El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, adhirió a la hipótesis de que el fiscal Alberto Nisman fue víctima de un homicidio por su denuncia contra la entonces presidente y su gobierno, y pidió que la investigación prosiga en la justicia federal, apartando a la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini, tal como reclaman las querellas.
“El objeto de la causa, de acuerdo a la prueba producida hasta el momento lo constituye la hipótesis de que Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio», sostuvo Sáenz en su dictamen ante el tribunal que debe resolver cómo continúa la causa.
“Al estar ante la sola posibilidad de que Alberto Nisman, el Fiscal que investigaba al atentado a la AMIA, y quien había denunciado a la entonces Presidente de la Nación, su Canciller y otros funcionarios, haya sido asesinado cuatro días después de esa denuncia, la investigación debería ser proseguida por la Justicia Federal», peticionó.
El escrito no es vinculante y será resuelto por el tribunal recién luego del 18 de marzo, tras la audiencia convocada para oÍr a los abogados de las dos querellas que apelaron la decisión de la jueza Palmaghini de continuar al frente la investigación.
Tras la feria judicial de enero, la jueza de instrucción rechazó el pedido de declararse incompetente y consideró que el reclamo de pasar la causa a la justicia federales “parece ajustarse más bien a sus deseos personales tendientes a lograr que la encuesta peregrine por una única y estrecha dirección, la hipótesis de homicidio”.
Palmaghini respaldó el criterio de la fiscal Viviana Fein, que condujo la investigación hasta mediados de diciembre, al afirmar que del cuadro probatorio recogido en el expediente “de modo alguno puede definirse qué fue lo que pasó”, es decir que aun no se sabe si fue un suicidio o un asesinato.
“Este es el primer dictamen de una autoridad judicial que avala nuestra hipótesis”, valoró hoy después de divulgarse la postura de Saénz el abogado Manuel Romero Victorica, que patrocina a la querella de la jueza Sandra Arroyo Salgado, madre de las hijas de Nisman.
Sáenz dio por cierto que la muerte del fiscal de la causa AMIA en su departamento de la torre Le Parc de Puerto Madero ocurrió en una “zona liberada”, como asevera Arroyo Salgado, aunque no aporta otros datos para esa valoración.
También adhirió al conjunto de argumentos desplegados por los abogados y peritos querellantes, tales como que la ausencia de rastros de pólvora de las manos de Nisman sería prueba “concluyente” de que no hubo suicidio sino asesinato.
En las 11 carillas de su dictamen, respalda también la teoría de que el cuerpo de Nisman fue movido, alterando la escena, en contra del dictamen de 13 peritos oficiales que revisaron los rastros y consideraron que el fiscal se encontraba solo dentro del baño y cayó para atrás trabando con su cuerpo la puerta.
«Los recurrentes sostienen con razón que la presencia en el departamento de Nisman del arma que le dio muerte no está avalada por una explicación lógica» debido a que las tres versiones dadas en la causa al respecto son «contradictorias y sólo podrían ser corroboradas o no por el fallecido”, sostuvo el dictamen.
Alude así a la declaración del informático Diego Lagomarsino, quien confesó haber prestado la pistola hallada bajo el cuerpo de Nisman, y la del custodio Rubén Benítez, quien también declaró que, en vísperas de su muerte, el fiscal le pidió que le prestara o comprara un arma.
Para el fiscal Sáenz, “no deja de ser una hipótesis atinada la frase de la querella: ‘La utilización de un arma amiga como arma asesina'».
Sostiene además que el departamento habría sido «limpiado» y por eso no había huellas dactilares salvo las de la víctima; su computadora personal fue manipulada y, «el contenido de su teléfono fue borrado».
También dio crédito probatorio de un asesinato a las declaraciones testimoniales de las entonces diputadas opositoras Patricia Bullrich y Laura Alonso, hoy funcionarias, de que Nisman “lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia, de sus acciones, y abocado a la presentación que iba a efectuar en el Congreso el 19 de enero, un día después de su muerte.
También consideró “seria presunción” del asesinato la localización del disparo, el hematoma en la zona occipital izquierda del cráneo, la lesión en la cara interna del tercio distal de la pierna izquierda”, y consideró “sólidas” las razones de la apelación.
Saénz integra el grupo de fiscales que, junto a los del fuero federal Guillermo Marijuán, Carlos Stornelli, Germán Moldes, Carlos Rívolo y Raúl Pleé, organizaron el año pasado la multitudinaria marcha del silencio del 18F.
Si la causa pasa al fuero federal, que es el de la propia Arroyo Salgado en la jurisdicción de San Isidro, el caso podría recaer en el juez Luis Rodríguez, que ya tramitó una denuncia por amenazas contra Nisman.
El fiscal Ricardo Sáenz dictaminó que la muerte de Nisman fue un «homicidio»
