La desaparición del paraguayo Cástulo Vera Baez

Humberto Caggiano Tedesco, fue condenado por la desaparición del paraguayo Cástulo Vera Baez. El ex militar, en su carácter de Coronel que detentó desde el 15 de diciembre de 1976, hasta el 16 de octubre de 1978, en carácter de Jefe del Distrito Militar Misiones,  y Jefe en el área 232 correspondiente a la Subzona 23 pertinente a la Zona 2; el haber participado en la privación ilegítima de la libertad personal con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley del ciudadano paraguayo Cástulo Vera Baez, quien fue secuestrado en el mes de  enero del año 1977 y  posteriormente visto en un Centro de Detención de la República del Paraguay “Policía de Investigaciones del Paraguay”; con la característica sistemática de que tal privación resultó seguida de la falta de información y negativa a reconocer la misma e informar sobre el paradero del nombrado, impidiéndose en consecuencia el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Cástulo Vera Báez fue detenido en enero de 1977, en la Terminal de ómnibus de Puerto Iguazú, junto al también paraguayo Juan José Penayo. Según el libro “Paraguay en el Operativo Cóndor”, luego de un tiempo se supo que Cástulo Vera estaba detenido en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital y presuntamente en Emboscada, en muy mal estado de deterioro físico a causa de las torturas sufridas. Según consta en los archivos del EAAF, desapareció en enero de 1977, y en diciembre del mismo año fue visto aún con vida.

«Éste es el inicio de un veredicto que deberá seguir investigándose, no termina acá y menos para los paraguayos, a quienes nos abre la esperanza para seguir luchando para que en nuestro país también se haga justicia», declaró a Efe Rogelio Goiburú, titular de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica (DRMH) del Ministerio de Justicia de Paraguay.

Goiburú es hijo del médico opositor a la dictadura stronista Agustín Goiburú, desaparecido en 1977 y que también figuraba en el listado de víctimas en el juicio por el Plan Cóndor, y desde la DRMH dedica a la exhumación de restos de desaparecidos para su identificación

Rogelio Goiburú apeló al trabajo de la Justicia paraguaya para condenar a los agentes militares de menor rango, policiales y civiles que tomaron parte en la represión durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y que continúan con vida.

Por su parte, Guillermina Kanonnikoff, que fue detenida y torturada durante la dictadura stronista, y cuyo marido, Mario Schaerer Prono, fue asesinado por el régimen, dijo a Efe que «esperaba como mínimo una cadena perpetua contra algunos represores por sus crímenes aberrantes, que deberían tener una ejemplar sentencia».

Kanonnikoff fue la promotora de la primera querella presentada en Paraguay por un crimen cometido durante la dictadura, y en 1999 consiguió una condena a la pena máxima de prisión, que era de 25 años, para varios represores stronistas, una sentencia que, según recordó, sentó jurisprudencia aplicable a otros casos similares.

Otro asistente a la retransmisión del juicio, Guillermo González, hijo del paraguayo Octavio Rubén González Acosta, desaparecido en 1973, dijo a Efe que «en Paraguay no hay visos de que se concrete un juicio» como el seguido en Argentina por el Plan Cóndor, debido a que el Gobierno del actual presidente, Horacio Cartes, es «netamente stronista», y busca obstaculizar el proceso.

En este sentido, el periodista Antonio V. Pecci, miembro de la Mesa de la Memoria Histórica en Paraguay, afirmó a Efe que en la Justicia paraguaya están archivados procesos contra los responsables de la dictadura stronista desde hace 20 años, pero los jueces no les dan curso.

«La Comisión de Verdad y Justicia remitió un listado de 70 represores debidamente identificados, pero la Fiscalía no ha impulsado ninguna acción. La Justicia paraguaya está en deuda con las víctimas de la dictadura, y con la vigencia de los derechos humanos», expuso Pecci.