En el marco de la investigación por la ruta del dinero K, el juez Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva al empresario Lázaro Báez, a su hijo Martín, a Daniel Pérez Gadín, y a César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Perez Gadin. Asimismo, el magistradoordenó trabar embargos por 100 millones a todos los imputados, menos al hijo de Pérez Gadín, a quien lo embargó por un millón de pesos.Remarcando la necesidad de recuperar activos, Casanello ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma «Top Air», así como la inmovilización y congelamientos de todos los fondos de las cuentas bancarias de aquellos. Casanello dispuso asimismo la tasación de más de cincuenta inmuebles pertenecientes a los procesados (principalmente atribuidos a la familia Báez) conformados por viviendas, lotes y chacras: igual medida adoptó respecto de las firmas «SGI Argentina S.A.», «Helvetic Services Group S.A.» y «OACI S.A.».
Las imágenes de los videos de «La Rosadita», donde los imputados contaban millones de dólares en efectivo, fueron determinantes para construir la acusación: Báez habría lavado mediante la financiera SGI plata de la evasión fiscal de Austral Construcciones, por lo que Casanello investiga una maniobra con facturas apócrifas que involucraría a la AFIP, por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico. Por ese motivo, citó a declaración indagatoria a Echegaray y al ex titular de la Dirección General Impositiva de la AFIP, Rubén Ángel Toninelli, para el 3 y 4 de mayo respectivamente, y decretó además la prohibición de salida del país para ambos.
