«Por primera vez en 15 años Argentina empieza a salir definitivamente del default»

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, ratificó que Argentina alcanzó un preacuerdo con los fondos buitres “más agresivos” que tienen sentencia favorable contra Argentina en los tribunales de Nueva York, en el que se pactó el pago de unos 4.653 millones de dólares en efectivo, y que ahora la resolución del tema está en manos del Congreso, que deberá aprobar el entendimiento y derogar la ley «cerrojo» y de «pago soberano», en base a los dispuesto por el juez Thomas Griesa.

“Por primera vez en 15 años Argentina saldrá del default porque hasta ahora, todos fueron avances parciales”, dijo Prat Gay, para luego enfatizar que con este acuerdo Argentina se coloca «en la línea de largada para el crecimiento».

“Por supuesto que este preacuerdo está ad-referendum del Congreso. Confiamos en que tendrá apoyo, porque esto no es una cuestión de un gobierno, es de Estado”, dijo Prat Gay al anunciar el resultado de las negociaciones con los holdouts, durante un conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Hacienda en la que estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, del secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausilli.

El ministro explicó que el pago de este acuerdo “no implicará una pérdida de reservas” ya que se emitirán “dos o tres bonos a largo plazo” que se colocará entre un grupo de bancos, para cancelar la deuda.

El preacuerdo alcanza a los “fondos más agresivos” como Elliott (NML/Singer), Dart (EM Limited), Aurelius, Blue Angel, Olifant, y varios de los “me too”.

El entendimiento no incluye a los italianos representados por la TFA de Nicola Stock, que fue alcanzado en enero pasado.

Prat Gay adelantó que esta semana enviarán un proyecto de ley al Congreso que permita concretar los acuerdos y que “tanto el Gobierno Nacional como las provincias” querrán cerrar este capitulo y acceder al crédito internacional “porque no hay desarrollo de infraestructura sino hay financiamiento”.

Una vez que el Poder Legislativo apruebe el preacuerdo y derogue las leyes, el juez de Nueva York Thomas Griesa, levantará la restricción de pago que pesa sobre Argentina, por lo que podrá emitir nueva deuda y pagar los 3.000 millones de dólares que no pagó a tenedores reestructurados desde julio de 2013, cuando los fondos fueron bloqueados por decisión del magistrado.

Si bien el preacuerdo vence el 14 de abril, fecha para la cual el Gobierno debería tener los 4.653 millones de dólares para hacer frente el pago, Caputo explicó que “puede haber una prórroga si las negociaciones (con el Congreso y los bancos colocadores de deuda) están encaminadas”.

Una vez que el Congreso dé su visto bueno, Argentina emitirá una serie de bonos por hasta 15.000 millones de dólares “según la tasa”, advirtió Prat Gay, para hacer frente a estos pagos y tener dinero como para comenzar con obras de infraestructura que solo en este año requiere de 2.500 millones de dólares en inversión.

El ministro destacó que al actual equipo de gobierno “nos tomó ocho semanas resolver una cuestión que llevaba casi 15 años sin ser resuelta» y que “no hay muchos antecedentes de acuerdos judiciales con quita” que en este caso promedia el 25 por ciento, con un recorte del 40 por ciento en los intereses de los títulos impagos.

En la rueda de prensa también se señaló que queda todavía pendiente de acuerdo un monto equivalente al 15 por ciento de la deuda en default, por alrededor de 3.000 millones de dólares, que están en manos de otros tenedores, y a quienes se les mantendrá abierta la oferta hasta cerrar el tema.

Para Prat Gay este acuerdo pone al país “en la línea de largada para el crecimiento» y consideró que «si el gobierno anterior hubiera tenido esta actitud, hoy Argentina tendría 2 millones de empleos más de los que tiene».

“Argentina se está ensamblando de manera inteligente al mundo. Nosotros queremos volver a la normalidad, todo lo demás es verso», dijo Prat Gay quien aseguró que en un futuro Argentina podría estar recibiendo créditos “a una tasa cercana a la del Uruguay, del 4,5% anual”.

 

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