció que adelantaría la gratuidad y señaló que a partir de 2016 su Gobierno asegurará que el 60% más vulnerable de los estudiantes accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin becas ni créditos. Contemplaba a los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), institutos profesionales y centros de formación técnicas acreditados y sin fines de lucro. Los criterios anunciados para la gratuidad no parecieron ser suficientes para algunos sectores. El Gobierno revisó la fórmula y, finalmente, como se sumaron nuevas casas de estudios, el Ejecutivo anunció en agosto que la gratuidad en 2016 incluiría al 50% de los estudiantes más vulnerables y que sumaría a algunas universidades privadas.
¿Qué pasó con el Tribunal Constitucional?
El pasado 10 de diciembre el organismo reprobó la fórmula del Ejecutivo, por considerar que los requisitos para elegir a las instituciones beneficiadas eran arbitrarios y discriminadores. “Algunos quieren impedir que cumpla mi palabra”, señaló Bachelet. Hoy, el Ejecutivo chileno trabaja a contrarreloj para establecer cuáles son las instituciones que se podrían acoger a la gratuidad, porque este martes se cumple el plazo para que las casas de estudio informen si quieren optar al beneficio.
PE
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