Sólo se produjo el «secuestro de documentación», cuya copia ya fuera aportada al tribunal, indicaron.
La defensa del diputado nacional y ex funcionario Julio De Vido aclaró que en los allanamientos ordenados por la Justicia a dos propiedades del ex ministro de Planificación Federal, no se halló dinero en efectivo, que era presuntamente unos de los objetivos de la pesquisa, y que sólo se produjo el «secuestro de documentación», cuya copia ya fuera aportada al tribunal.
Según un comunicado difundido anoche, la defensa de De Vido indicó que los dos allanamientos, uno en el domicilio particular del legislador, en el barrio de Palermo, y el otro en una chacra del partido bonaerense de Zárate, tuvieron la intención de «relevar la existencia (de) lugares que pudieran servir de depósito de dinero en efectivo».
En tal sentido, el letrado afirmó que se comprobó que esos bienes monetarios «no existían en ninguna de las propiedades» requisadas.
Aclararon que ambos procedimientos, ordenados por el juez federal Luis Rodríguez, «se llevaron a cabo con total normalidad y con la asistencia de todas las divisiones técnicas correspondientes».
También precisaron que la documentación obtenida en el procedimiento «es la misma que la defensa ya había aportado en copia al expediente cuando le fue requerida por el tribunal».
La diligencia judicial se cumplió tan sólo un día después de que la Cámara de Diputados autorizara, sin que el magistrado lo solicitara, la posibilidad de realizar el registro domiciliario «que había sido suspendido», dado que, según recordó la defensa del ex funcionario, «al momento de librar esa primera orden de allanamiento, el Juez no tenía certeza que el inmueble de Av. Libertador era lugar de residencia del Diputado».
«En esa oportunidad, el Juez había dejado sin efecto ese procedimiento al no cumplir la medida con los requisitos legales correspondientes; y no porque el Diputado se haya amparado en sus fueros para evitarlo», aclaró el comunicado.
Según el mismo texto, «esta situación sienta un precedente inédito en la historia institucional de la Argentina, ya que es la primera vez que un juez ejecuta el allanamiento de un legislador sin haberlo ordenado previamente y como consecuencia de una ‘autorización’ de la Cámara que no fue solicitada».
Luego reiteró los argumentos esgrimidos por De Vido durante el debate en el recinto de la medida, de que la orden de allanamiento sobre siete inmuebles, incluidos el de avenida Libertador, «buscaba obtener documentación sobre la firma ‘Uni Vite Argentina S.A.’, sus bienes y su titular; y no sobre el Diputado Julio De Vido ni su domicilio particular».
«Incluso el Juez mismo reitera que estos allanamientos tienen ‘como objeto proceder al secuestro de los libros societarios y contables de la firma Uni Vite Argentina S.A., y todo documento vinculado al inmueble que no fue ni es propiedad de De Vido», agregó la defensa.
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