La ruptura del bloque kirchnerista en el Congreso marca el inicio del año político. Desde el 10 de diciembre, cuando asumió Mauricio Macri, con el respaldo del 51 por ciento, el Gobierno tomó con soltura las principales decisiones ante la protesta lastimera del kirchnerismo en retirada. Como en el resultado del ballotage, había dos bloques bien diferenciados. El 51 y el 49. El PRO y su alianza con la UCR era el principal, mientras que del otro lado se concentraban los cristinistas, radicales “progres”, un sector de la izquierda y varias provincias gobernadas por aliados, como el caso de Misiones.
El portazo de Diego Bossio, Juan Manuel Urtubey y una decena de legisladores elegidos a través del Frente para la Victoria, rompe esa lógica monolítica y abre las puertas de un nuevo escenario en el que las lealtades, ya no a un Gobierno, sino a una idea, serán puestas a prueba.
El Gobierno tendrá un mejor horizonte en el Congreso, con la promesa explícita de conseguir quórum con sus socios y los neojusticialistas y podrá poner en discusión las leyes que quiera impulsar, ya que el kirchnerismo pierde la primera minoría en la Cámara baja, un arma política que no tendrá tiempo de explotar. No es casual que después de confirmar el tácito apoyo del minibloque ex K, Macri haya decidido convocar para el jueves a sesiones extraordinarias en el Congreso para analizar los pliegos de jueces de la Corte, militares y embajadores. Los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, para cubrir las vacantes de la Corte, fueron la primera muestra de que Macri estaba decidido a gobernar pese a la mayoría opositora en el Congreso, inaugurando las decisiones por decreto. Sin embargo, el ruido político de considerar a los ministros de la Corte como “empleados” del Ejecutivo, fue tanto que tuvo que retroceder.
El kirchnerismo deberá dejar de lamer sus heridas y transformar esa militancia romántica que sale a la calle en defensa de las conquistas perdidas, en un colectivo que genere las condiciones de seducir al electorado que le dio la espalda después de doce años de acumulación de poder.
La lección subyacente, para el kirchnerismo y para el lector desprevenido, es que Macri está lejos de ser apenas un administrador aséptico. No es un tecnócrata sin aspiraciones, sino que está haciendo política para quedarse el tiempo que sea necesario en el sillón de Rivadavia.
En realidad, no debería sorprender. Con el mismo estilo, gobernó y fue reelecto en la ciudad de Buenos Aires, logró dejar a un heredero y amplió el territorio a la provincia de Buenos Aires. Fue construyendo poder de menor a mayor.
El kirchnerismo, en cambio, no dejó un heredero natural y terminó deshilachado en medio de una feroz interna que llevó al peronismo a la derrota en un distrito clave como la provincia de Buenos Aires.
El subterfugio de Bossio para abandonar el espacio que le puso en el Congreso alude a regenerar al peronismo. Pero su proclama no hace más que demostrar la carencia de sentido de su pendular posicionamiento.
En nombre de las banderas de Perón y Evita, ofrece gobernabilidad a un esquema político que mira con desdén a cualquier militancia.
Bossio, aunque desde afuera cotiza más –como Sergio Massa-, no ofrece nada superador del kirchnerismo, sino, por el contrario, mucho más sectario, ya que en su manifiesto, promete, en abstracto, defender las banderas y a las provincias gobernadas por el peronismo.
El ex titular de la Anses asegura que facilitará el quórum que necesita el PRO en el Congreso y que quiere que al gobierno de Macri le vaya bien. Ese anhelo trae por añadidura que si al Gobierno le va bien, le va bien al país. Una lectura demasiado lineal de la realidad política. La contradicción mayor radica en que hasta ahora, las políticas que mostró el macrismo, están muy lejos de las banderas de Perón y Evita.
En algo tienen razón, sin embargo, Bossio y los neoperonistas. El peronismo y el kirchnerismo deben refundarse. Pero los libros de historia y las máximas peronistas no pueden ser el único argumento, sino una revisión sobre la inclusión, el rol del Estado y el desarrollo económico que vaya más allá de las enunciaciones.
El kirchnerismo puede dar algunas lecciones sobre esto, aunque muchas otras más de errores conceptuales y políticos. Pero una “refundación”, no puede obviar su legado ni a quienes le dieron sustento.
Los kirchneristas que ven en Bossio la reencarnación de Julio Cobos, deben admitir también que la descomposición empezó mucho antes, con las zancadillas a la fórmula del Frente para la Victoria. Muchos de los que hoy cuestionan la traición de Bossio, son responsables por acción u omisión de la derrota de Daniel Scioli.
El 49 por ciento que no votó a Macri –al que se le pueden agregar varios puntos más de desencantados con el kirchnerismo que eligieron al PRO- no son sólo peronistas o radicales, divisiones que atrasan más de diez años, cuando el “que se vayan todos” puso fin a las estructuras tradicionales de los partidos e hizo tambalear al propio peronismo, que estaba partido en tres corrientes, una liderada por el ex presidente Carlos Menem. El votante kirchnerista, o del modelo, que emergió de esa coyuntura, estaba compuesto por peronistas, radicales, de izquierda e independientes.
Reducir todo a una defensa del peronismo excluye un inmenso universo de ciudadanos que no ostentan afiliación y, en definitiva, facilita el gobierno de Macri, que aplica la política de manual. Divide y reinarás. La frase atribuida al emperador romano Julio César, mucho antes de que Maquiavelo puliera el arte de convencer a los cortesanos y seducir a los enemigos, está hoy, más vigente que nunca.
Nuevamente se plantea el interrogante ¿qué peronismo defienden Bossio y Urtubey? ¿La versión “moderna” que representa Massa o el peronismo antikirchnerista que ostenta Ramón Puerta, el designado embajador en España? Son claramente distintas versiones que confluyen en el apoyo a un gobierno que lejos está de definirse como peronista.
Massa se ilusiona con una segunda oportunidad para ser candidato a presidente en 2019 y Macri lo eligió como su opositor preferido. Puerta quiere relanzar una “liga federal” como la que puso en jaque a De la Rúa a principios de siglo, pero ahora para fortalecer al Gobierno y “reservar” a Massa para candidato a Presidente.
La novela de la ruptura dejó al kirchnerismo en un mar de dudas y a sus aliados en un momento de revisión. El Frente Renovador de Misiones no se movió de su lugar, pero tampoco habrá una sobreactuada defensa.
“Lo mejor es estar afuera de esa pelea y mantener nuestra posición de defensa de los intereses misioneros”, fue el mensaje del diputado nacional Maurice Closs a sus allegados.
“No hay que abandonar el rol de opositores pero es bueno el momento para estar en la misa y en la procesión”, confió uno de los que más conocen al ex gobernador.
Según sus allegados, Closs no cree que sea una cuestión de vida o muerte la continuidad de bloques monolíticos, sino que pueden moverse en función de las necesidades de la Provincia, más aún teniendo a dos diputados de La Cámpora como parte de la representación misionera.
El mensaje se vincula con aquel que dio Carlos Rovira en los primeros días de diciembre pasado, cuando sugirió acompañar las iniciativas del nuevo presidente en el deseo de lo mejor para la Argentina y Misiones.
Por eso, Misiones no se mete en la pelea de traiciones ni necesita confirmar lealtades. La Provincia tiene una relación “correcta” con el Gobierno nacional, del que depende en gran medida la continuidad de las principales obras de infraestructura y el sostenimiento de una baja tasa de desempleo.
Hasta ahora ese vínculo de cortesía política no se ha roto, pero tampoco hubo una retribución que lo justifique. Apenas llegaron algunos fondos para viviendas y poco más. Pasados casi sesenta días de gobierno, no hubo avances serios en ninguno de los temas planteados y mucho menos en el central, que es la distribución de los recursos federales.
La intención del gobierno de Macri es clara: desarticular la presión en bloque que puedan ejercer los gobernadores y negociar con cada una en particular para poder canjear algunos respaldos.
Misiones será pragmática, pero en los despachos de la Rosadita advierten que el gobernador Hugo Passalacqua no oculta su descontento por el estado de situación. Hasta ahora, indican, se cumplió con el decálogo del PRO, se liberó la economía, se devaluó y liberaron los precios, pero no hubo ninguna medida para compensar a los trabajadores ni a las provincias, que son arrastradas por las medidas. Es que la devaluación tuvo un fuerte impacto en la suba de los precios y más allá de algunos sectores puntuales, no termina de convencer a los sectores exportadores.
Esa suba de precios se traslada a la inflación y a una presión por salarios que no se puede compensar con una economía paralizada. Ese es el principal temor de los gobiernos del interior. Si el país entra en recesión, sus economías se verán severamente afectadas en un deja vu de fines de los 90 y primeros meses de este siglo.
Más allá de las expresiones de buena voluntad, sin fondos para obras públicas, el impacto en Misiones será brutal y obligará a buscar nuevas fuentes de financiamiento, incluso en el exterior. La Provincia es una de las pocas en condiciones de hacerlo porque tiene sus cuentas saneadas y la deuda pública representa apenas el tres por ciento del presupuesto anual.
Un hombre cercano al Gobernador lo definió con sencillez. “Hicieron todo lo que se sabía que iban a hacer. Pero no hubo medidas que equilibren las consecuencias. La liberación a ultranza que hicieron de la economía tiene y tendrá un fuerte impacto. Con la suba incesante de los precios, la promesa de pobreza cero es menos que un eslogan”, advirtió.
Ante la disparada de precios, el Gobierno no hace más que pedir “prudencia” y que pongan el hombro a los trabajadores, que terminan pagando las consecuencias del ajuste.
Un ejemplo local de cómo se traducen las medidas económicas es el aumento de las tarifas eléctricas. Macri decidió ponerle fin a los subsidios que beneficiaban esencialmente al consumidor porteño y bonaerense, lo que redundará en aumentos de tarifas de hasta 900 por ciento, dependiendo del consumo. El tarifazo nacional se trasladó a la compra de energía por parte de las provincias y obligó a todas a aplicar un aumento en consonancia. Los incrementos, sin embargo, no eliminarán las distorsiones que se pretenden atacar, ya que el porteño seguirá pagando mucho menos porque arranca de tarifas bajísimas.
En Misiones, después de horas de silencioso análisis, el gobernador Hugo Passalacqua autorizó el nuevo esquema tarifario. Tras un fino trabajo de adecuación, se logró amortiguar el impacto que deberán absorber usuarios residenciales, comerciantes e industriales. Pero la suba promedio para Emsa es del 377 por ciento. Para el usuario, no llega al cien por ciento.
La inequidad evidente entre el esquema tarifario de las provincias y el centro del país, reaviva la necesidad de compensaciones para las economías regionales, que los gobiernos centrales no tienen entre sus prioridades. El Gobierno anterior enviaba recursos extrapresupuestarios que disimulaban la situación, pero sin esos fondos, las urgencias se hacen casi intolerables.
Los efectos de la liberación de la economía sin una red de contención, son, sin embargo, sensiblemente más dramáticos en el trabajador que ve como sus ingresos se licuan y pierden la batalla contra los precios. El incremento de la carne en los últimos días es un ejemplo de cómo se concentran las ganancias en detrimento de la mayor parte de la sociedad.
Según la consultora FIEL –lejos de ser opositora-, en enero la Canasta Básica Alimentaria -o canasta de indigencia- se incrementó 3 por ciento y una familia tipo requerió 7440 para superar el umbral de pobreza y 4055 para no entrar en indigencia. La consultora Ceso –en las antípodas de Standar- sostiene que la inflación en supermercados del mes de enero fue del 4% mensual. Anualizada, la inflación estaría lejos de la “pauta” puesta como techo para las paritarias.
Esa pauta parece una mera expresión de deseos. Lejos de la meta del gobierno, para Standard & Poor’s, la inflación este año será del 35 por ciento.
Sin embargo, en un guiño a Macri, mejoró la calificación de la deuda argentina en moneda local y elogió “los pasos recientes para resolver algunos desequilibrios económicos sustanciales de larga data».
Es decir, no cree en las metas económicas, pero sí confía en que de una u otra forma, mantendrá los pagos a los acreedores.
La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, también elogió las reformas económicas y las consideró “muy alentadoras” para ayudar a estabilizar la economía”. Sin embargo, el FMI advirtió que durante 2016 Argentina sufrirá una «leve recesión», con una caída del PIB del 1%.
«Estamos muy animados de ver que la Argentina, su nuevo gobierno, ha tomado la iniciativa de entrar en negociaciones con los acreedores», dijo la Lagarde, al responder una pregunta sobre el país en un intercambio con la prensa sobre mercados emergentes que se hizo por Internet. «El conflicto por la deuda ha estado pesando sobre el país, y si el resultado es un resultado justo y equilibrado que va a servir de apoyo para que la Argentina regrese a los mercados financieros y restaure su posición financiera, es realmente algo positivo», agregó.
La lectura no es errónea. Macri celebra como un triunfo el acercamiento con los fondos Buitre, con quienes está cerca de cerrar un acuerdo.
La quijotesca batalla librada por el Gobierno anterior, quedó para la historia. Macri ofreció pagar en efectivo 6,5 mil millones de dólares, a cambio de una quita de 25 por ciento en la deuda.
Cristina había logrado una quita del 63 por ciento promedio en el Canje 2005. Con los buitres nunca se reconoció la demanda por el valor nominal de los bonos, comprados a precios viles cuando el país estaba al borde del default.
Macri espera que el acuerdo con los “hold-outs” le abra las puertas a inversiones extranjeras que cubran la demanda de dólares y generen la reactivación necesaria para generar empleo.
La expectativa es por supuesto, fundamental para el sostenimiento de las aspiraciones políticas del propio Gobierno. Pero es central para la vida de millones de argentinos.
Uno de los últimos estudios del Banco Mundial, publicado hace unos días, revela la irrupción de una nueva clase social: “los vulnerables”. El análisis hace referencia a un grupo que en la última década, en la coincidencia de los gobiernos “populistas”, logró salir de la pobreza pero no lo suficiente para ser considerados clase media.
Hoy en día el grupo socioeconómico más grande de la región: para 2013 representaban el 38 por ciento de los latinoamericanos, mientras que los pobres representaban un 24 por ciento y la clase media un 35 por ciento.
En retrospectiva, hasta hace poco más de 10 años los vulnerables estaban apenas por encima de la línea de pobreza. Transcurrida una década, la distribución de ingresos mejoró, mientras América Latina se benefició de los buenos precios de las materias primas y de una serie de políticas sociales.
El porcentaje de pobres se recortó a la mitad, los vulnerables crecieron un poco y la clase media creció en más de la mitad.
Pero ahora que América Latina se está desacelerando -la economía cayó un 0,7 por ciento en 2015 y se espera que apenas crezca en 2016- surgen las preguntas: ¿cómo puede esta desaceleración afectar las tasas de pobreza? Y sobre todo, ¿volverán los vulnerables a ser pobres?
La incertidumbre económica en la que están inmersos miles de personas que perdieron sus empleos en los últimos meses y otros tanto que todavía temen correr la misma suerte, puede engrosar esa nueva clase social de los vulnerables.
Las palabras del Papa Francisco en la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” advierte sobre el impacto social del mundo dominado por las finanzas. «Hemos dado inicio a la cultura del “descarte” que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son “explotados” sino desechos, “sobrantes”».
Casi en esa categoría entran los despedidos en el Estado. La grasa militante, como definió Prat Gay, sobra. Debe ser extirpada. El argumento de los ñoquis es válido, pero la ola de despidos no muestra análisis, sino apenas el cumplimiento de un programa de ajuste. Esos miles de despedidos no encontrarán inmediatamente otro sustento, en una economía que se contrae y da signos de entrar en recesión y con empresarios convencidos, por ósmosis, que no deben gastar demasiado en sueldos en momentos en que sus ventas también entrarán en una depresión.
