El equipo técnico de la Secretaría de Hacienda terminó de definir los detalles de la demanda que planteará Misiones para recuperar fondos cedidos de la coparticipación, en concordancia con el fallo de la Corte Suprema que habilitó el mismo reclamo para Santa Fe y San Luis, además de hacerlo extensivo a Córdoba.
La demanda que será planteada por la Fiscalía de Estado de la Provincia, incluye fondos descontados desde 2010 y hace referencia al fallo de la Corte a favor de las otras provincias, que declaró inconstitucional la retención desde esa fecha.
El gobernador Maurice Closs adelantó que mañana elevará una medida cautelar ante la Corte y enviará una nota al Ministerio de Economía. Quedará así abierto el expediente antes de que asuma la gobernación su actual vice y sucesor, Hugo Passalacqua.
El monto que será exigido por Misiones supera con creces a la actual deuda pública de la provincia, cuyo principal acreedor es el Estado nacional.
Se trata de recursos descontados desde 2010.
“El fallo obligará a la Nación a sentarse a discutir los montos o alguna forma de compensación”, indicó el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán.
“Hacemos el reclamo porque la Corte declaró inconstitucional el recorte”, agregó.
Además, se estima que sólo dejando sin efecto el recorte del 15 por ciento de los recursos coparticipables, Misiones recibirá por mes cerca de 132 millones de pesos más de los que recibe actualmente.
Además de Misiones, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, Salta, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa y Chaco evalúan cursos de acción y presentaciones similares.
Si todos los distritos recuperaran el 15 por ciento en 2016 podrían embolsar, según estimaciones preliminares, unos 80.000 millones extras.
Por ahora, el intento es el cese del recorte de coparticipación para el futuro, es decir que no apuntarían a priori a que les reconozcan un retroactivo, como lograron Santa Fe y San Luis. El objetivo es modificar el reparto de la torta y, como se trata de giros automáticos, garantizarse que Macri tenga, si quisiera, menos margen para condicionar y alinear gobernadores.
El origen de la disputa
El recorte sobre el que falló la Corte tiene su origen en 1992. Cuando Carlos Menem decidió la privatización del sistema previsional, se acordó el descuento del 15 por ciento a las provincias, que con el tiempo tuvo sucesivas prórrogas.
Como contrapartida, esos fondos se destinarían a financiar el déficit de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), mientras las jurisdicciones transferían al gobierno central las cajas jubilatorias.
Después, Fernando De la Rúa prorrogó el tijeretazo con el decreto 1399 que firmó el 4 de noviembre del 2001 con el objetivo «fortalecer los ingresos de la AFIP» en el marco de una baja pronunciada en la recaudación.
Para fundamentar su fallo, el máximo tribunal sostuvo que ese decreto fue llevado a cabo sin que medie un entendimiento previo con las provincias, que desde el 1 de enero del 2002 sufrieron un descuento de la tasa coparticipable en un 2,75 por ciento (y desde el 2006 un 1,9 por ciento).
No sólo la Corte hizo lugar a los reclamos de San Luis y Santa Fe, sino que también lo hizo respecto de la provincia de Córdoba, pues al dictar una medida cautelar ordenó que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.
