«A partir de ahora se inicia una nueva etapa de crecimiento sostenido en la Argentina». La frase no pertenece al presidente Mauricio Macri celebrando el fin del default con el pago a los fondos Buitre. Es muy parecida. Para Macri, el pago a los carroñeros financieros y la nueva deuda emitida, permitirán «una nueva etapa de empleo y crecimiento».
La original fue de Fernando De la Rúa el 18 de diciembre de 2000, cuando la Argentina concretaba el Blindaje como la solución de todos los males. Se trataba entonces de un préstamo por 39.700 millones de dólares «mucho más elevado que el esperado por los mercados».
La Alianza creía entonces que el megapréstamo serviría para bajar las tasas de interés y acelerar el crecimiento económico. El Fondo Monetario, prometía que se iba a «recrear un mejor clima de inversiones en la Argentina».
Aquel megapréstamo sirvió apenas para estirar la agonía. La Alianza caía exactamente un año después.
Ahora también se trata de un sorprendente endeudamiento que superó las expectativas del propio equipo económico, para euforia de Alfonso Prat-Gay, el ex JP Morgan que se mueve a sus anchas en el mundillo financiero en el que pertenecer tiene sus privilegios.
En medio de su celebración el ministro dejó escapar una línea que generó desilusión en los gobiernos provinciales y en los empresarios que esperaban una reactivación ahora que hay fondos frescos al alcance. Prat Gay dijo que con esta emisión de deuda «las provincias podrán retornar al mercado de forma ordenada», sentando las bases «para que haya más empleo y que Argentina vuelva a crecer e iniciar el camino» hacia el objetivo de Pobreza Cero.
Los 16.500 millones de dólares conseguidos por la Argentina se convierten en la mayor cantidad de deuda emitida desde 1996 por encima de México, que había emitido en un solo año 16 mil millones.
Se trata de una cifra mayor a los 12.500 millones de dólares que había autorizado el Congreso de la Nación y también a los 15 mil millones de dólares con los que se especulaba en el mercado en los últimos días.
En total, Argentina recibió ofertas por 68.600 millones. «Es la demanda más grande de la historia argentina para un bono para un gobierno de mercados emergentes, y está posiblemente entre más de las 20 grandes de la historia para una emisión en general. Para un país que está en default es realmente impresionante», festejó Prat Gay sin mencionar que quizás la ansiedad por comprar bonos argentinos se debe a una política del Gobierno anterior, que permitió bajar el nivel de exposición al 43 por ciento del Producto Bruto Interno. Argentina hoy puede pagar porque tiene una deuda manejable y una relativa comodidad en los plazos.
Para tener una dimensión más cabal del “acuerdo” alcanzado, valen estos datos: en todo el año pasado los países emergentes se endeudaron por 30 mil millones de dólares. Argentina en un solo día, por 16.500 millones.
La pregunta es si esto da motivos para celebrar. Con la nueva emisión Argentina no baja su deuda, sino que aumenta -a pagar por tres décadas de futuros gobiernos- en una decisión que dejó en el camino los jirones de soberanía que se conservaban después de una larga y desigual lucha contra los buitres. Solo se cambió de acreedor. Solo alcanzó para que Macri sea considerado el “campeón de las reformas económicas” en la revista Time, en un artículo firmado por… Paul Singer, el líder de los fondos Buitres que litigaron contra la Argentina.
Esas reformas, llevadas al plano de la realidad, generaron una enorme transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía a través de la devaluación y el aumento de precios.
El cambio de modelo ha llevado a que el gremialismo pase de protestar por el impuesto a las Ganancias a que el país comience a preocuparse por el desempleo y la caída del consumo. Antes el trabajo se consideraba un «derecho». Ahora es una «bendición». Se pasó sin escalas del reclamo por Ganancias a la trinchera por los despidos.
¿Puede el nuevo escenario abrir una lluvia de inversiones? Las experiencias indican que la apertura financiera casi nunca se traduce en mejoras en la economía real. En la Argentina de hoy rinde más comprar bonos de deuda que invertir en una industria y pagar salarios. Y las empresas que quieren financiarse para seguir en la actividad, no pueden afrontar tasas del 38 por ciento, fijadas por el Banco Central.
Macri apeló a la solidaridad de los empresarios con una frase futbolera en la que el Estado es «responsable de cortar el pasto, poner los arcos, marcar las rayas y ayudar a que los argentinos metan goles». «Ustedes tienen que meter muchos goles para que haya trabajo en la Argentina», dijo Macri.
¿Alcanzará con la exhortación del Presidente a que los empresarios hagan «goles» y se animen a invertir? Para el hombre de negocios y para el capital, la prioridad es ganar dinero y si las condiciones financieras indican que se gana más con la especulación que con la producción, ese será el camino. Salvo que el Estado tenga un rol de «árbitro» que oriente la actividad económica, las inversiones y ponga un poco de equilibrio en el reparto de las ganancias.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa lanzó una dura advertencia sobre la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por la aceleración de la inflación, y por las altísimas tasas de interés del mercado, sumadas a la preocupación por 120 mil despidos ya reconocidos.
Prat Gay en cambio, asegura que nadie debe creer que «estamos en una etapa de ajuste» y considera que los despidos son apenas de una «sensación térmica» en la que la sociedad no debe creer demasiado. Antes había que pasar el invierno. Ahora es apenas una sensación térmica.
La Came señala que «hay empresas que no pueden resistir un ajuste tarifario brusco como el que se hizo», aunque entiende que «era necesario», pero «se hizo en forma brutal, sin gradualismo, dejando a muchísimas empresas mal paradas».
«Las PyMES se están financiando al 70 por ciento anual o más, transfiriendo cotidianamente hacia el sistema financiero y especulativo una masa de recursos que deberían ir a la producción y al empleo», explica.
“El sincerar termina siendo bofetazos por todos lados. La tasa de interés esta altísima para el sector productivo”, advierte el empresario forestal Nicolás Laharrague
La preocupación es compartida en Misiones, donde los empresarios, incluso aquellos que abiertamente hicieron campaña por el PRO, admiten que la caída de la actividad económica está haciéndose sentir en sus ventas, pero también en despidos por ahora «al goteo».
La discusión de precios de la yerba mate es el mejor ejemplo de cómo la especulación financiera atenta contra la producción.
Después de ponerse en pie de guerra por el precio fijado por la Nación, los productores revelaron que el sector industrial no cumple con lo pactado y emite cheques de pago con fecha para hasta dentro de un año. Mientras tanto, ganan poniendo dinero a plazo fijo en una bicicleta financiera que rinde una tasa de casi el 40 por ciento anual. Es mejor negocio, sin dudas. Pero se funde a los pequeños productores.
“Recurrimos a la Nación porque fue el Gobierno nacional el que generó la inflación y la subida de las tasas que superan el 50 por ciento anual para créditos, lo que vuelve imposible el financiamiento para la cosecha”, razonó Sergio Delapierre, director del INYM por el sector secaderos.
Ningún productor se anima a denunciar formalmente a las industrias por incumplimiento de precios, pero todos apuntan contra una empresa acopiadora de yerba que tiene domicilio fiscal en San Luis, -sí, en San Luis, a 1.500 kilómetros de Misiones- y que este acopiador en realidad no es más que intermediario de una gran yerbatera correntina.
Si el Gobierno provincial no tuviera un rol activo, el pequeño productor quedaría absolutamente desprotegido ante el sector intermedio e industrial. Pero la Nación debe adoptar una postura similar para que el negocio yerbatero no sea rentable únicamente para las cadenas de supermercados.
El laudo de Agricultura no dejó conforme a nadie. Apenas 4,80 pesos por un kilo de hoja verde contra cinco y monedas que ya había fijado el Inym como costos. En los supermercados un kilo de yerba arranca desde los 50 pesos.
Claramente hay un desequilibrio ante el que el Estado no puede hacerse el distraído. Por eso, el mismo gobernador Hugo Passalacqua, junto al ministro del Agro, José Luis Garay, se pusieron a la cabeza del reclamo yerbatero y fueron a plantearle al ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, la imperiosa necesidad de que se reabra el laudo y la Nación considere un precio más elevado.
La senadora Sandra Giménez aportó una mirada más cruda en el Congreso, donde le pidió al presidente del cuerpo, Federico Pinedo, el acompañamiento para reclamar un valor más alto: (Le pido) «que articule como presidente provisional, con el Ministro de Agricultura de la Nación, y eleven ese laudo mañana a 5,20 pesos!. Mire lo que le estoy pidiendo!, 40 centavos!! En eso nos han convertido ustedes!! En mendigos, no en trabajadores, en mendigos». Giménez advirtió que la Nación celebraba el pago a los fondos Buitre mientras se desentendía de los problemas más acuciantes.
Y en realidad, hay un doble juego que causa escozor incluso entre los PRO más convencidos. Durante toda la campaña el macrismo hizo foco en el déficit fiscal acumulado por el kirchnerismo lo que supuestamente motivó la eliminación de un plumazo de los subsidios a las tarifas eléctricas. Eso disparó un tarifazo que complica a las empresas y dañó severamente el bolsillo de muchos trabajadores.
La economía debía «sincerarse» y nadie podía vivir subsidiado. Salvo excepciones. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, enemigo declarado de los subsidios, desempolvó una vieja ley de la Dictadura para otorgar un subsidio de 3.500 millones de pesos a la producción y venta al exterior de hidrocarburos, para las empresas que ya reciben diez dólares por barril exportado. Es decir, el subsidio es una herramienta económica para beneficiar algún sector determinado.
Aunque dicen la palabra despacito, no sea cosa de que se los acuse de algo, los empresarios misioneros también quieren -con razón- un subsidio al precio del combustible para equiparar costos con lo que abonan los consumidores porteños. Mover un tractor en Misiones es tan caro que pasear en Buenos Aires.
El subsidio al combustible fue uno de los 24 puntos consensuados en la reunión del Gobierno provincial con las principales cámaras empresarias, para analizar cómo defender la producción y el empleo. De los 24 puntos, más de la mitad dependen de la decisión de la Nación.
Entre los puntos acordados figuran plantear al Gobierno nacional en función de la ubicación geográfica de Misiones y por las asimetrías fronterizas, la disminución de los aportes y contribuciones patronales o la alternativa de una mayor compensación las contribuciones patronales en el IVA (hoy del 75 por ciento y elevarla a un rango superior). También se propone reducir el precio del gasoil, equiparando con los valores que se pagan en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires y la tasa del IVA al 10,5 por ciento para todos los productos alimenticios primarios producidos en Misiones.
Asimismo se reclamará la suspensión del impuesto a los débitos y créditos bancarios hasta el 31 de diciembre de este año y volver a implantar el reintegro a las exportaciones como medida de fomento de esta actividad.
En cuanto a las fronteras, se plantea fortalecer los controles de las actividades de contrabando de países vecinos y reimplantar el régimen de habilitaciones ordinarias para exportaciones que realiza la Afip-Aduana.
También se pide mantener el programa de Sostenimiento del Empleo a través del APF y el subsidio para la vacuna de la Aftosa.
En materia de financiamiento, los empresarios reclamaron agilizar la línea de créditos destinados a las Pymes, a través del BICE e implementar y socializar los programas para descargar aportes y contribuciones para el primer empleo, además de flexibilizar los planes de pago de la AFIP.
Finalmente, y como reclamo común de todos los sectores económicos, insistieron en la necesidad de una tarifa eléctrica diferencial para el sector productivo de Misiones.
En cuanto a las políticas de la Provincia, se planteó la necesidad habilitar los puertos, generando la hidrovía como medio de transporte alternativo y el Gobierno dio una respuesta que dejó sorprendidos a los empresarios: en mayo se hará una ronda de negocios con potenciales inversores y la Provincia estaría dispuesta a invertir unos 30 millones más para la habilitación definitiva del puerto de Santa Ana.
La Provincia también gestionará nuevas líneas crediticias desde el Banco Macro, con diferentes líneas como Fondo de Garantía Recíproca, y analizará la flexibilización de algunas normativas de la Dirección General de Rentas sobre el régimen de pago a cuenta de ingreso de productos a la provincia para que no genere distorsiones en las actividades económicas, y no gravar sensiblemente con multas relevantes por cuestiones formales.
También se acordó promover el consumo de productos misioneros y agilizar la implementación del subsidio a la tarifa eléctrica que deben otorgar las Cooperativas eléctricas del interior de la provincia.
Lejos de la euforia por el virtual fin del default, los empresarios locales advierten que si no se toman medidas perentorias, la actividad económica entrará en un declive muy difícil de revertir. Por ahora registran una caída en las ventas y mayores costos.
Los hombres de negocios aseguran que en Misiones todavía no hay despidos masivos, pero sí registran suspensiones de uno o dos días, especialmente en las empresas del norte de la provincia vinculadas al sector forestal.
“Por goteo”, definió un funcionario de la cartera de Trabajo, pero que después se convierte indefectiblemente en despido.
Los empresarios piden hasta con «vergüenza» el subsidio a los combustibles y aseguran que el resto de las medidas está «dentro de la legalidad» del pago de los impuestos. Pero consideran fundamental la reducción de los aportes patronales y otras medidas fiscales para incentivar el primer empleo.
La carga impositiva laboral es alta y alcanza al 65 por ciento en el sector comercial, por lo que un salario de diez mil pesos en realidad termina costando 16.500 pesos, entre lo que abona la patronal y el trabajador.
En el encuentro realizado el viernes entre las cámaras empresarias y los ministros del Gobierno vinculados al área económica, quedó claro que las soluciones dependen esencialmente de lo que decida la Nación. Muchos de los empresarios acompañaron decididamente al «cambio» y aunque aseguran seguir confiando en el Gobierno de Macri, son escépticos en cuanto a soluciones inmediatas.
De hecho, en los primeros meses del año y después de varias reuniones e incluso la visita presidencial, no hay resultados palpables que justifiquen la gobernabilidad garantizada desde Misiones a través del respaldo en el Congreso a las leyes que pide el Ejecutivo. Por ahora, son buenas intenciones que no se traducen en recursos ni en nuevas obras de infraestructura. Tampoco esperan, ni empresarios ni el Gobierno provincial que el fin del default con los Buitres cambie demasiado el escenario.
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán sostuvo que «el paradigma cambió, antes el Gobierno Nacional tomaba la deuda, se hacía de los recursos y le daba a las provincias los fondos para las obras, ahora eso ya no va más, el nuevo paradigma es que cada provincia tiene que conseguir sus propios recursos para obras, el Gobierno Nacional lo que hace es facilitar las condiciones para que las provincias puedan salir a buscar los recursos», explicó Safrán.
El funcionario señaló que “hasta el año pasado se celebraba el desendeudamiento, y hoy se celebra tomar deuda” y advirtió que “no hay que perder el eje”.
“La verdad que Misiones padeció lo que fue el endeudamiento irresponsable, la Argentina también lo padeció con la Dictadura y en la década del 90, y después tuvo que venir un presidente como Néstor Kirchner para hacerse cargo y reestructurar esa deuda. Lo que sí celebro es que esto facilita la posibilidad de que inversores extranjeros vengan al país», dijo Safrán, demostrando su cautela ante la euforia que mostraron algunos funcionarios nacionales, como el ministro Alfonso Prat Gay, ante el pago a los fondos buitres.
El nuevo escenario será el eje del discurso del gobernador Hugo Passalacqua la próxima semana en la Legislatura, donde por primera vez, será el encargado de abrir las sesiones ordinarias. Passalacqua hará un repaso del estado de situación de la Provincia y proyectará el plan de acción en un contexto más difícil de lo esperado. “Es tiempo de vacas flacas”, sentenció esta semana. El anunció más trascendente podría ser la creación del Banco de Fomento para inyectar recursos a la producción local.
