El Frente Renovador de la Concordia Social siempre se caracterizó por tener una visión estratégica con perspectiva. Siguiendo esa línea de pensamiento, siempre hemos apoyado las políticas, incluso desde el disenso, implementadas por el Frente para la Victoria (FpV).
Nuestro partido político fue uno de los primeros en respaldar en 2003 el plan de gobierno que promovió Néstor Kirchner, decisión que a muchos nos costó ser expulsados del PJ y ser catalogados de traidores.
A lo largo de estos 12 años hemos apoyado la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la derogación de la denominada ley Banelco de flexibilización laboral, reforma del Consejo de la Magistratura, ley de Financiamiento Educativo, la reglamentación de los DNU, la ley de Educación Sexual, la ley de Bosques, el boicoteado proyecto de retenciones móviles, la ley de Trata de Personas, la estatización de Aerolíneas Argentinas, la estatización de las AFJP, la creación del Banco de Datos Genéticos, la Movilidad Jubilatoria, la derogación de las penas de prisión por calumnias e injurias, la ley de Medios, la reforma política a través de la implementación de las PASO, la Ley Cerrojo y apertura apertura del canje de deuda, el Matrimonio Igualitario, ley de Glaciares, Identidad de Género, Muerte Digna, Femicidio, expropiación de YPF, y la controvertida Ley Antiterrorista a pedido de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otras tantas medidas que hemos votado.
Hace unos pocos meses el país fue a las urnas y decidió votar a un nuevo gobierno. Una de las bases del espíritu del Frente Renovador de la Concordia Social es el del respeto al voto popular. Siempre hemos creído que hay que contribuir a la gobernabilidad, sin dejar de aportar un debate crítico y siempre priorizando al pueblo de Misiones. Somos una oposición constructiva y racional.
Y una muestra palpable de que siempre hamos puesto al pueblo misionero como una prioridad es el resultado de todas las elecciones legislativas y para cargos ejecutivos, no hemos perdido ni una sola elección. Hasta hemos tenido, siempre, que enfrentarnos a las listas del FpV y pese a eso nunca cuestionamos y contaron con nosotros.
Nuestro partido tiene la obligación de conducir nuestra provincia, porque así lo votó el pueblo. Tenemos la obligación de hacer una evaluación con perspectiva a futuro, no somos adeptos a las estrategias cortoplacistas.
Soy consciente que acá hay que surfear una crisis y no podemos poner en riesgo la gobernabilidad de la provincia. En mi rol de Diputada Nacional por la provincia de Misiones, y siguiendo una estrategia partidaria, se ha decidido otorgar al nuevo Gobierno una herramienta para que pueda avanzar en la cancelación de la deuda con los fondos buitres.
Es una ley que se discutió, se han hecho modificaciones, tiene límites para el endeudamiento de 12.500 millones de dólares, y hay cláusulas para que no se toque un peso hasta que se haya consolidado el levantamiento de las medidas cautelares y una sentencia firme de la justicia de los Estados Unidos. También se contempló la obligación de que los nuevos bonos sean emitidos con cláusulas de acción colectiva para cubrir al país de nuevas demandas.
Sin dudas que no es la mejor negociación y que de haber ganado el FpV las elecciones a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires, hoy estaríamos ante una situación diferente.
Insisto en que se trata de una herramienta y no de un cheque en blanco, tampoco significa que desde el bloque del Frente Renovador de la Concordia Social vayamos a estar dispuestos a aprobar todo.
En lo personal, tengo grandes diferencias con el gobierno de Mauricio Macri, no es el modelo que me hubiese gustado que los argentinos elijan, pero así fue.
Ahora es la obligación del Presidente y de los gobernadores saber utilizar esta herramienta para que se cumpla una sentencia en una jurisdicción en que el propio Estado argentino decidió litigar, serán ellos los responsables en administrar correctamente los fondos para pagar la deuda.
El Poder Legislativo es el contralor por excelencia de los demás poderes del Estado, mediante el procedimiento legislativo, el control presupuestario, el control sobre el nombramiento de altos cargos, la creación de comisiones de investigación, la solicitud de pedidos de informes e interpelaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo y, como medida extrema, el inicio de juicio político contra el presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Personalmente no tengo nada que festejar y soy consiente que posiblemente pagaré un costo político, pero también sé que quiero lo mejor para mi provincia. Quiero que las obras públicas continúen, que los obreros de la construcción tengan tranquilidad, que se puedan pagar en término los sueldos a los docentes, empleados públicos y jubilados, que se sigan pagando las AUH, que nuestros pequeños y medianos productores se sientan respaldados y sobre todo que defendamos lo construido en todos estos años, que no fue un regalo de nadie, sino el producto del trabajo -con diferencias y coincidencias- del pueblo misionero.
Tengo un profundo respeto por los compañeros que han votado de manera diferente y voy a seguir trabajando por el bienestar de todos los misioneros con la mismas fuerzas y convicciones de siempre.
Diputados aprobó el pago a los fondos buitres
