“Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. No vamos hablar del pasado. Debemos mirar hacia el futuro para construir todos juntos, la grandeza del país. Para revertir la situación actual en el menor plazo posible, todos los argentinos, sin distinción, deberán poner su esfuerzo y realizar su contribución. Ningún sector debe quedar al margen de esta tarea. Habrá sin dudas sacrificios a realizar, pero cuando los mismos se reparten equitativamente y con la conciencia de que son necesarios para alcanzar la meta, pueden ser llevaderos. Trabajar todos juntos, duro y parejo, porque solo así saldremos adelante».
No es un discurso actual, aunque bien puede atribuirse a algunos economistas que pululan por canales de televisión esperando el 22N.
Ese fue el mensaje de presentación de José Alfredo Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976, apenas una semana después del golpe de Estado que daba inicio a la dictadura más sangrienta de la Argentina.
Fue el argumento con el que se inició un proceso de enorme concentración económica, deuda externa y empobrecimiento de los trabajadores. La deuda creció 465 por ciento en los años de la dictadura. A principios de 1976, cada habitante de Argentina debía al exterior U$S 320; a fines de 1983, cuando los militares se fueron cada habitante pasó a deber U$S 1.500 (en otros términos: la deuda trepó de 8 mil a 45 mil millones.
Entre las medidas tomadas por Martínez de Hoz, se eliminaron las retenciones a la producción agropecuaria, lo que disparó los precios locales, se redujeron aranceles de importación, arruinando a miles de industrias nacionales y se liberó el mercado cambiario y financiero, lo que favoreció la especulación financiera. Al referirse a la política cambiaria, se inclinó por el abandono gradual de los tipos múltiples y abogó por un mercado libre y unificado.
Medidas idénticas a las promesas de Mauricio Macri.
El ministro de la dictadura también suprimió la emisión monetaria para «frenar la inflación» y congeló los salarios eliminando las libres negociaciones entre empresas y obreros. Sería el Estado el que establecería periódicamente el aumento que deberán tener los salarios.
También aumentaron los precios de los servicios públicos para “adecuarlos a las tarifas internacionales”.
Para cubrir el faltante de dinero, se recurrió a los préstamos internacionales, iniciando un círculo vicioso que llevó al país a una agonía que recién explotó en 2001. Durante la dictadura la deuda trepo de 8 mil millones a 45 mil millones de dólares. A partir de 1983, y hasta mediados de 2005, el ininterrumpido aumento de la deuda externa se explica por las constantes refinanciaciones, blindajes, megacanjes y medidas similares, hasta llegar a 132.143 millones de dólares en 2001. Desde entonces, el país y las provincias, iniciaron un proceso de desendeuamiento que llevó, por ejemplo, a Misiones a deber apenas el 12 por ciento del presupuesto para 2016, cuando debía tres presupuestos en 1999. El intendente porteño hizo el camino inverso. Cuando asumió hace ocho años, Buenos Aires debía US$ 570 millones. Hoy debe US$ 1.794 millones, es decir que triplicó la deuda.
Paradójicamente, el propio Martínez de Hoz admitía en aquel entonces que estaba aplicando cirugía mayor para un dolor de cabeza. «La Argentina no es un país subdesarrollado. Tenemos nivel de ingreso por habitante más alto de América Latina, cuando el mundo se debate en crisis de alimentos y energética, tenemos capacidad de producción para elevarnos a potencia mundial y tenemos la suerte de contar con reservas energéticas suficientes para ser autoabastecidos o depender en pequeño grado para la importación y poder afrontar el desarrollo energético como no lo pueden hacer otros países», reconocía.
Sus políticas destrozaron todo eso y la dictadura dejó una nefasta herencia de deuda externa bañada en sangre.
Martínez de Hoz no quería saber nada con eslóganes ni «ismos». Pedía «mirar de 1976 en adelante y no para atrás» porque «Argentina se ha visto sumida en un estéril debate ideológico, con recetas estereotipadas con la cuál algunos sectores han intentado descalificar a otros» por lo que no había que «perder tiempo en encasillamientos doctrinarios».
«La economía argentina no tiene ningún mal básico e irreparable, tiene una extraordinaria potencialidad a través de sus recursos humanos y naturales. Consideremos la calidad de nuestra población, su índice de cultura, su bajo nivel de analfabetismo, la calidad de nuestros profesionales, técnicos y obreros, la ausencia de problemas étnicos o religiosos. Una muy amplia gama de nuestra población que puede considerarse de clase media unido a un sector obrero que ha madurado y ha alcanzado un nivel de vida extraordinariamente alto en comparación con otros países», explicaba.
Pasaron más de 30 años, pero el mensaje es casi calcado al que emiten a diario los economistas del PRO, de cara a la segunda vuelta.
“Estamos llenos de riquezas y oportunidades, pero lo más valioso que tenemos es nuestra gente, sus ganas y fortaleza”, dijo ayer, envalentonado, el propio Mauricio Macri.
El referente económico de Macri, Alfonso Prat Gay ya adelantó que el precio del dólar se unificará en «alto» y Carlos Melconian, el asesor estrella en las sombras, advirtió que «ya no se pueden subir más sueldos y jubilaciones«. Rogelio Frigerio, el otro “referente” del PRO, planteó un arancel cero para la soja.
Tres de las medidas anunciadas en aquel 2 de abril de 1976. ¿Por qué serían ahora diferentes los resultados?
Melconian y Frigerio no son, por cierto, nada nuevo. Ambos integraron el equipo asesor de Carlos Menem que huyó ante la segura derrota en la segunda vuelta ante Néstor Kirchner.
Prat Gay dio también una muestra de la visión del PRO y lo que le espera a las provincias «periféricas» como Misiones. «Somos una Nación de 40 millones de habitantes con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región, que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa de dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes, con un curriculum prácticamente desconocido. No vaya a ser que en 2020 estemos hablando fulano de tal, que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder», dijo el economista reeditando una vieja disputa de unitarios y federales.
El salteño Martín Miguel de Güemes o los generales misioneros José de San Martín y Andrés Guacurarí vendrían a ser caudillos despreciables en esa etnocéntrica mirada política que es coherente con los votos obtenidos por su jefe político. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza son las provincias donde más adhesiones cosechó. El norte argentino y el sur, demasiado lejano, en cambio, lo rechazó.
No es apenas una expresión particular de un dirigente de la elite. Es un accionar. En la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó y pasó al Senado la ley enviada por la presidenta Cristina Fernández que promueve la regularización dominial de la vivienda familiar, para las casi 540 mil familias que, según el último censo, construyeron su vivienda pero no son dueñas del terreno en el que ésta se emplaza, especialmente en las provincias del interior del país.
Con la ley, el Estado podrá financiar la compra de tierras ocupadas irregularmente y tendrá un «Registro Nacional de Barrios y Viviendas Informales» para contar con información que ayude a orientar las políticas. En Misiones, la ley tendrá un fenomenal impacto en el trabajo de regularización dominial. Ningún diputado de la oposición, mayoritariamente enrolado en el PRO, acompañó la iniciativa.
No es casual que Macri haya dedicado los primeros días de campaña a una gira por el norte para seducir a un electorado esquivo. Vino a Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones, donde recuperó el respaldo de su viejo amigo, Ramón Puerta después de una temporada en el massismo. En su breve paso por Posadas, Macri también dejó ver cuál sería su mirada para los problemas regionales. Adelantó que si gana su primer viaje será a Brasil para «recuperar» la relación. Sin embargo, admitió que su política exterior apuntará hacia la alianza del Pacífico, sostenida por Estados Unidos con la premisa del libre comercio.
Aunque Macri hable de «federalismo», sus propuestas chocan con su mirada hacia el interior y se concentran en favorecer a la economía central.
Eliminar las retenciones a la soja, por ejemplo, beneficiará a un pool de patrones de estancia de la Pampa Húmeda, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que ya tiene ingentes ganancias. Como contrapartida, se desfinanciará el Estado y las provincias dejarán de recibir su cuotaparte de los gravámenes. Solo en 2016 Misiones podría perder 600 millones de pesos del Fondo Federal Solidario, de los cuáles, 200 millones van directo a los municipios para financiar la compra de equipamiento.
En cambio, la idea de reducir las retenciones a las economías regionales como anunció Scioli en Posadas, tendría un enorme impacto positivo en los pequeños productores misioneros. El bonaerense apuntó a la yerba, el té, el tabaco y las pequeñas y medianas industrias forestales.
Para exportar tabaco los productores pagan una alícuota del 10 por ciento y podría reducirse al cinco por ciento. Las retenciones a la yerba mate, actualmente se ubican en el 5 por ciento.
Para la Nación, los recursos obtenidos por estas retenciones no son relevantes y cuesta entender por qué siguen vigentes, generando un enorme malestar en cientos de productores que podrían estar en mejores condiciones económicas. Las retenciones de la sumatoria de economías regionales, carne, gramíneas y girasol representan el 1,38 por ciento de lo recaudado en el país, señala el sitio especializado Agroblog.
Por las economías regionales, se calcula que se recaudarán 288.000.000 dólares este año. Por el complejo sojero, 5.494.502.586 dólares. Además, la yerba y el té que tienen una retención del cinco por ciento, con alícuota cero de reintegros, algo que Scioli prometió revisar.
Por el tabaco, teniendo en cuenta las exportaciones provinciales del año 2014 y aplicando el 10 por ciento en concepto de Derecho de Exportación al el Estado Nacional percibe aproximadamente la suma U$S 5.159.100.
Las propuestas dejan ver entonces quienes serán los beneficiados. En el caso de Scioli, pequeños y medianos productores. En el caso de Macri, terratenientes del monocultivo.
Lo mismo sucede con una devaluación o la apertura de las importaciones.
La devaluación dejará caer todo su peso sobre el asalariado, que verá perder su poder adquisitivo y no solucionará los problemas particulares de las economías regionales, que requieren de mucho más para recuperar competitividad, como inversión en infraestructura y logística, que sólo se puede concretar con un Estado dedicado y presente.
La apertura de importaciones beneficiará únicamente a quienes tienen el capital para acceder a mercados internacionales, pero destruirá las industrias locales que recién ahora gozan de una anhelada estabilidad después del final explosivo de 2001, cuando los zapateros destruían sus productos frente a la Casa Rosada ante el aluvión de productos de Brasil.
Llamativamente, para justificar sus promesas de ajuste, los “analistas” aseguran que la economía es “un desastre”, cuando con las mismas políticas que ahora pregonan, hace quince años se pagaba los sueldos en bonos.
Por ese entonces, Aerolíneas Argentinas, YPF y las jubilaciones eran privadas. Las joyas de la abuela fueron vendidas a un precio vil y los servicios no mejoraron, ni las jubilaciones ni la capacidad energética.
En algunas cosas será difícil un retroceso. La Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales tienen promesa de continuidad, aunque con un Estado sin recursos, nada está garantizado. Simplemente congelando los montos o frenando nuevas incorporaciones, los programas dejarán de tener relevancia en la economía familiar.
Otras decisiones tomadas en los últimos años, están, en cambio, a tiro de decreto. Juan José Aranguren, el especialista energético del PRO, ex presidente de Shell, ya anunció que se revisará la continuidad de YPF estatal y aseguró que “no es relevante recuperar el autoabastecimiento y la soberanía hidrocarburífera”.
Está claro que el referente del PRO prefiere al privado explotando los recursos nacionales. Pero lejos de ser un problema como en los tiempos en que la empresa era manejada por Repsol, los datos de la petrolera estatal son satisfactorios.
YPF informó que en los tres primeros trimestres del año acumuló un crecimiento de sus utilidades del 9,1 por ciento respecto al mismo período de 2014, en tanto que la producción operada en el tercer trimestre del año registró un crecimiento del 2,3 por ciento en crudo y del 2,1 por ciento en gas, y la inversión se incrementó en un 14 por ciento en el mismo período.
Para YPF, este resultado favorable para lo que va del año «contrasta con la situación por la que atraviesa el sector a nivel internacional que presenta caídas y recortes en los planes de inversión».
“Si la política de hidrocarburos de Macri es la que propone Aranguren, lo mejor que podemos hacer es persignarnos, ponernos de rodillas y empezar a rezar”, dijo el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, quien apuntó que «no garantizar el autoabastecimiento energético significa lisa y llanamente desocupación, y nadie quiere volver a situaciones dramáticas que ya conocemos», advirtió.
Buzzi además preside la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos que nuclea, además de Chubut, a las provincias de Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego, todas con producción petrolera.
El miedo está justificado. Una empresa en manos privadas priorizará la rentabilidad por sobre el impacto social. Ya lo vivió la Argentina de los 90 con pueblos enteros destruidos por las privatizaciones. Así nacieron los piquetes, célebres por estrenar una forma de protesta que se extendió en el tiempo y trascendió las fronteras.
En cambio, la petrolera estatal no sólo genera empleo, sino que tiene un efecto positivo en toda la economía de las provincias petroleras e incluso en otras más alejadas, como la misionera, ya que empresarios madereros pueden colocar allí postes o viviendas.
En 2013, Energy Information Administration -la agencia estadounidense de Información de Energía- reconocía que la Argentina dispone de reservas técnicamente recuperables de 27 mil millones de barriles de shale oil (el cuarto a nivel mundial) y 803 billones de pies cúbicos de shale gas, solo por detrás de Rusia y Estados Unidos. “Estas enormes cantidades colocan al país como un potencial sucesor del liderazgo del shale (petróleo no convencional), hasta ahora en manos de Estados Unidos”, cita la revista especializada Energía16. Vaya si tiene relevancia el autoabastecimiento y la soberanía energética.
El gobernador Maurice Closs sostiene en cada discurso que hay que sacarle la “máscara” a la propuesta de Macri para que diga cómo hará el ajuste y su impacto en la sociedad. No se trata de campaña sucia, aclara, sino de echar luz sobre las propias definiciones del PRO.
“No soy de aquellos que hacen ni campaña negativa, ni menos aún campaña sucia. Pero me preocupa cuando escucho a los candidatos del proyecto centralista, de ese núcleo que se cree distinto de la ciudad de Buenos Aires. Como Alfonso Prat Gay, candidato a ministro de Mauricio Macri cuestionando a los del interior que llegan cada tantos años a gobernar el país representando a provincias que no tienen habitantes. Esas palabras son muy duras para el interior, te podrá gustar (Carlos) Menem o (Néstor) Kirchner o quien fuera, pero llegaron por la voluntad popular. Fueron representantes de sus pueblos como lo fue Avellaneda, como fue Sarmiento, como fue Roca, algunos sanjuaninos, otros tucumanos. Ese desdén como nos miran desde el centro del país la verdad que a mí me preocupa», sostuvo el mandatario.
«También me preocupa, y lo dicen abiertamente, que se viene una megadevaluación y un fenomenal endeudamiento para la Argentina. Eso significa menor poder adquisitivo y pérdida de la capacidad del salario de los trabajadores de la Argentina, públicos y privados. Y ellos lo dicen, no es campaña negativa, yo lo estoy diciendo como también dicen que no están de acuerdo con la universidad pública, de libre acceso y gratuita, en la que nosotros, muchos de los que estamos acá la mayoría estudiamos, en este fenómeno fundamental de movilidad social que tiene nuestra universidad desde principios del siglo pasado», reflexionó.
En cambio, el jefe de Gobierno porteño se muestra como víctima de una campaña “tremendamente agresiva” y cuestionó los actos de la presidenta Cristina Fernández al sostener que ejemplifica «el relato que continúa».
No es, sin embargo, un relato. Nada de lo que se está diciendo es un ataque personal ni a las ideas. Pero en momentos en que se define el rumbo del país, bien vale analizarlas para elegir el mejor camino. No se trata de meter miedo o, en última instancia, son las mismas ideas las que meten miedo, a la luz de la historia que muchos prefieren olvidar.
