Cuestión de tiempos

La rapidez con la que el presidente Mauricio Macri vetó la ley antidespidos marca el pulso de su gestión. Desde que asumió hubo celeridad en la toma de decisiones que beneficien o protejan al sector empresario. Devaluación, fin de retenciones, eliminación del “cepo” a la compra de dólares amanecieron con el nuevo Gobierno. No hubo el mismo apuro en medidas contra la pobreza ni para la protección del empleo. Los puestos de trabajo se perdieron de a miles, muchos más de lo que la alianza gobernante está dispuesta a admitir y, lo que es peor, la sangría no se detiene.

El segundo semestre en el que todo iba a mejorar, ya está a la vuelta de la esquina y el mismo Presidente se ataja ante una promesa que no se va a cumplir. “Si buscaban un mago, ese no era yo. Los magos había que ir a verlos a Las Vegas, donde dicen que está Copperfield; y que los problemas que heredamos no se resuelven de un día para el otro. Pero sí les dije que los íbamos a resolver dando pequeños pasos todos los días. Y eso es lo que hemos empezado a hacer. Por eso estoy seguro que en un año vamos a comenzar a ver los frutos de este camino que hemos empezado a recorrer”, dijo Macri ante los inexpresivos trabajadores de la avícola Cresta Roja, desde donde anunció el veto a la ley que frenaba los despidos. Un año. Ya no más el prometido segundo semestre.

El lugar elegido para semejante anuncio es un mensaje en si mismo. En la avícola Cresta Roja se produjo la primera represión de este Gobierno contra trabajadores. La empresa finalmente reincorporó a poco más de la mitad de los empleados despedidos, con quitas salariales y pérdida de beneficios como la antigüedad. Es todo un símbolo, como el primer empleo chatarra en los locales de McDonald’s, ofrecido a los jóvenes de 18 a 23 años con un sueldo que equivale a la mitad del salario mínimo.

La pregunta es qué hacen los despedidos, los que viven en la pobreza y los que cayeron en ella, durante el tiempo en que demore el Gobierno en tomar una decisión a su favor. Ya no será el segundo semestre. Ya habrá que esperar hasta 2017, según coinciden economistas aliados y opositores.

Una ley no es la mejor herramienta para frenar los despidos, pero su aprobación mayoritaria fue una reacción necesaria ante una situación dramática que se multiplica por miles de familias que se quedaron sin protección ni proyección.

Los despidos están lejos de ser un problema de los grasosos ñoquis del Estado, sino el reflejo de lo que le pasa a familias enteras a lo largo y ancho del país.

En la Patagonia reciben facturas de luz y gas con aumentos de hasta 2000 por ciento. Las empresas se ven obligadas a hacer un ajuste y el primer resorte es el trabajador.

El Gobierno ofreció, tardíamente, que el tarifazo sea pagado en cuotas, pero para los empresarios es nada más que estirar la agonía sin cambiar el resultado.

En la mayoría de las industrias y comercios el uso del gas no es estacional: se consume por igual durante todo el año con lo cual, la financiación del 50 por ciento genera un problema hacia adelante porque a partir de septiembre deberán pagar montos más altos aún.

En segundo lugar, para empresas que recibieron ajustes del 1000 o 2000 por ciento en el gas, la medida no alcanza, porque aun postergando a la mitad ese aumento, se vuelve muy difícil afrontar el nuevo costo.

“El Ministerio de Energía de la Nación deberá analizar si es conveniente para un país quitar los subsidios drásticamente y cerrar fuentes de trabajo, o ir hacia un esquema de quita gradual más sostenible, que le permita al empresario continuar con su actividad y mantener el empleo”, argumenta la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Los subsidios fueron utilizados entre los principales argumentos de la campaña PRO, que acusaba al Gobierno de sostener a “planeros” que sostenían el modelo. El contraste revela que jugaban un rol clave en la economía. Con tarifazos, subas de precios y desempleo, el desprecio a los subsidiados se transforma en un problema propio. El “subsidiado” era uno de los que podía salir a comprar. La “economía real” que presenta el PRO, reserva ese lugar para unos pocos privilegiados.

En la turística ciudad de Puerto Iguazú admiten que ésta es la peor temporada en el último lustro y la llegada de visitantes argentinos se redujo 17 por ciento en lo que va del año.

Posadas sufre hoy una enorme sangría de recursos que se van a la vecina Encarnación para la compra de combustible, ropa y comida. Ese drenaje no se frena, sino que se agranda por la brecha de precios incomparable. El litro de nafta vale cinco pesos menos del otro lado del Paraná. Como resultado, en los primeros cinco meses del año, 70 comercios cerraron en la capital misionera.

Aunque no hay datos oficiales, en el ministerio de Trabajo advierten que aparecen señales preocupantes. En comparación con los primeros cinco meses del año pasado se triplicaron las consultas sobre liquidación final de haberes, paso previo a los despidos y hay un par de empresas madereras –una de ellas cargada de historia familiar- que presentó pedido de concurso preventivo de crisis.

En el ámbito nacional la situación no es distinta. Datos del Ministerio de Trabajo confirman que de diciembre de 2015 a febrero de este año 108.944 trabajadores dejaron de recibir cobertura de seguridad social. En el caso de los empleadores que ya no se la brindan la suma se acerca a 1.682.

El Centro de Economía Política Argentina considera que son más los despedidos.  En un informe señala que en el periodo que va del 10 de diciembre de 2015 al 30 de abril de este año, los despidos totalizaron 139.874 y las suspensiones afectaron a 14.912 personas

Según Cepa, 60.024 (38,78%) corresponden al Sector Público y 94.762 (61,22%) al Sector Privado.

En paralelo, según un estudio de la consultora Ecolatina, el salario real cayó significativamente en el primer trimestre del año por las medidas del gobierno nacional para desarmar el cepo y actualizar las tarifas, destacó la consultora Ecolatina en un informe publicado este viernes.

«Las medidas dispuestas por el Gobierno para desarmar el cepo cambiario exitosamente y actualizar las atrasadas tarifas de servicios públicos implicaron una significativa contracción del salario real, el cual cayó hasta niveles incluso menores a los observados durante los primeros meses de 2014″, señaló el informe.

Para Ecolatina, «ni los trabajadores del sector privado ni los del sector público lograron recomposiciones en línea con la inflación observada durante los últimos meses. Por caso, si tomamos el salario real de noviembre de 2015 (el más alto del año) y lo comparamos con el relevado en marzo del actual, observamos una caída cercana al 8%»

Algunos de los empresarios que hicieron campaña por el Cambio ya no pueden disimular una realidad que se les burla en la cara.

“Tuvimos diez años buenos, más allá de las críticas que puede tener el gobierno anterior. No quiero defender a la gestión saliente, pero antes había mucho movimiento en Posadas, y lo que ha crecido la capital de nuestra provincia es notable. Al comercio en la última década le ha ido muy bien”, definió Carlos Palombo, dueño de una decena de locales en el centro y con más de 60 empleados a su cargo.

En declaraciones televisivas, Palombo aseveró que “una empresa no puede afrontar las pérdidas de dos o tres meses esperando el segundo semestre por el costo de alquiler, sueldos de empleados y demás gastos de servicios”.

La urgencia que comparten empresarios y trabajadores contrasta con los tiempos que manejan el Gobierno nacional y sus funcionarios. La situación es tan acuciante que los diputados de la misma alianza gobernante tuvieron que ir a pedirle al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, que considere el pedido de la Provincia para recuperar el ITC diferenciado que atenúe las asimetrías con Paraguay y Brasil provocadas por el último tarifazo en los combustibles. El radical Luis Pastori y Alex Ziegler tuvieron que reconocer ante el ministro que sus medidas están generando un daño visible a Misiones, incluso más acentuado que en otras regiones del país. La reunión dejó como resultado una foto en la que todos posaron sonrientes, pero ninguna respuesta concreta.

Esta semana la agenda política de Misiones estuvo cargada de visitas de funcionarios nacionales. Y dos directamente vinculados al empleo y la economía. Llegaron José Cano, a cargo del plan Belgrano, y Francisco Cabrera, ministro de Producción. Ambos dejaron más incógnitas que certezas.

El plan Belgrano es una suma de buenos deseos que no tiene financiamiento garantizado ni una planificación anotada en algún papel.

Cano pasó más de dos horas “escuchando” a los funcionarios provinciales para conocer las necesidades provinciales. A la hora de hablar, solo garantizó 500 millones para la construcción de viviendas y dio difusas promesas sobre obras de infraestructura largamente reclamadas, como la llegada de la autopista hasta Misiones por la ruta nacional 14. Si avanza, la duplicación de la ruta se extendería desde las ciudades correntinas de Paso de los Libres hasta Santo Tomé, a unos 200 kilómetros de Posadas. A cambio, ofreció culminar obras que se vienen ejecutando con fondos provinciales, como la autopista Posadas-San José, o que ya estaban en carpeta, como la extensión de la autovía entre Santa Ana y San Ignacio. También habló de una futura autopista hasta Ituzaingó, que nunca estuvo planificada, ni en Misiones ni en Corrientes. Disimuladamente, los funcionarios provinciales se preguntaban si Cano sabía de lo que hablaba o simplemente estaba saliendo del paso.

El tucumano dejó también un sabor amargo a los dirigentes radicales misioneros, con quienes mantuvo un encuentro reservado. Cano les reprochó que por las disputas internas y la división con el PRO, el radicalismo haya perdido la posibilidad de contar con un nuevo diputado nacional y ahora esté fragmentado. Los locales le prometieron la reincorporación del macrista Mario Pegoraro, cuya afiliación fue suspendida, pero el ex motociclista les pidió una nota escrita antes de aceptar el convite. La palabra no alcanza para recuperar la confianza en los colores.

Cabrera, en cambio, no sabe de insignias partidarias. Es un CEO y fiel exponente del funcionario PRO, que forjó su experiencia en AFJPs y en grandes grupos empresarios. De ahí que prácticamente no tiene filtros ni sutilezas para cuestionar medidas que toman sus socios de gabinete. Sin embargo, no dejó una impresión mucho mejor que la de Cano y hasta los dirigentes macristas locales criticaron su escaso tacto.

Mientras las principales empresas están agobiadas por la caída de las ventas, el ministro de la Producción trajo un puñado de créditos –a tasas bajas- pero ninguna medida de fondo que genere alivio. Los empresarios quieren crédito pero ansían mucho más, tener a quien venderle.

Cabrera en ese sentido fue honestísimo. Admitió que uno de los principales problemas de la economía es que cayó la demanda y que la política monetaria que emana del Banco Central comandado por Federico Sturzenegger conspira contra las Pymes. “Las tasas de interés altas afectan el capital de trabajo de las pymes, porque las pone en una situación de crisis en su flujo de financiamiento”, reconoció.

Explicó que “el hecho de que las tasas estén altas responde a un plan antiinflacionario y creemos que en el segundo semestre la inflación va a bajar porque la inflación núcleo fue bajando”.

Para el funcionario, la suba de precios llegará a su techo porque “vamos a ser disciplinados con el cumplimiento de nuestro plan fiscal, la emisión monetaria va a parar” y eso “permitirá bajar las tasas”.

En referencia a la situación de las empresas misioneras que fabrican terciados y aglomerados que fueron perjudicadas por el ingreso de material importado, explicó que el problema se dio porque “los importadores acumularon stock” apenas se levantaron las trabas aduaneras que regían durante el gobierno de Cristina Fernández. “Hace meses que trabajamos en estos temas identificando las posiciones que hacen que se defienda el empleo en Misiones y ya tomamos las decisiones para ser más restrictivos”, señaló. Habrá que esperar. Mientras tanto, cientos de empleos corren peligro.

En el Gobierno provincial sostienen las buenas relaciones a sabiendas de que un distanciamiento no aportará nada, más allá de la diferenciación política. Todo lo que venga, sea poco o mucho, bienvenido sea.

Por eso no es extraña la cordialidad con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a quien cuentan como el único “político” con quien se puede entablar un diálogo sobre las necesidades de Misiones. Frigerio se ofrece como interlocutor de los gobernadores y puede anotarse como “poroto” el haber conseguido que todos firmen el nuevo pacto fiscal con el que la Nación se compromete a dejar de descontar en forma paulatina, el quince por ciento de la coparticipación, destinado a financiar la Anses y la Afip.

El acuerdo se firmó esta semana en Córdoba y representará este año una compensación por la caída de recursos prevista por cambios en los impuestos a las Ganancias, IVA y la disminución de la recaudación producto de la recesión. No se trata de una exageración. Por primera vez en años, la coparticipación fue menor a la del año pasado.

El nuevo acuerdo servirá para hacer menos brusca esa caída. Según un estudio de la Fundación Mediterránea, Misiones perderá 639 millones durante 2016 por los cambios en la ley de Ganancias, otros 143 millones por la reducción del IVA a la canasta básica y 130 millones del Fondo Federal Solidario, pese a las mejoras recibidas por los patrones de la soja a través de la devaluación y la baja en retenciones. Eso hace un total de 913 millones de pesos. En total, se estima una caída del 6,2 por ciento en el flujo de recursos federales.
Para Misiones, el 3 por ciento recuperado representa cerca de 30 millones por mes, la mitad de lo que se pierde por la menor recaudación de Ganancias. En cambio, el seis por ciento en préstamo, implica unos 940 millones al año, que se resolverá si se toma, ya que, aunque en 2020, es dinero que hay que devolver a la Nación. Es el mismo esquema que se ofrece a los sectores empresarios: tomar deuda para cubrir el bache.

La oferta nacional es generosa en términos financieros, ya que la tasa es mucho menor a la del mercado, pero va a contramano de la política misionera de la última década, cuando no sólo no hubo nueva toma de créditos, sino que se produjo un desendeudamiento en términos reales al pasar los empréstitos de dólar a pesos. Misiones es una de las pocas provincias cuya exposición es relativamente baja y por eso mismo, atractiva para los mercados de crédito.

De todos modos, deuda es deuda, y hay que pagarla, como precisó el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira. Por eso, el gobernador Hugo Passalacqua pretende realizar un estudio exhaustivo antes de tomar cualquier decisión.

Passalacqua destacó el pacto sellado con la Nación, pero al mismo tiempo, advirtió que ahora debe rediscutirse a fondo el sistema de reparto de los recursos federales. Sino, el acuerdo será apenas un parche que no logrará ocultar las profundas desigualdades en materia de distribución de la riqueza.

Misiones ya acumula experiencias negativas con el colapso generado por el sobreendeudamiento de los 90. Sobrellevar el estallido durante el gobierno de la Alianza fue mucho más duro por los escasos recursos que recibía la provincia y la coparticipación retenida directamente para pagar a los bancos por el exceso de deuda acumulada, que equivalía a dos presupuestos y medio.

Es una experiencia que nadie quiere repetir, aunque el endeudamiento sea alentado por el propio Gobierno nacional que considera una virtud tener acceso libre al mercado financiero.

Sin embargo, ni los prestamistas transmiten tanta confianza. El jefe de área de Infraestructura para América Latina y el Caribe la Corporación Financiera Internacional (IFC), división de créditos del Banco Mundial, Gabriel Goldschmidt, recomendó a los argentinos «tener la cabeza fría para no sobreendeudarse» ante el renovado acceso a los mercados de créditos internacionales tras haber cerrado el capítulo de los fondos buitre.

Aunque parezca alejado y no salga en los noticieros estelares, solo hay que mirar lo que sucede en Grecia para comprender los ciclos de las políticas neoliberales de endeudamiento, ajuste y más endeudamiento. El FMI sugirió que Grecia suspenda los pagos de su deuda hasta 2040 si no se acuerda un nuevo –uno más- recorte. «No queremos más austeridad para Grecia y ciertamente no queremos que el peso de la deuda caiga en los pobres y los más vulnerables», dijo el vocero del organismo, en medio de las negociaciones que fijan nuevas condiciones para liberar nuevos rescates para el país heleno. No hay generosidad en el FMI. Ya ajustó todo lo que podía y no hay más que achicar.

Lo padeció Argentina en 2001, lo padece Grecia ahora. Las políticas son calcadas entre 1990 y los días actuales.

La diplomacia en las relaciones con el Gobierno nacional es funcional a los intereses de la Provincia, pero no implica alineamiento incondicional. Es en el Congreso donde se expresan las disidencias. Todos los renovadores votaron a favor de la ley Antidespidos y en las comisiones marcan las diferencias.

La que más sobresale por sus exposiciones es la senadora Sandra Giménez, quien no sólo aparece como un escollo difícil para el macrismo, sino para el propio Frente para la Victoria, que está sumido en el desconcierto y cuya conducción en algunos casos parece ser funcional al oficialismo.

Giménez forjó su carrera política en base a no callarse y eso la convierte en una figura llamativa que se le anima al propio Sturzenegger durante su exposición en el Senado, donde el funcionario defendió las medidas tomadas en los últimos meses. “¿Sabés que pasa? Acá nadie sabe dónde vivís vos. En mi ciudad, todos saben donde vivo y van a pedirme trabajo o a contarme que no les alcanza para pagar la luz”, le increpó la misionera al siempre sonriente economista. Quedó más perplejo Sturzenegger cuando Giménez se le acercó: “En el día de la Escarapela, te pongo una porque parece que la olvidaste”, ironizó la senadora.

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