Sergio César Santiago renunció este lunes a su cargo como ministro del Superior Tribunal de Justicia tras los cuestionamientos por el cobro de sueldos en la Entidad Binacional Yacyretá.
Poco después, el gobernador de la provincia, Hugo Mario Passalacqua, le aceptó la dimisión a través del Decreto 134.
Santiago envió una carta al primer mandatario provincial explicando los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.
“A lo largo de mi vida laboral he forjado con trabajo mi buen nombre y honor. Durante más de seis años he tenido el honor de impartir justicia como miembro del alto cuerpo”, decía la misiva en el comienzo.
“Dese hace un tiempo se ha difundido una opinión que, ignorando toda consideración acerca de la habilitación legal del ejercicio de los magistrados de realizar comisiones especiales de estudio o de otra naturaleza o de la docencia, afecta mi ánimo y me convencen de apartarme de la función que ejerzo en aras del mantenimiento de la serenidad que debe primar en un Superior Tribunal de Justicia”, sostuvo.
Y añadió: “Por ende, con ese derrotero, para ratificar mi honorabilidad y en respeto del Poder Judicial, que anhelo sea cada vez mejor, tomo esta decisión irrevocable, esperando sea una contribución para impedir toda perturbación sobre el cuerpo que he integrado”.
Pedido del Colegio
La semana pasada, el Colegio de Abogados de Misiones había pedido la dimisión del funcionario judicial. “Recibimos la confirmación por parte de la EBY que se desempeñaba sin relación de dependencia a cambio de una retribución. Se trata de un contrato que estaría vinculado a la investigación y docencia para recursos humanos de Yacyretá”, dijo el presidente del ente que nuclea a los letrados, Martín Ayala.
“Queda claro que la actividad de la magistratura es incompatible con casi cualquier otro tipo de actividad, inclusive gratuita. Si bien es correcto que la docencia es una de las excepciones, pero respecto a la EBY no tiene entre sus fines la formación académica, esto es al menos sospechoso”, consideró.
Ante la OA
La solicitud del Colegio no fue la única novedad en torno del caso. El fin de semana, Emilia Itatí Juañuk y Ricardo Tomás Skanata difundieron la denuncia que sobre el mismo caso habían presentado ante la Oficina Anticorrupción a cargo de la licenciada Laura Alonso.
“De nuevo escándalo institucional que se ha cometido puertas adentro de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), lo que nos lleva hoy a los misioneros, a requerir se investigue por la Oficina Anticorrupción (OA) contrataciones realizadas durante la gestión del anteriordirector ejecutivo de esa entidad (Arq. Oscar Thomas), y que involucra nuevamente a un integrante del máximo tribunal de justicia de la provincia, el ministro Sergio César Santiago (ex asesor jurídico de la EBY)”, dice el escrito.
Y añade: “Santiago, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, desde el año 2012 mantuvo una vinculación contractual con el organismo dirigido en ese entonces por el Arq. Thomas, en forma paralela y concomitante a sus funciones en la alta magistratura provincial. Ese hecho, ha derivado ya, en un escándalo institucional de magnitud, lo que ha decidido al Colegio de Abogados de los misioneros, el día miércoles 24 de febrero último, reclamar la renuncia inmediata del Ministro de la corte provincial y anticipar el pedido de juicio político si así no lo hiciere. Conforme los antecedentes que se acompañan, es la misma EBY que informa, mediante copia del contrato, que el señor ministro, ha mantenido un doble cargo y recibido cuantiosos emolumentos (entre $30.000 y $45.000) mensuales desde el mes de mayo de 2012 al mes de abril de 2015, período donde ya había sido honrado con la Alta Magistratura Judicial”
“Como esta última contratación constituye una flagrante violación a las normas constitucionales de la Provincia, tanto el Colegio, como los firmantes de esta nota, hemos hecho reserva de exigir el juicio político al magistrado Santiago, ante la Cámara de Representantes de la Provincia, a cuyo fin va este pedido de investigación, que nos muniría de las pruebas contundentes para llegar a su destitución y luego, por supuesto, intentar recuperar los dineros mal habidos para el erario provincial y nacional”, sostiene.
Ayer el escándalo tuvo un nuevo capítulo: la renuncia del ministro.
Ahora, el Ejecutivo tiene dos vacantes a cubrir en el STJ. Trascendió que se tomará el tiempo necesario para elegir a los postulantes para esos cargos.
