El Consejo de Administración de la prestataria de los servicios de energía y agua potable de Oberá, resolvió acogerse al procedimiento preventivo de empresa en crisis ante la imposibilidad de dar respuesta a cuantiosos compromisos, algunos de ellos ya judicializados y con fallos firmes en contra de la cooperativa. Sobre la entidad pesa un pasivo de 250 millones de pesos, una intimación de la Afip por un monto que supera los nueve millones de pesos, un fallo en contra en un juicio que le iniciara el municipio local y atrasos en los pagos a su personal.
La Cooperativa Eléctrica de Oberá Limitada (CELO) pidió iniciar procedimiento preventivo de crisis ante la imposibilidad de afrontar compromisos millonarios con distintos acreedores. La entidad inició el trámite en la oficina local del ministerio de Trabajo de la Provincia, que ahora deberá determinar si el pedido es justificado, en cuyo caso, la CELO quedará habilitada para reducir sus costos laborales aplicando medidas como reducción de jornadas o suspensiones y además podrá iniciar trámites para acceder a beneficios como el plan Repro, que prevé que la Nación pague parte de los salarios del personal.
Para aprobar el pedido de procedimiento de crisis, la cartera que conduce Carlos Agulla deberá determinar si hay riesgo cierto de que se produzcan despidos por los argumentos expuestos por la CELO.
De autorizarse a la cooperativa a llevar adelante el procedimiento, esta deberá mostrar sus números y, con la mediación del ministerio de Trabajo, se abriría una instancia de negociación con el objetivo de normalizar la situación de la entidad.
Según el último balance que presentó a fines del año pasado, la Celo arrastra un pasivo que supera los 250 millones de pesos y afronta compromisos urgentes con proveedores y con su personal, entre otros acreedores.
A este pasivo hay que sumar dos reveses judiciales que se acumularon en lo poco que va de 2016. El primero de ellos corresponde a un juicio promovido en 2011 por el municipio de Oberá por pago de tasas e impuestos. El reclamo inicial es de seis millones de pesos, a lo que habrá que sumar intereses y costas.
El segundo fallo en contra responde a una demanda presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que reclama una deuda por Impuesto al Valor Agregado y Ganancias. En este caso, la deuda total, incluidos capital, intereses y costas, superaría los nueve millones de pesos.
Con los dos fallos contrarios en etapa de ejecución, desde la Celo reconocieron que no disponen del dinero suficiente para enfrentar los pagos que reclaman sus acreedores, ya que sus ingresos a duras penas le permitirían cubrir los gastos operativos del día a día.
Ante este panorama, entendieron que la única vía posible para evitar la quiebra de la entidad, es acogerse a un procedimiento de crisis y así poder gestionar ayudas que permitan recuperar financieramente a la cooperativa.
JRC EP
