Exigen que el Inym denuncie al ministerio de Agroindustria de la Nación por haber definido precios para la yerba mate por debajo de los costos y que convoque nuevamente a la sesión de precios. Volvieron a denunciar que molineros se valen de acopiadores para incumplir los precios oficiales y pagar a plazos que llegan a los 10 meses. Reclaman una reunión con el ministro Ricardo Buryaile. El paro de cosecha se extenderá durante diez días, cumplido ese plazo los productores volverán a reunirse para definir los pasos a seguir.
En una asamblea que reunió a más de 300 personas, entre productores, tareferos y cuadrilleros, el sector primario yerbatero de Misiones decidió paralizar la cosecha. La medida se mantendrá al menos durante diez días durante los cuales no permitirán que circulen camiones cargados con yerba mate. Pretenden que en esos diez días los reciba el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, luego convocarán a una nueva asamblea en la que resolverán la continuidad de la protesta.
Los productores están disconformes con los precios laudados por el Gobierno nacional, que representan un incremento de 12 por ciento en relación a los vigentes durante el semestre pasado, mientras que la grilla de costos elaborada por el Inym marcaba un incremento de 24 por ciento. Además volvieron a denunciar que la industria está incumpliendo los precios y paga a plazos que en muchos casos superan los diez meses.
Para corregir el laudo de Nación que fue considerado por los productores como un atropello, la asamblea definió dos cursos de acción: por un lado denunciarán ante la Justicia al ministerio de Agroindustria por haber establecido precios que están por debajo de los costos y exigieron al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que se sume a esa denuncia, teniendo en cuenta que el laudo vulnera los costos calculados por el propio instituto. Por otro lado, instaron al presidente del Inym, Luis Prietto, quien estaba presente en la asamblea, a reabrir la mesa de concertación para intentar definir a través del acuerdo, un precio que deje conformes a todos.
Contra la Nación y los acopiadores
Los productores plantearon además la necesidad de eliminar la figura del acopiador de yerba. Argumentan que la molinería se esconde detrás de estos intermediarios para incumplir los precios oficiales, tanto en montos como en plazos. “El acopiador generó manoseo, eso hace que no se conozca quién es el que compra en realidad, pedimos que se elimine esa figura dentro del Inym”, remarcó Julio Peterson, dirigente rural de Andresito.
Varios productores que tomaron la palabra en la asamblea, apuntaron particularmente contra la empresa Servicios Agrícolas Comerciales, que insólitamente tiene sede en Villa Mercedes, provincia de San Luis, a la que acusan de comprar hoja verde muy por debajo de los precios oficiales y con cheques a plazos que llegan a superar los 300 días. Afirman que toda esa materia prima termina en los galpones de la yerbatera más grande de Corrientes.
Pero el Gobierno nacional fue el principal blanco de las críticas de los yerbateros, uno de los que tomó la palabra en la asamblea fue Ricardo Pereira, productor de la zona Centro, quien sin medias tintas afirmó que “la política del Estado nacional nos está haciendo mierda”.
En la reunión estuvo presente el ministro del Agro, José Luis Garay, quien aseguró que el Gobierno provincial respaldará a los productores en sus reclamos y advirtió que siempre que el precio de la yerba debe ser definido por laudo, el productor pierde plata. El funcionario lamentó que no se haya podido llegar a un acuerdo en la mesa del Inym. Aseguró que la Provincia hizo todas las gestiones posibles para que el ministerio de Agroindustria respetara la grilla de costos del instituto, según la cual los precios deberían aumentar al menos 24 por ciento, pero la Nación, que según Garay en un principio solamente estaba dispuesta a otorgar una suba de 5 por ciento, accedió a otorgar una mejora de solo 12 por ciento.
El funcionario se refirió puntualmente a la denuncia de los productores, que exhibieron cheques de pago diferido emitidos por la mencionada empresa con domicilio fiscal en San Luis. “El que paga con un cheque de 2.200 pesos a 10 meses no merece trabajar en esta provincia”, sentenció.
Sin denuncias
Por su parte, el presidente del Inym, Luis Prietto, cuestionó que a pesar de las múltiples expresiones de los productores en relación a incumplimientos de precios, al día de hoy no haya ninguna denuncia formal presentada ante el instituto. “Nadie debe vender por debajo del precio oficial, si lo hacemos y encima no lo denunciamos, entramos en complicidad”, remarcó el funcionario.
En respuesta, varios productores interrumpieron la alocución de Prietto, disconformes por lo que entendieron como una acusación y exigieron más rigor por parte del instituto en las tareas de inspección. “No podemos denunciar a los molineros, tenemos que vender sí o sí y acá nos conocemos todos, no podemos salir a dar nombres”, se excusó uno de los productores presentes en la asamblea.
Luego Prietto solicitó a los productores que presenten un pedido para reabrir la concertación de precios y aseguró que sería tratado a la brevedad por el directorio.
JRC EP
El Gobierno nacional considera que el laudo yerbatero benefició a los productores
