Megaestafa, el juicio: aún no hay fecha de debate, pero las partes ya están aportando las pruebas

El caso se siguió en su momento como una novela, con prófugos que hablaban con la prensa desde de clandestinidad, con sospechosos célebres que en algunos casos terminaron al menos unos días entre rejas; y con un juicio político que eyectó de su cargo a una magistrada civil y comercial. Se trata de la llamada “Megaestafa”, que estalló en 2003, cuando se detectó que una red extraía dinero de los fondos judiciales con oficios truchos. Actualmente, la causa camina lentamente hacia el juicio oral, 13 años después. Fuentes consultadas informaron ya se abrió en el Tribunal Penal Dos de Posadas el período de presentación de pruebas para las partes. Es decir, puntualizan a los magistrados los elementos probatorios que consideran deben ser analizados sí o sí en el esperado debate.
Una vez que los defensores y la Fiscalía terminen este paso, los integrantes del cuerpo juzgador, Marcelo Cardozo (Instrucción Uno), Carlos Jorge Giménez (Instrucción Siete) y Carmen Carbone (Civil y Comercial 6), fijarán la fecha del proceso, ajustarán la lista de testigos y harán las respectivas notificaciones.
Por eso, la fecha del juicio aún no se definió. La intención es que salga este año. Los camaristas subrogantes también deberán definir el escenario del debate, por la cantidad de imputados y público que seguirán las alternativas de las audiencias. El recinto del Tribunal Penal Dos (sobre la calle San Martín casi 3 de Febrero) no daría abasto para la cantidad de gente que se prevé asistirá.

Los cinco acusados que se sentarán en el banquillo son la ex jueza Civil y Comercial 1, Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo (en la foto superior), sindicada como la cabeza de la banda que integraban también empleados judiciales y abogados que extraían dinero de depósitos judiciales; la ex jefa de despacho de ese juzgado, Nora Castelli; el hermano de esta, Cayetano “Nani” Castelli; y los abogados Paula Espinosa y Guillermo Abdón Fernández. Este último trabajaba en una reconocida entidad bancaria de donde se sacaba el dinero; se cree que él facilitaba las operaciones.
La causa, que se inició en 2003, es compleja y cuenta con al menos 30 cuerpos y más de seis mil fojas. Las penas que oscilan acusaciones como asociación ilícita son de 3 a 10 años de prisión.
Salvado de Sotelo fue destituida en un juicio político y estuvo en calidad de detenida, como los otros cuatro sospechosos, hasta mediados de 2007.