La justicia expone las malas condiciones del Correccional de Menores

Los menores que delinquen y los lugares que los alojan por decisión de la justicia siguen siendo motivo de debate ya que no cumplen la función de reinsertarlos en la sociedad. Las deterioradas paredes que los encierran en el Correccional son un reflejo de lo que a diario viven los 80 jóvenes que pagan sus culpas por el delito que cometieron.

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Un informe del juez Correccional y de Menores, César Jiménez, expone esta realidad y las imágenes son más que elocuentes. Baños, camas, colchones, asientos, griferías y estructuras en pésimas condiciones. Quizás alguno pensará que no necesitan más, dado que están ahí para «aprender la lección» y no se merecen comodidades. Pero la respuesta en tal caso sería que el objetivo de ese encierro además de pagar por el daño que cometieron, es reinsertarlos en la sociedad, y que de adultos no cometan los mismos errores. Para ello deben aprender un oficio, hacer deportes, y estar en un lugar acorde como cualquier persona ya que lo que sucede hoy es que ese ambiente hostil en el que sobreviven varios años no hace más que aumentar el resentimiento y empeorar el comportamiento en la mayoría de los casos.

El lugar alberga a 80 chicos desde los 16 años aunque tiene capacidad para 80, y la mayoría son del interior de la provincia. Hay algunos menores de 15 años por casos de homicidio.

Hace algunos días se realizó una jornada sobre «Justicia Restaurativa Juvenil» en el Colegio de Abogados de Posadas, y en esa oportunidad el juez Jiménez, ejemplificó con imágenes que el encierro como única respuesta al delito ha fracasado, dado que las estadísticas muestran que los menores comienzan a infringir la ley cada vez a más temprana edad (desde los 13 años) y con mucha más violencia, y pidió en ese sentido que tanto la institución como el Superior Tribunal de Justicia consideren incorporar esa mediación para que una inconducta tenga la chance de ser reparada aunque más no fuera a través del perdón hacia la víctima o su familia.

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Ningún pibe nace chorro o violento, por lo general son chicos carentes de afectos al cuidado de adultos con problemas de drogas o alcohol que se desentienden de ellos, y si encima la sociedad los estigmatiza, los discrimina y el Estado como única respuesta los encierra en las condiciones en las que están hoy, lo más probable es que esos jóvenes que delinquen hoy, se conviertan en adultos que delinquen mañana, sostuvo el magistrado.

Jiménez aseguró: “esta triste realidad es fruto de que han sacado a los menores que infringen la ley penal de la agenda política, no sé que pasó, pero antes no pasaba”. El juez presentará al Ejecutivo una lista con una serie de pedidos que los internos “necesitan urgente”.

Reparación del sistema cloaclal sector celdas individuales, reparación de la humedad en las paredes de los baños de los pabellones, reparación del piso del playón deportivo, colocación de aros de básquet, adquisición o provisión de elementos deportivos, pelotas de fútbol 5, pelotas de básquet y de voley, red de voley, pinturas para los pabellones, colocación de cerámicas en el sector de la cocina de la unidad y reparación de paredes y griferías, reparación del horno del sector panadería que no funciona hace cinco años. Adquisición de sillas y mesas para que los internos puedan almorzar y cenar en el salón múltiple, reparación y adquisición de móviles para traslado, etc.

Fuentes del Ministerio de Gobierno afirmaron que están trabajando con la justicia para mejorar la situación de  infraestructura no solo de los penales de menores sino de los adultos.

El informe de SOS Argentina

La licenciada Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, una organización no gubernamental que ofrece protección a niños y niñas que perdieron a sus padres o están en riesgo de perderlos, expone: “durante mucho tiempo, la legislación de nuestro país criminalizó a la pobreza y, a partir de una concepción paternalista de la infancia, se encargó de poner bajo una pseudo protección a cualquier “niño que se encontrara en riesgo o estado de abandono moral o material”, ingresándolos a dispositivos institucionales de control social. Estas instituciones poco tenían que ver con el fortalecimiento de los vínculos familiares o con estrategias de revinculación con su familia de origen, vulnerando así los derechos del niño y afectando su desarrollo pleno. Hoy en día, a más de 25 años de sancionada la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), donde niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de derecho, éste debería ser un tema saldado en pos de la construcción de un sistema de protección integral de derechos con características que garanticen el bienestar de todos los niños y niñas, independientemente del estrato social al que pertenezcan. Lamentablemente, esto no es así”.

Y concluye: ¿cómo es posible exigirle a un adolescente o joven que se “reinserte” en la sociedad una vez cumplida su condena si durante la permanencia en estos dispositivos no se ha hecho más que profundizar la vulneración de sus derechos?

Un correccional para menores o una cárcel para adultos debe servir para solucionar el problema, no para sacárselo de encima.

JM

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