La letra chica

Mauricio Macri de a poco va cumpliendo con las promesas a sus votantes. Una de las principales había sido modificar el impuesto a las Ganancias y finalmente, llegaron los primeros cambios. Poner fin a los piquetes, otra arma de seducción. Son decisiones que apuntan al corazón de sus votantes y que también logran interesar a quienes no lo hicieron, pero pedían ordenar un escenario que por momentos resultaba caótico.
El Presidente también satisface su objetivo de “reinsertar” a la Argentina en el mundo. Ya se encontró con funcionarios de primera línea de varios países europeos y de la región. El premier italiano Mateo Renzi recibió los honores de Macri junto a varios gobernadores, como el misionero Hugo Passalacqua. La visita de Barack Obama, pautada para el 23 y 24 de marzo próximo, coronará esa estrategia de mostrarse de manera distinta al mundo. Obama nunca vino a la Argentina y el último presidente de Estados Unidos que estuvo en estas pampas fue George Bush, en aquella recordada cumbre donde se plasmó el No al Alca, de la mano de Néstor Kirchner y Hugo Chávez.
La política de Macri es otra. Aunque siga teniendo como prioridades por la cercanía a los países del Mercosur, la crisis económica que padece Brasil y que amenaza con arrastrar a toda la región, le sirve como salvoconducto para mirar otros destinos geopolíticos.
Por eso, una alianza con el Pacífico, que impulsa Obama para América del Sur o negociaciones con la Unión Europea, serán moneda corriente en los próximos meses.
Aunque lejos de ser una prioridad para las políticas de Washington, Obama quiere despedirse de su administración con una nueva impronta en Latinoamérica.
Encabezará una visita histórica a La Habana, en Cuba, donde ningún presidente de Estados Unidos pisa desde 1928, y después, emprenderá vuelo hacia la Argentina junto a toda su familia.
El consejero adjunto de Seguridad Nacional de comunicaciones estratégicas, Ben Rhodes, encargado de dar los detalles del viaje, señaló que la llegada de Obama a la Argentina marca “un nuevo inicio y era en las relaciones con Argentina”.
“Queríamos sentarnos con él (Macri) al principio de su mandato para trazar el camino a seguir, pero también demostrar que una piedra angular en el legado del presidente es su acercamiento a América Latina, y eso involucra la apertura con Cuba, el proceso de paz en Colombia, pero también implica asegurarnos que dejamos relaciones fuertes con países importantes como la Argentina”, añadió.
Peter Hakim, presidente Emérito del grupo de pensamiento Inter American Dialogue, fue más allá y deslizó que Estados Unidos quiere recuperar su influencia en el sur: “El otro mensaje que el presidente norteamericano quiere dar al resto de América Latina con su visita a Buenos Aires, es que ‘lo que gusta en Argentina, le gustaría verlo (ocurrir) más ampliamente» en la región’”, confesó.
Para Macri, es una inmejorable oportunidad de proyectarse como el nuevo líder regional justo en momentos en que el “populismo”, pierde fuerzas en Latinoamérica, con Dilma golpeada por la crisis, Venezuela con una economía en llamas y Evo Morales salpicado por denuncias de corrupción a horas de una nueva elección.
El Presidente también tendrá su foto con el Papa Francisco. En una semana será recibido en Roma, en un encuentro largamente anhelado. Sin embargo, las señales del Sumo Pontífice no van en línea con las aspiraciones del líder del PRO.
El Papa cada día muestra un costado más político y no duda en marcar su forma de ver el mundo. Sorprendió con una directa crítica a Donald Trump, el excéntrico candidato a suceder a Obama desde la más rancia derecha republicana: «Una persona que piensa sólo en construir muros -donde sea que fuera- y no en construir puentes, no es un cristiano», remarcó Francisco sobre la promesa del multimillonario de reforzar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, donde Francisco fue recibido por miles de fieles.
El Papa procura no meterse en las cuestiones políticas internas de cada país, pero no oculta sus mensajes que enardecen a los más conservadores. Mientras el Gobierno nacional y los medios se esmeran en mostrar a Milagro Sala como una delincuente común encarcelada por una cadena de delitos que van apareciendo cada día, Francisco le envió un rosario bendecido para orar.
El rector de la Universidad de Católica Argentina, Víctor Manuel Fernández, amigo del sumo pontífice, explicó que Milagro Sala “escribió una carta a Francisco y algunos le sugerían que le respondiera, dado que la conoce y la ha tratado personalmente. Pero él optó por mandar sólo un rosario, que es un instrumento para orar, sin decir más palabras que implicaran emitir una opinión o interferir en un proceso judicial que no deja de ser formalmente dudoso en su gestación”.
No es el único mensaje elíptico sobre la política argentina. Francisco también escribiría el prólogo de un libro sobre economía y desarrollo inclusivo que prepara Guillermo Moreno, uno de los funcionarios más odiados del kirchnerismo reciente.
Es lógico que las primeras medidas del Gobierno estén dirigidas a satisfacer las demandas de quienes confiaron en sus promesas. Pero después de dos meses, no aparecen otras decisiones necesarias para proteger a propios y extraños. La inflación sigue en alza, las paritarias se negocian a la baja y sorprende la letra chica de algunas medidas presentadas como grandes cambios.
Para colmo, el calor no da tregua y volvieron los cortes de luz “programados”, situación que no se vivía en la Argentina desde el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Los cortes anunciados alcanzaron a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde los usuarios comenzarán justo ahora a pagar el tarifazo por el fin de los subsidios de la era kirchnerista. “Es lo que hay”, simplificó con crudeza el ministro de Energía, Juan José Aranguren, al mismo tiempo que dio un pobre consuelo a los miles que padecieron los apagones: “El que tiene un corte no está consumiendo energía y no paga el servicio”.
La modificación del impuesto a las Ganancias fue uno de los emblemas de la campaña y una promesa esperada por los “gordos” del sindicalismo. Acaba de ser anunciado el cambio, pero la letra chica tuerce bastante la percepción.
El mínimo no imponible no sube a 30 mil pesos como fue presentado, sino a 18.880 pesos, y sólo sumándole las deducciones por cargas de familia de esposa y dos hijos a cargo, se llega a 25 mil pesos de ingresos no gravados, que se corresponden a un sueldo bruto de 30 mil pesos.
Los trabajadores que pagaban y dejarían de pagar el impuesto serían 180 mil, pero hay una cantidad no precisada -pero significativa- que no pagaban y ahora pagarán (con retribuciones brutas menores de 15 mil pesos mensuales en 2013, pero mayores a 22.500 pesos este año, sin cargas de familia).
Con dos aumentos anuales de sueldos en línea con el promedio de paritarias, hoy llegarían a sueldos brutos por encima de los 23 mil pesos, con lo cual quedarían alcanzados por el impuesto por tener un ingreso neto superior a los 18.880 pesos, el nuevo mínimo no imponible.
Un decreto de 2013 había dejado exentos a los empleados que entonces tenían un ingreso menor a 15.000 por mes de bolsillo, independientemente de si hoy perciben más de 120.000 pesos, porque volverán al régimen general.
El impacto en los salarios de bolsillo sólo será importante para una franja menor de trabajadores, y en especial a favor de aquellos con más altas remuneraciones. Otras modificaciones esperadas, como la actualización de la escala que fija las tasas de impuesto que paga el contribuyente, o la movilidad de las deducciones por ley como las jubilaciones, quedaron postergadas presumiblemente hasta el año que viene.
Una de las principales promesas de campaña solo beneficia a 180 mil personas, cuya escala salarial es no más que un sueño para el inmenso universo de trabajadores que sigue cargando con un impuesto mucho más opresivo, como la inflación, para la que no solo no hay solución inmediata, sino decisiones que no hacen más que alimentarla.
Con esta medida, el equipo económico pretende quitarle presión a las negociaciones paritarias que acaban de complicarse en uno de los rubros más sensibles: la educación. Por unas horas, el acuerdo estuvo cerca de ser alcanzado.
El ministro de Educación, Esteban Bullrich hasta le puso cifras a la idea del acuerdo. Ningún docente del país va a ganar menos de 8.500 pesos, anunció el titular de la cartera educativa en medio de las negociaciones con los gremios.
La oferta que realizó el gobierno nacional era de un 25 por ciento, más un aumento del Fondo de Incentivo Docente que, a partir del a partir del 1° de febrero, representa 300 más, es decir, pasará a 810 de los 510 actuales y, a partir del 1° de julio, a 1010 pesos. Todo parecía cerrar bastante rápido.
Sin embargo, el propio Gobierno frenó la promesa a diez días del inicio de clases y puso un límite del 25 por ciento para los aumentos, muy lejos de los 40 puntos.
El mensaje que bajó de la Nación es que las provincias deberán cerrar primero sus negociaciones y después recién se rubricará un acuerdo federal, rompiendo una tradición de los últimos años, que permitía a los gobiernos del interior manejarse con una escala sin poner en riesgo sus finanzas. Ahora, sin ese parámetro, las negociaciones locales se empantanaron.
Llegar a la cifra ofrecida por Bullrich es una utopía para la mayoría de las provincias e implica un aumento del 40 por ciento. Usando términos futboleros, Bullrich quedó en posición adelantada. Pero en la propia negociación, el ministro había intentado colar algunas “trampitas” que no cayeron bien en las provincias. Una de ellas es que se garantizaba la continuidad del artículo 9 únicamente para los docentes que cobraran menos que el piso establecido. De este modo, las provincias perderían una enorme cantidad de recursos que sirven para elevar el nivel salarial, especialmente en las provincias más desprotegidas por los recursos federales, como el caso de Misiones.
Por eso, la oferta inicial en Misiones estuvo lejos de lo esperado, aunque fuentes oficiales confiaron en que será mejorada en la próxima reunión. La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, que lidera las negociaciones, también confía en llegar a buen puerto.
“Es clara la voluntad de Hugo Passalacqua de mejorar la oferta, no sólo en porcentaje sino también de acortar al mínimo los plazos”, indicó Stella Maris Leverberg, quien destacó el trabajo serio de los Udpm-Uda-Sadop-Sidepp y Amet, los sindicatos provinciales que están en la mesa de negociaciones.
Uno de los objetivos sindicales es el “blanqueo” del salario para que alcance a docentes activos y a jubilados.
“La Nación nos tiró las paritarias a las provincias la cabeza”, confió un funcionario que sigue de cerca las negociaciones. El mayor agravante es que quieren sacar el artículo 9 que son 945 por cargo y que en Misiones se paga a todos los docentes, mientras que Bullrich les dijo que debe ser sólo para el que quede debajo de los 7800. Sólo el Artículo 9 son más de 40 millones de pesos al mes que hoy por hoy, debería poner la Provincia si se cumple el deseo presidencial. Así, nadie puede garantizar que las clases se inicien con normalidad en el país o Misiones.
Las negociaciones entre Nación y provincias por las cuestiones económicas tampoco avanzan demasiado. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, volvió a recibir a los ministros de Economía de todo el país, pero no hubo avances sustanciales.
Por Misiones asistió el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, que en sintonía con otras provincias, volvió a reclamar el cese de la detracción del 15 por ciento de la Coparticipación para financiar la Anses y otro 1,9 por ciento que va a fortalecer el colchón de la AFIP.
En paralelo, se pretende el pago de recursos comprometidos por la Nación para obras de infraestructura y, como lo anunció el propio Safrán en una entrevista concedida a Misiones Online, la cobertura del déficit previsional a las provincias con cajas jubilatorias propias (hay cerca de 12 junto a Misiones). El 16 de marzo volverán a verse las caras, aunque Frigerio ya anticipó la imposibilidad de devolver los recursos cedidos por coparticipación. De todos modos, se evaluarán propuestas de corto plazo para que la Nación pueda girar recursos a las provincias.
“El objetivo de estos encuentros es tratar de que la política resuelva los viejos problemas de la distribución de los recursos en un tiempo más corto que el camino judicial”, planteó Frigerio, ante la posibilidad de que varias provincias recurran a la Justicia para recuperar recursos, como lo hicieron, con éxito, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Frigerio también prometió que a fines de febrero se pondrá al día con los fondos para obras públicas. En el caso de Misiones ya se recibieron pagos para el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional en enero y para Vialidad esta semana.
Hasta el próximo encuentro, los ministros provinciales quedaron en evaluar sus déficits previsionales, una carga que las provincias que no traspasaron sus cajas, comenzaron a soportar tras el pacto fiscal de 1992. Sin embargo, entre 2006 y 2009 la Nación ya había girado fondos a las provincias para equilibrar las cajas.
El mensaje político no parece ser más armonizador. “Les damos cinco minutos, se van o los sacamos”, advirtió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich al brindar detalles del nuevo protocolo de Seguridad que regirá en la Argentina para ponerle fin a las manifestaciones que bloqueaban rutas o espacios públicos. La orden de no demorar demasiado en negociaciones permite anticipar que habrá no pocos conflictos futuros. Se cambiarán piquetes por represión, palabra que fue casi olvidada en la última década, pero que remite indefectiblemente a las muertes en la plaza de Mayo en los últimos momentos de la Alianza que integró Bullrich o a la muerte de Kosteski y Santillán en el interinato de Eduardo Duhalde.
Por las dudas, aclaran en el Gobierno que en el 99 por ciento de los casos no habrá balas de goma, aunque la propia ministra deslizó que los efectivos de seguridad podrán actuar con sus armas reglamentarias.
El nuevo protocolo para las manifestaciones tiene como premisa la libertad de circulación, garantizada por la Constitución nacional, pero choca con otro derecho que es el de manifestarse.
La ministra itinerante no podría, por caso, organizar a los caceroleros, como hizo contra el Gobierno anterior, ya que podría ser detenida por instigadora.
El protocolo fue presentado como si surgiera del consenso de todas las provincias -excepto San Luis, que faltó al último encuentro del Consejo de Seguridad-, pero en realidad, los ministros se desayunaron en Bariloche con una resolución en la que poco tuvieron que ver. El mensaje en los medios, en cambio, fue de “consenso”.
El Gobierno nacional no parece tener pruritos para enfrentar protestas, pero en las provincias, se expondrá a las administraciones locales a asumir actitudes parecidas ante cualquier protesta. El ejemplo viene de arriba.
De todos modos, Misiones no cambiará su apuesta tradicional al diálogo y mantendrá su propia forma de atender las protestas. Otro cantar será cuando se ocupen rutas nacionales o se hagan reclamos que dependan de decisiones en Buenos Aires. Allí actuarán fuerzas federales con órdenes desde ya impartidas.
El gobernador Hugo Passalacqua tuvo una cargada agenda en Buenos Aires, donde participó de la recepción del primer ministro italiano, Matteo Renzi, en la Casa Rosada. En el encuentro, el mandatario misionero hizo hincapié en la voluntad de profundizar el asociativismo cooperativo en busca de lograr la agregación de valor a los productos agrícolas.
Después, se reunió con el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, con quien dialogó en torno a mejorar el flujo de fondos para viviendas sociales. Posteriormente, participó de un encuentro con el gerente manager en el Cono Sur del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), José Luis Lupo, con quien dialogó en torno a la financiación de proyectos de infraestructura y turismo.
Passalacqua también se entrevistó con el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a fin de diagramar la realización del Congreso Internacional de Pymes, a fin de año en Misiones, con la meta de debatir y diagnosticar los procesos de aceleración para dadores de empleo.
Ya de regreso, Passalacqua puso la firma a un decreto que pone en marcha de manera definitiva el esquema para que en Misiones el viaje a la escuela sea para todos, gratuito.
Mañana se conocerán los detalles de la implementación de la ley sancionada el año pasado, pero lo cierto es que el Gobernador le puso fin a una innumerable serie de especulaciones de distintos sectores. En las últimas horas, los propios empresarios habían pedido una postergación de seis meses para el boleto gratuito, por “demoras en la reglamentación”.
La respuesta del Gobernador fue terminante. El Boleto Estudiantil Gratuito, será una realidad desde el primer día de clases.

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