Antes de que el fiscal Federico Delgado pidiera detenerlo, Adrián «El Pollo» Conci, jefe de la productora Dell, habló como testigo en la causa. La responsabilidad de Prefectura y sus insólitas explicaciones sobre la droga y el «aguatero Alejandro».
Por lo menos, Adrián Leonardo Conci se había quedado en su lugar en vez de huir. El fiscal Sandro Abraldes, el primer fiscal de la causa, lo encontró entre el caos de la fiesta electrónica el sábado pasado en Costa Salguero. Ya era de mañana, luego de los primeros pedidos de auxilio al SAME con dos muertos ya confirmados y otros tres a punto de perder la vida en hospitales porteños.
Propietario de Dell Producciones SA según él mismo, presidente de la firma de acuerdo al Boletín Oficial junto al director suplente Diego Hernán Herrera, Conci, de 42 años, con domicilio en Morón, admitió ser el creador y productor general de la Time Warp. También dijo ser parte de otros grandes eventos de la noche electrónica local como Moon Park y la multitudinaria Creamfields. Admitió haberse encargado de las habilitaciones, los permisos, las contrataciones y la publicidad.
Era un rótulo incómodo para Conci, alias «El Pollo». La fiesta, la mayor tragedia en 20 años de historia de la música electrónica en Buenos Aires desde la llegada de las primeras raves a fines de los 90, básicamente era él. Hoy, tres días después, luego de una declaración de incompetencia del fiscal Abraldes ante las claras señales de narcotráfico en el marco de muertes de jóvenes a causa de drogas químicas, el expediente, con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad del doctor Diego Iglesias, llega a manos de Federico Delgado y Sebastián Casanello en Comodoro Py. A horas de entrar al expediente, Delgado pidió a Casanello que Conci sea detenido.
«En efecto, según informaron los testigos, al ingresar al lugar, si bien había personal de seguridad, lo cierto es que no se solicitaba la exhibición del DNI y la revisación era escasa y a medida que el caudal de gente aumentaba, era menor y de forma más superficial. Ni bien se ingresaba los vendedores de drogas recibían a la gente ofreciendo ‘keta, LSD, éxtasis, cocaína y Superman’. El lugar además estaba hacinado, con poca ventilación, hacía calor y escaseaban las bebidas a medida que los concurrentes las necesitaban. Por ello muchos tuvieron principio de asfixia. Pero no solo se racionó la venta de bebidas. También, según algunos testigos, la red de agua corriente se cerró a la madrugada. Para completar el cuadro, los organizadores fueron indiferentes a las convulsiones de las víctimas. Durante 15 minutos sólo miraron y oyeron los gritos de auxilio de los demás. Cuando llegó el SAME en parte era tarde», escribió Delgado en el oficio que libró.
«Venta de drogas organizada» es un término repetido en el texto. «Lo expuesto demuestra que hubo una actuación deliberada en la que la vida se subordinó a la decisión de lucrar con la venta de drogas y todo ello terminó con la muerte de cinco personas. Este comportamiento, repetimos, cuyo resultado fue la muerte de cinco personas, tiene consecuencias penales», continuó el fiscal en un tono severo.
Lo cierto es que Conci ya habló: lo hizo horas después de la tragedia, no como imputado, sino como testigo ante el fiscal Abraldes. Lo que dijo fue por lo menos de interés para la causa. Detalló algo que es una de las principales preocupaciones de Casanello y Delgado: la red de empresas y responsabilidades alrededor de Time Warp.
Mencionó por ejemplo a Siseg SRL, la empresa de seguridad privado que contrató y que consta en el oficio firmado por Delgado, a Prestaciones Niamey, encargada de vender agua, cerveza, y energizante con champagne. También, a la Prefectura Naval Argentina, contratada como adicional. Había pagado, según su relato, 100 mil dólares en cachets de DJs de renombre como Sven Vath, por ejemplo. Su negocio era la venta de tickets, sponsors: de 8 a 10 millones de pesos de venta es un número aceptable en sus cálculos de ganancia.
Conci dijo que Prefectura, con 40 efectivos se encargaba de los cacheos profundos, tarea que le correspondía por ley según su entendimiento, que no dependía de él. «El cacheo se hace si Prefectura quiere hacerlo», admitió. De lo único que se ocupaba la seguridad privada contrataba por él, según sus dichos, es que la seguridad revise, con permiso de la gente, bolsos, sacos grandes, o se le pide permiso si puede revisar para que no entre nada peligroso. Que incluso le pidió a un prefecto que realice el control, pero que no tenían gente. Por otra parte, afirmó que sin el permiso de Prefectura no puede dar comienzo al evento y que los efectivos no están dentro de los pabellones sino en sus entradas.
El agua se vuelve un ítem preocupante: afirmó que todos los baños «de material» tenían agua corriente, algo que él mismo controló y que por ordenanza municipal instaló cuatro puestos de hidratación, que, creía él, cada puesto tenía más de 100 bidones de 20 litros de agua. Mencionó una figura en particular: el «aguatero Alejandro», del cual entregó un número de Nextel. Negó problemas con el agua y falencias en los puestos hidrantes, que incluso le sobraron bidones de 20 litros. Sin embargo, admitió que no pudo hacer «el arqueo correspondiente», pero que tiene un muchacho que lo hace por él, «el aguatero Alejandro» mismo. Esto es una contradicción fuerte con múltiples testimonios que afirmaron que el agua se cortó a mitad de la noche.
También, antes de retirarse, cuando el pedido de detención en su contra ni siquiera era un cálculo, entregó el nombre y el teléfono de su jefe de seguridad: Gustavo, alias «Toto», una figura que puede volverse crucial en el expediente tras la gran cantidad de testigos y familiares de víctimas que llegaron hoy al despacho del juez Casanello en Comodoro Py.
Las drogas sintéticas en la noche no son algo nuevo para el fiscal Delgado. Cada año, el fiscal envía efectivos policiales a la fiesta Creamfields en busca de estupefacientes. La última vez, halló 133 pastillas de éxtasis entre otros químicos, en un operativo de la PFA que arrojó once detenidos. El año pasado, elevó a juicio una causa que había comenzado a investigar junto a su equipo en 2013, en la que intervino la Policía Metropolitana, con intervención de celulares y otras tareas realizadas por la división Cibercrímen sobre una banda de cuatro ciudadanos dominicanos y dos argentinos con casi cuatro mil pastillas de éxtasis en su poder. Por lo pronto, esa es la preocupación de la Procuración de Narcocriminalidad: establecer quiénes vendieron las pastillas que le costaron la vida a cinco jóvenes y sus líneas de abastecimiento.
Por lo pronto, ya hay una primera jugada: Conci presentó ante la Justicia un pedido de eximición de prisión. El abogado defensor de su empresa es Fernando Burlando.
