Cada presidente que asume tiene simbólicos cien días de bandera verde. Durante ese tiempo, la sociedad y las oposiciones guardan respetuoso silencio ante las medidas que se tomen y tiran para el mismo lado, aún cuando anden por caminos distintos. Mauricio Macri gastó anticipadamente ese período de gracia. No fueron las medidas económicas, que nadie dudaba que tomaría.
La designación por decreto de dos ministros de la Corte Suprema tomó por sorpresa a la política y desnudó un escaso apego a las formas de la “institucionalidad”.
“Ni Cristina se animó a tanto”, describió Margarita Stolbizer, la pata «progresista» de los aliados del PRO. Es en esa comparación donde el oficialismo hundió los pies en el barro.
Cuando aspiraba a la presidencia, el macrismo hacía de la «institucionalidad» un emblema y denunciaba que Argentina vivía en una dictadura kirchnerista.
Pero fue Néstor Kirchner quien se deshizo de la facultad de designar ministros de la Corte y Cristina respetó a rajatabla cada fallo judicial en contra durante todo su mandato. Cuando propuso al joven Roberto Carlés soportó estoicamente la andanada de críticas de la oposición y hasta retiró el pliego.
Tampoco presionó después de proponer a Domingo Juan Sesín y a Eugenio Carlos Sarrabayrouse para integrar la Corte.
Toda la oposición, preocupada por la «institucionalidad», juró que no iba a aprobar un candidato propuesto por el Gobierno. Ahora, por decreto, se obvió al Senado que está en «receso», cuando el Presidente tiene la facultad de convocar a extraordinarias y no lo hizo, por lo que el estado de excepción que se invoca fue generado por quién se aprovecha de la situación.
Macri tardó una semana en hacer algo que ningún gobierno democrático hizo. Ni siquiera el manto aparente de legalidad del decreto y el respaldo republicano del radicalismo, pudo frenar la ola de críticas.
Desde que Bartolomé Mitre nombró a los cinco primeros jueces de la Corte argentina, en 1862, ningún presidente democrático volvió a usar ese método para designar jueces del máximo tribunal.
Tampoco lo hizo Raúl Alfonsín cuando regresó la democracia.
El decreto alude al inciso 19 del artículo 99 que señala que el presidente «puede llenar las vacantes de los empleos, que requieren el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura».
La práctica apuntaba a militares o embajadores, no a ministros de la Corte que no son «empleados» del Ejecutivo, sino cabeza de otro poder.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se mueve con comodidad en el tablero de la política y se muestra como un aliado en las sombras del nuevo Gobierno. Por eso es difícil de creer que se haya enterado de las designaciones por los medios, como los demás argentinos.
Recibió con los brazos abiertos a los nuevos integrantes para «completar la Corte», cuando hace apenas unos meses aseguraba que no había crisis por las vacantes.
Resulta paradójico que la Corte que falló en contra de las subrogancias de jueces inferiores, avaló la llegada de sus pares en «comisión». Los argumentos para uno y otro caso, deberían ser similares.
Los Jueces en general tienen en sus manos la vida, los derechos y bienes de los ciudadanos y la Corte Suprema en particular decide en cuestiones de Derecho y tiene la última palabra entre los conflictos que pueden surgir entre el poder Ejecutivo y Legislativo, volcando la balanza para un lado u otro en el sistema democrático.
Ese poder de decisión (jurisdicción) se lo da únicamente la Ley, y la Constitución es muy clara: además que jamás podría un Juez ser nombrado en comisión y tomar decisiones, sus fallos no serían definitivos y, por el contrario, sometidos a nulidades constantes.
Según el artículo 18 de la Constitución Nacional sobre las garantías, una de las más importantes es ser juzgado por Jueces Naturales y no por «comisiones especiales», con lo cual estos magistrados van a ser constantemente recusados, no pudiendo entender en las causas, describió una jurista convocada por este diario.
«Fue un grave error. Negociar va a tener que negociar lo mismo y perdió la iniciativa política aunque jurídicamente tenga algo de letra. Al final no se banca una Corte que no sea la suya», cuestionó en el mismo sentido un prestigioso jurista misionero.
“Es paradojal porque Horacio Rosatti es un tipo que pasaría cualquier consenso. No se porque no se esperó. No es la forma. No es ilegal. Pero no es plenamente institucional”, reafirmó un funcionario judicial, conocedor de los procesos de selección de magistrados.
Hasta juristas furiosos antikirchneristas reconocieron que “es opinable la cuestión política”, aunque “jurídicamente esta ajustado a derecho pues la Constitución argentina y los antecedentes nacionales y norteamericanos así lo avalan”.
“Las personas propuestas son de antecedentes académicos excelentes, hay mejores aún, pero el problema es que la palabra «en comisión» fue mal interpretada por gente que tenía interés que no asuman. Toda medida que ayude a realzar la muy mala imagen del servicio de Justicia es bienvenida. Igual van a pasar por el procedimiento constitucional previsto, no era de gravedad institucional como se lo quiso presentar. La Corte Suprema, no está funcionando de la manera correcta y el Estado debe garantizar un servicio rápido y ajustado a derecho”, defendió un conocido abogado penalista de la Provincia.
Macri perdió en una semana el blindaje político del que gozaba y fracturó el mediático que lo protegía.
Fue tanta la presión social que Macri y Lorenzetti tuvieron que posponer la asunción de los nuevos cortesanos hasta que el Senado preste su acuerdo en febrero. El macrismo da por descontada la aprobación de los pliegos por tratarse de “juristas intachables”.
Los curriculums, en efecto, son impresionantes. Pero apenas se escarba un poco, se encuentra una enorme red de intereses cruzados.
Carlos Rosenkrantz litigó contra la Argentina en varios casos de arbitraje internacional y en su estudio, junto a Gabriel Bouzat asesora y defiende a firmas como el Grupo Clarín S.A, La Nación, Cablevisión S.A, América TV, Claro y McDonald’s Corporation.
En 2011 creó la ONG Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC), que presentó un amparo en protección de Cablevisión S.A y en contra de una resolución de la Secretaría de Comunicaciones, por la que se declaró la caducidad de la licencia para la prestación de los servicios de Internet y telecomunicaciones que estaban a nombre de Fibertel, firma que fue absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado.
Su colega, Gabriel Bouzat, fue quien formó parte de la propuesta de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentada por el Grupo Clarín en 2013, luego de cuatro años de sancionarse la norma. La Corte debe fallar sobre esa adecuación y sobre la validez de la ley de Medios, que Macri quiere derogar.
El estudio de Rosenkrantz también representa al fondo de Inversión Pegasus, cuyo titular, es Mario Quintana, el segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Parecen demasiados intereses cruzados para la imparcialidad deseada de un ministro de la Corte.
El ministro de Justicia Germán Garavano no aportó demasiada claridad a la hora de defender las propuestas.
El funcionario explicó que el nombramiento “en comisión” se debe a la necesidad del Gobierno de dictar “varios decretos de necesidad y urgencia”, entre otros motivos, para “postergar la puesta en marcha del Código Procesal Penal”, prevista a partir de marzo próximo.
Los intereses cruzados no se limitan únicamente a la Corte, aunque tengan menos visibilidad.
El banco más denunciado por operaciones de lavado de dinero en la Argentina es el HSBC. Macri designó a Mariano Federici como nuevo director de la Unidad de Información Financiera.
Federicitrabaja para el Fondo Monetario Internacional y está vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, a través de la Fundación Finint, uno de los principales litigantes contra la propia UIF. Celeste Plee, la hija del fiscal Raúl Plee, irá al área de fiscalización. La abogada pertenece al estudio Marteau y defiende al banco Masventas SA, una de las principales sociedades denunciadas por la UIF. La vicepresidenta de la UIF es María Eugenia Talerico, abogada del HSBC en casos de lavado.
En el ámbito laboral sucede otro tanto. El secretario de Empleo de la Nación es Miguel Punte. Hasta hace unos días era el gerente de Recursos Humanos del grupo Techint, la primera empresa en despedir obreros en la era Macri.
El control de los fondos de las obras sociales quedó en manos del sindicalismo, en una negociación que incluyó a Antonio Caló, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Graciela Ocaña, quien denunció a Moyano por la mafia de los medicamentos, hoy es férrea defensora de Macri.
El escarceo político de la Corte minimizó los efectos de la primera medida de fondo tomada por Macri.
Tal como se anticipaba en la campaña, decidió una devaluación del 40 por ciento del peso en relación al dólar, acompañada por el reclamado “fin del cepo”.
Así, cada argentino podrá comprar hasta 500 dólares en efectivo, mientras que operaciones mayores, deberán hacerse por un mecanismo bancarizado, tal como antes, con un límite de dos millones al mes.
La devaluación era largamente esperada por los patrones de la soja que ahora sí prometen ingresar 400 millones de dólares semanales con la venta del grano acumulado en stock durante casi todo el año.
Con una baja de las retenciones de casi quince por ciento, sumada al dólar alto, las ganancias de los ruralistas serán enormes.
En paralelo, se eliminaron las retenciones a las economías regionales, lo que tendrá un fuerte impacto positivo en la mayoría de las actividades exportadoras.
En el caso de Misiones, celebran los tealeros, tabacaleros y las grandes empresas forestales, especialmente las de pasta celulósica, como Arauco o Papel Misionero, en menor medida los yerbateros y otras producciones menores.
También hay un doble beneficio por el dólar alto y las retenciones cero.
Sin embargo, ejecutivos de grandes firmas exportadoras advierten que la devaluación en si misma no garantiza que se acaben los problemas.
Sobre todo las que tienen deudas financieras, temen que una suba de tasas para evitar una corrida sobre el dólar, las perjudique a mediano plazo.
También anticipan que los importadores probablemente se muestren reacios a pagar mayores precios en dólares, a sabiendas de que la devaluación ya compensó costos internos.
La suba de tasas de interés es una herramienta para evitar una presión por el dólar que sería utilizada por el Gobierno. Pero en paralelo, puede encarecer créditos, deudas y retrasar inversiones, lo que tendría un impacto directo en el empleo.
El otro efecto menos difundido de la devaluación es que un gran porcentaje se traslada inmediatamente a los precios. La ecuación es sencilla. Para un ruralista o ganadero, será mucho más atractivo el mercado externo que el interno con precios en pesos y más bajos.
Si se vuelca libremente al mercado externo se restringirá la oferta y a menor oferta, mayores precios, que deberá pagar el consumidor. Los productos que tienen algún componente importado, como los medicamentos, aumentarán en un porcentaje similar al mayor valor del dólar.
También subirá la nafta y habrá quita de subsidios desde enero, al menos en los privilegiados usuarios del centro del país.
Para sostener el valor del dólar más o menos estable, será necesario además que el Banco Central cuente con los billetes suficientes.
La herramienta elegida, además del ingreso de divisas por la exportación de soja, es la vuelta del endeuamiento con los organismos financieros internacionales, mecanismo casi olvidado desde 2005, cuando Néstor Kirchner clausuró la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cuando se inició el periodo de mayor desendeudamiento externo de la Argentina.
Rara paradoja, la menor exposición de la deuda externa en relación con el PBI, convierte al país en un fiable tomador de créditos, pero una vez puesta a girar la rueda, puede ser una trampa a largo plazo.
Es un circulo vicioso que puede terminar en un estallido como el de 2001, cuando hace catorce años Fernando De la Rúa tuvo que huir por el techo de la Rosada con el país en llamas, la pobreza en alturas vergonzantes y muertos en la plaza.
La devaluación afecta ineludiblemente el poder adquisitivo de quien vive con una renta fija, un sueldo, una jubilación o un cuentapropista menor.
Los mayores precios impactan en la capacidad de consumo y sin consumo, se resiente el empleo.
Por eso será clave cómo maneja el Gobierno las negociaciones por las paritarias para los salarios que se toman como referencia.
Sin embargo, si los sueldos se incrementan en el mismo nivel que la pérdida de poder adquisitivo, los sectores exportadores que hoy celebran volverán a perder «competitividad» y se neutralizará el efecto de la devaluación.
Hasta ahora las autoridades económicas de la Nación no dieron demasiadas señales sobre su postura sobre el salario y dilatan la discusión de un bono de fin de año reclamado por las centrales obreras.
Lo lógico es pensar que al menos en una primera etapa, los trabajadores pagarán los costos.
El argumento para justificar la devaluación fue que es la única receta para sacar al país de la “crisis” con una economía “paralizada”.
El anuncio de las medidas coincidió con la divulgación de un estudio de la ONU que revela que la Argentina es el mejor país de Latinoamérica para vivir.
El informe sobre Desarrollo Humano ubica al país en el puesto 40°, por encima de Chile y Brasil, los vecinos de la región. El estudio tiene en cuenta la salud, la educación y el dinero.
El puesto de la Argentina es el mismo que tenía en el reporte anterior, por lo que se mantiene como el mejor país de la región.
Dos escalones más abajo está Chile (42), siempre dentro del grupo de naciones con “desarrollo humano muy alto”, en el puesto 52 aparece Uruguay (mejoró dos ubicaciones), mientras que Brasil quedó 75 (bajo una colocación).
Si el plan económico del Gobierno resulta, la Argentina vivirá un nuevo veranito de la mano de los comoditties con resultados positivos en la macroeconomía. La devaluación tiene sus efectos positivos, como se dijo, a través de las economías regionales que al vender más, harán un aporte mayor a las arcas, lo mismo que el dinero extra que ingresará por el Fondo Federal Solidario que depende de la coparticipación de la soja.
Esos recursos extra pueden ser una tentación para el gasto, pero debe anticiparse que no serán eternos.
El diputado nacional y ex gobernador Maurice Closs se lo advirtió especialmente a los intendentes.
“Es probable que las cuentas públicas, especialmente los municipios, tengan fuertes ingresos adicionales del fondo de la soja. Si se liquida a un cambio de 14 pesos y se exportará la soja retenida a razón de 400 millones de dólares por día, el ingreso adicional es excepcional. Consejo a los amigos intendentes, no tomar como algo permanente y ser prudentes en su administración”, precisó el mandatario.
La recomendación viene bien. En los últimos días fueron varios los intendentes que admitieron públicamente la necesidad de un auxilio financiero para afrontar los gastos de fin de año.
El gobernador Hugo Passalacqua decidió anticipar la mitad de la coparticipación para que los municipios pudieran hacer frente al pago del aguinaldo, pero el problema en algunas comunas es mucho más profundo. Intendentes electos se encontraron con las cajas vacías y un excesivo número de empleados a quienes hay que pagar el sueldo, muchos de los cuáles fueron efectivizados un par de meses antes del 10 de diciembre.
Los ejemplos son varios y son dramáticos en los pequeños municipios, donde la planta de personal es desmesurada y convierte a las administraciones en prácticamente inviables, destinadas únicamente a pagar salarios.
El salvavidas de la Provincia no puede esconder el problema del mal manejo de los fondos por parte de algunos alcaldes y tampoco es la solución definitiva, ya que el anticipo de recursos en algún momento volverá a ser descontado.
La responsabilidad en el manejo de los recursos es incluso mayor ahora que los 75 jefes comunales responden al mismo color político.
Horas vertiginosas
