Camino allanado

Después de quince años, la Argentina está a un paso de cerrar el capítulo negro del default. El costo del acuerdo final con los Fondos Buitre será muy alto, pero también lo era seguir fuera de los mercados y pagando elevadas tasas por el acceso al crédito en momentos en que el flujo de dinero no es tan accesible para los mercados emergentes.
En el Congreso, el presidente Mauricio Macri consiguió los respaldos necesarios para derogar las leyes que pedía el juez neoyorquino Tomas Griesa para sellar el acuerdo con los capitales especulativos. El jefe de Estado tiene el camino despejado para cerrar un acuerdo con los Fondos Buitre y lograr así su primer hito de gestión. Pagar lo que diga Griesa, como decía en la campaña.
Argentina cambia de rumbo después de una década de lucha directa contra los capitales especulativos que compraron la deuda en default a un precio de baratija para después pretender en los estrados judiciales, cobrar los bonos al valor nominal. Paul Singer, la cabeza más visible de los Buitres, «invirtió» menos de 50 millones de dólares en la compra de bonos, mayoritariamente emitidos en el Megacanje que Fernando De la Rúa anunciaba como el fin de todos los males de la Argentina. Tras el fallo de Griesa, Singer y sus aliados cobrarán 15 mil millones de dólares.
La Argentina, durante el kirchnerismo, inició una dura batalla contra los especuladores y marcó una tendencia mundial que ahora el propio país desecha. El giro no se explica únicamente por la inclinación política del Presidente, sino porque, como toda batalla, el desgaste fue enorme. El enemigo, en este caso, jugaba con el tiempo a favor. El país, en cambio, necesita con urgencia la inyección de recursos.
Durante algunos años se pudo hacer frente a vencimientos con las reservas e incluso se logró cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero las reservas están agotadas y el país está sin crédito para financiarse o pensar en desarrollo, incluso desde antes del cambio de gobierno.
Según datos de la Fundación Mediterránea, hasta 2014, la necesidad de financiamiento del sector público nacional fue cubierta casi en su totalidad por el Banco Central, con uso de reservas externas y emisión monetaria. En 2015, este recurso resultó insuficiente, por lo que el Tesoro debió recurrir a distintos mecanismos de endeudamiento por el equivalente a 2,8 % del PIB. Esta tendencia se agrava en 2016, ya que la necesidad de financiamiento del sector público nacional se estima en 6,2 % del PIB. Una fracción de esos compromisos será nuevamente cubierta por el Banco Central, que prevé una emisión de 160 mil millones de pesos. Dada la magnitud del resto de las necesidades de financiamiento, de no resolverse el problema de los fondos Buitre, haría falta un ajuste fiscal del orden de los 300 mil millones de pesos, o ampliar la emisión hasta un equivalente del 74 % de la base monetaria de fin de 2015. Lo primero parece impracticable después de los ajustes ya aplicados en los tres primeros meses de gestión y lo segundo no va en línea con lo que sostiene el PRO, ya que la emisión «alimenta» la inflación.
La necesidad de financiamiento en moneda extranjera del Tesoro nacional se ubicará en torno a los 16 mil millones de dólares anuales a partir de 2017, incluyendo en esta proyección la normalización del problema de la deuda en el transcurso de los próximos meses. Si el gobierno cumple el programa fiscal y monetario anunciado para el período 2016/19, la deuda pública podría estabilizarse en los próximos años en un nivel confortable, entre el 52 y 53 % del PIB, en la medida en que la economía pueda crecer a una velocidad crucero de 3,3 % anual.
La consultora sostiene que de haber tenido acceso al crédito internacional, y por tanto refinanciado los vencimientos de la deuda, Argentina hoy tendría 92.653 millones de dólares en reservas, en lugar de 28.167 millones.
La diferencia de 64.000 millones fue retirada del Banco Central mediante la colocación de Letras Intransferibles, las cuales tienen un rendimiento prácticamente nulo.
A fines de 2015 el Tesoro canceló letras por 13.700 millones con un bono del Tesoro, los cuales le permitirán al BCRA realizar operaciones de mercado abierto e influir en las tasas de interés locales.
El documento firmado Marcelo Capello y Néstor Grión, indica que si el Gobierno cumple con el programa de reducción del déficit fiscal anunciado, la nueva deuda que deba emitir cada año podría resultar sustentable en el tiempo, estabilizándose en torno a 52-53 por ciento del PIB, suponiendo un crecimiento del PIB del 3,3 por ciento anual promedio entre 2016 y 2019. Esto en base al programa fiscal y financiero anunciado por el gobierno. En cambio, si luego la emisión de deuda resulta superior o si la economía crece menos que el supuesto adoptado, el sendero del endeudamiento podría devenir no sustentable en el tiempo.
«Es una ley fea, mala, que es el símbolo de la derrota. Es una sentencia con rasgos injustos y que cuesta mucha plata. Pero es el único camino que queda. Una vez que tenés una sentencia, tenés que cumplirla. Este Gobierno avisó que una de sus prioridades era arreglar con los Buitres, ganó las elecciones y hoy pidió el acompañamiento», argumentó el diputado nacional por Misiones, Maurice Closs, cuyo voto sorprendió en el Congreso por su «pertenencia» al kirchnerismo.
El argumento es compartido por diversos sectores políticos. «Es un acuerdo malo y caro, pero inevitable», dijo Roberto Lavagna, el ideólogo del canje de deuda de 2005, hoy enrolado en el massismo. El ex ministro de Economía recordó que Néstor Kirchner para comenzar a arreglar 90.000 millones de dólares de deuda, emitió 35.000 y «ahora para resolver menos de 5.000 millones, se emiten 12.500 millones. Las cifras son elocuentes».
José Luis Espert, uno de los economistas más duros y escuchados por el PRO fue mucho más severo. «La clase política otra vez nos fumó en pipa», fustigó y señaló que el acuerdo con los Buitres «nos pone ante dos obligaciones: una es devaluar para poder repagar la deuda y la otra es hacer un ajuste fiscal. Es pan para hoy y hambre para mañana».
El economista cuestionó además que se vuelva a colocar deuda como en los 90, «algo que fracasa en el largo plazo».
El voto de Closs y el de todos los diputados de la Renovación, marca en cambio, el debut absoluto del concepto “misionerista” que se había sugerido desde el año pasado. No hay ruptura con el Frente para la Victoria, sino una diferenciación en los temas que se consideran beneficiosos para Misiones.
Está claro que la gestión, con un gobierno nacional en contra, no es la misma que lo que fue con Cristina o Néstor o pudo haber sido con Daniel Scioli. Por eso, la promesa de mayor ajuste que hizo Macri si no le aprobaban el acuerdo con los Buitres, terminó de definir las convicciones.
El lunes hubo un encuentro entre el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira y los diputados nacionales, con Closs a la cabeza, para terminar de definir el voto positivo, que también requería el gobernador Hugo Passalacqua. “Votar gobernabilidad debe ser la regla y no la excepción de todos los políticos”, definió Rovira. Para el ex gobernador, el pago a los Buitres es para Macri “la ley fundante de esta nueva etapa política y económica, necesaria para salvar al país y evitar la hiperinflación y la entrada en recesión”.
El Gobierno provincial necesita con urgencia la reactivación del envío de recursos, mientras negocia por los recortes a la coparticipación. Eso fue lo que expuso Passalacqua en el Senado, donde argumentó que “esta decisión se enmarca en un tema de estadística sociológica: Misiones es la provincia más joven del país, el 40 por ciento de la población tiene menos de 18 años, el promedio de la edad del misionero es de 20 años y por esos chicos, que están en vísperas de entrar al mundo del trabajo, tenemos una necesidad de infraestructura que no tiene ninguna otra”, al tiempo que destacó “la responsabilidad del Estado de acompañar ese crecimiento y evitar la marginalidad para una provincia que sólo quiere salir para adelante”.
En ese contexto, votar gobernabilidad es una herramienta para discutir en mejores condiciones. De hecho, el propio Gobernador le pidió a Macri la revisión de las tarifas energéticas para Misiones, una de las provincias más desfavorecidas por el reparto de infraestructura, pero castigada por igual con el tarifazo decretado en enero.
En Chaco, donde Macri encabezó un acto con los gobernadores del Norte, el Presidente le agradeció a Passalacqua el voto misionerista, lo que genera una mejor sintonía futura.
Los puristas del kirchnerismo aseguran que por lo menos podría haberse «peleado» más en la pulseada con los Buitres, pero los que siguen en la gestión, advierten que sin arreglo la agonía se extendería innecesariamente.
Pragmáticos, los gobernadores, mayoría opositora, prefirieron acompañar el acuerdo con los Buitres para garantizar gobernabilidad y esperar que después se concrete la prometida lluvia de inversiones que reactive una economía estancada. En última instancia, si el único plan oficial fracasa, la responsabilidad será del Presidente, quien por estas horas celebra haber salido del «aislamiento».
Tiene motivos para celebrar. No sólo hay bancos dispuestos a prestarle nuevamente a la Argentina, sino que días antes de venir, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, elogió la decisión de Macri de ordenar las cuentas.
El nuevo endeudamiento tuvo un trámite rápido en Diputados, con el apoyo de varios diputados opositores y el respaldo implícito de quienes están en cargos ejecutivos y que, como el propio Macri, necesitan gobernabilidad. Lo mismo sucederá en el Senado, pese a que el Frente para la Victoria tiene allí una ostensible mayoría.
«Podemos defender abstracciones heroicas y simbólicas en debates, pero no son reales. La única verdad es la realidad», aseguró Juan Manuel Irrazábal, el senador que también votará en contra del mandato del Frente para la Victoria.
Irrazábal pidió desideologizar el debate, en una rara confluencia con la «ideología» que domina al oficialismo: el pragmatismo.
Es pragmático recordar, también, que entrar en un proceso de endeudamiento no abre las puertas de un círculo virtuoso. La historia marca que, por el contrario, es dependencia lo que acarrea.
Las últimas experiencias de la misma Argentina advierten que el ciclo de endeudamiento iniciado en los 90, no solucionó ninguno de los problemas de la Argentina, sino que profundizó desigualdades y asimetrías internas y después terminó en una explosión de pobreza, desempleo y dependencia.
El default declarado en 2002, que dio vida al conflicto con los Buitres, no fue un hecho aislado, sino que obedeció a la imposibilidad de la Argentina de hacer frente a sus compromisos externos mientras la situación social se incendiaba.
De todos modos, aunque con paralelismos y hasta mismos protagonistas, la situación actual no es igual a aquella.
El país está relativamente desendeudado y la situación social, aunque compleja, lejos está de ser explosiva pese a la «herencia» denostada. Tampoco hay, por ahora, un ánimo de aprobar cualquier tipo de endeudamiento.
Los diputados autorizaron únicamente lo necesario para pagarle todo y con intereses a los Buitres, pero no mucho más. Serán cerca de 15 mil millones de dólares destinados únicamente al pago de la deuda en litigio. Sin embargo, todo indica que el Gobierno pedirá un endeudamiento similar antes de fin de año para blindar su gestión de financiamiento.
La esperada lluvia de inversiones no está garantizada, pero el Gobierno estaba necesitado de una inyección de optimismo tras unos primeros cien días que no tuvieron muchas «buenas noticias» que comunicar. Ponerle fin a este conflicto es el primer gran motivo para celebrar justo en momentos en que llega una visita tan promocionada como la de Obama, quien pasará un par de días en el país justo durante el 40 aniversario del último golpe de Estado en la Argentina.
Para calmar a los críticos y defensores de los derechos humanos, el presidente de Estados Unidos anunció la desclasificación de los archivos secretos de su gobierno durante los años de plomo.
De este modo se podrá desentrañar el apoyo que tuvo la dictadura, el desarrollo del plan Cóndor e innumerables complicidades civiles. Hasta ahora se sabe con certeza de los respaldos que recibieron los militares, pero los archivos secretos permitirán dilucidar el grado de apoyo y los vínculos de la sociedad civil con las operaciones que sirvieron a los intereses de Estados Unidos en su combate al comunismo que alimentaba la Guerra Fría.
Esa reinserción en el mundo fue celebrada en Chaco, donde Macri anunció una serie de créditos para ampliar la Asignación Universal por Hijo y poner en marcha obras del plan Belgrano que todavía no están definidas.
Junto a varios gobernadores, entre los que estaba el misionero Passalacqua, Macri presentó los créditos del Banco Mundial por cerca de seis mil millones de dólares que serán destinados al desarrollo de infraestructura en el norte.
Passalacqua aprovechó el encuentro para reiterarle al Presidente la necesidad de que Misiones cuenta con una tarifa diferencia de electricidad, ya que carece de otra forma de energía para abastecer la demanda residencial o de las industrias, lo que conspira contra el desarrollo y el sostenimiento del empleo. Macri sorprendió al responder que “Juanjo se está ocupando”. Juanjo es Juan José Aranguren, el ministro de Energía encargado de poner en práctica el tarifazo y la quita de subsidios.
El impacto de ambas medidas no alcanza únicamente al consumidor o a los empresarios. La propia empresa de electricidad estatal debe afrontar un altísimo costo que disparó todas las alarmas. De los 50 millones pagados el primer mes sin subsidios y con aumento, ahora se deben abonar 76 millones de pesos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.
El contraste es mayor si se tiene en cuenta que durante la vigencia de los subsidios, apenas se abonaban 17 millones.
Por eso Passalacqua fue firme con la orden de achicar los gastos y realizar una auditoría para ver dónde se puede ahorrar recursos.
El directorio de Emsa tomó nota y comenzará mañana mismo con el plan de contención del gasto en paralelo a un plan de modernización para mejorar el control del consumo de los usuarios y evitar la fuga de energía.
Passalacqua, quien cumple hoy sus primeros cien días de gestión, sabe que el tarifazo tiene una fuerte incidencia en el empleo, su máxima preocupación. Por eso, ante un escenario nacional que por ahora se mantiene incierto, piensa en caminos alternativos para sostener los puestos de trabajo, reactivar la obra pública y el crecimiento económico que se venía registrando en los últimos años.
No es una tarea sencilla, ante la escasez de recursos nacionales. Pero Passalacqua entiende que fortaleciendo la producción de alimentos de parte de los productores locales, se puede lograr un doble objetivo de mantener las chacras en actividad -con la generación de riqueza que se quedará en la provincia y se redistribuirá- y contener la suba de precios que se registra diariamente en los supermercados. Además de trabajar con las Ferias Francas y el Mercado Concentrador, ya tradicionales a la hora de un consumo más barato, se podría sumar el Mercado Central, hasta ahora únicamente vendedor al por mayor.
Ya con nuevo presidente -Jorge Brignole se hizo cargo del Central-, hay un grupo de funcionarios analizando cómo modernizar el predio para que el cliente minorista pueda ir a comprar con tranquilidad.
Pasaron los primeros cien días de los nuevos gobiernos y la agenda estuvo marcada por las demandas de la sociedad ante un nuevo escenario económico que incluyó suba de precios, devaluación y pérdida de poder adquisitivo.
Llamativamente, la oposición misionera no parece tener las mismas preocupaciones. Macristas, peronistas disidentes y radicales, se sumaron en una alianza cuyo único objetivo es forzar una reforma política que elimine la ley de Lemas. Una agenda demasiado lejana de lo que el ciudadano está pidiendo.
El desprecio a la ley de Lemas se contradice con las actitudes de esa misma oposición: el Concejo Deliberante posadeño está presidido por un concejal que perdió las últimas elecciones y que sacó menos votos incluso que sus socios políticos que finalmente lo ungieron con tal de no darle la presidencia a la Renovación, que de la mano del intendente Joaquín Losada ganó en todas las mesas de la ciudad.

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