Infojus. A las 8.50 del viernes 3 de noviembre de 1995 una nube de fuego se alzó sobre la ciudad de Río Tercero, Córdoba. Teresita Gaviglio acababa de abrir las puertas y ventanas de su casa para dejar pasar el aire fresco y lo que recibió, en cambio, fue el empujón de una onda expansiva que voló las cortinas y los vidrios, como si un gigante hubiera soplado con fuerza. El estruendo provenía de la Fábrica Militar, el lugar de trabajo de Omar, su marido. En ese mismo instante, Mary González, vecina de la Fábrica y administrativa municipal, se acomodaba en su puesto de trabajo en el centro de la ciudad; Fernando Colautti, periodista del semanario Tribuna, se servía un café en su casa de soltero y revisaba las noticias para un día de cierre. Faltaban diez días para su casamiento.
Hace 20 años, las vidas de los 46 mil vecinos de Río Tercero quedaron paralizadas cuando sintieron la primera de varias explosiones en cadena en la Fábrica Militar. Para la Justicia fue un “atentado provocado de modo intencional, organizado y direccionado para lograr el ocultamiento de pruebas sobre el contrabando de armas y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices”, durante el gobierno de Carlos Menem. En el ataque murieron siete personas, 300 resultaron heridas y cuatro barrios quedaron devastados.
Teresita dice que luego de la primera detonación pensó en Omar y en su hijo Pablo, de 14 años, que estaba en la escuela industrial General Savio, a pocas cuadras de la Fábrica. Aturdida, Mary corrió a su casa a buscar a su madre Josefa. Fernando pensó que había estallado una garrafa, pero cuando se asomó a la ventana vio un hongo de humo negro que crecía recortado en el cielo. Tomó un grabador, una cámara y subió a su Renault 9. Fue directo al hongo.
En los barrios que rodean la Fábrica Militar la gente corría desconcertada. Mary vivía en la calle Arenales, a dos cuadras del ingreso a la planta. Encontró a su madre con un golpe en la cabeza y llorando, porque no quería dejar su casa que había quedado sin puertas, ni ventanas ni muebles. La ropa –antes colgada en el tendedero– era girones de tela chamuscada y desparramada en el patio.
Fernando frenó el auto a cincuenta metros de la planta. Allí tomó una foto: en la imagen se ve a un obrero de la fábrica militar huyendo en bicicleta y detrás de él una cortina de humo y tierra. Es, quizás, la única foto capturada entre la primera y la segunda explosión, la más poderosa, ocurrida minutos después. Escombros, esquirlas, y proyectiles de diverso calibre fueron expulsados a una distancia de dos kilómetros. Mary y Fernando estaban subiendo a sus autos para abandonar el lugar y estallaron los vidrios.
Cuando tiene que describir cómo se siente la onda expansiva en el cuerpo, Mary dice: “Te quedás vacía por una milésima de segundo, como si te sacaran todo, incluso el aire. Hay silencio y después la explosión”.
Para Teresita, esa sensación de vacío duró varias horas, hasta vio entrar por la puerta de su casa a Pablo y a Omar Gaviglio.
“La Fábrica Militar de Río Tercero fue la base operativa del contrabando de armas a Croacia”, dice a Infojus Noticias Omar Gaviglio, jefe de Planta de Cargas de Explosivos, el lugar dónde esa mañana se inició el siniestro. Desde la ventana de su oficina, Omar vio llamas que ardían como bengalas gigantes en el galpón dónde había barriles con Trotyl. Él hizo sonar la alarma.
En la primera etapa de la investigación judicial, cuando la hipótesis giraba en torno a una falla en los controles, Gaviglio fue uno de los imputados. Pero el atentado era inocultable. Con los años, el testimonio de Gaviglio resultó clave en la causa por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, que terminó con 18 condenas (ahora apeladas), entre ellas al ex presidente Carlos Menem. El juicio por la explosión de la Fábrica Militar se concretó recién a fines de 2014 y Menem no estuvo entre los acusados. El Tribunal Oral Federal N°2 condenó a cuatro militares que ya habían sido condenados por tráfico de armas. Ninguno está preso.
“Desde 1993 maquillamos unos 15 cañones Citer y nueve obuses Otto Melara. La orden era repintarlos y borrar las inscripciones del Ejército Argentino”, contó Gaviglio a Infojus Noticias. Dos empleados de la Fábrica Militar viajaron a Croacia para armar los cañones vendidos. “En enero de 1995 suspendimos las vacaciones porque había que preparar un cargamento, había que despintar y pintar miles de proyectiles. Pero en el medio aparecieron las primeras noticias en los diarios sobre las ventas de armas. Se ordenó parar todo y tuvimos que volver a pintarlos del color original”. Gaviglio habla desde el teléfono del centro de jubilados del personal civil de la Fábrica, dónde es presidente.
En el lugar dónde comenzó el incendio, quedaron dos cráteres de diferente tamaño. Según las pericias, son las huellas de dos explosiones simultáneas, que sólo pudieron quedar si se provocaban de manera simultánea. “El cráter pequeño es el de la carga menor que se usó para direccionar la onda expansiva de la carga mayor hacia la ciudad. Buscaron evitar que la onda alcanzara las casas de los oficiales y, sobre todo, la planta petroquímica que está en dirección contraria. Eso hubiera provocado una tragedia mayor”, explicó Aukha Barbero, abogado querellante en el juicio.
Lo que no formaba parte del libreto fueron las explosiones en cadena que siguieron después. Según los cálculos de Gaviglio, estallaron más de 2 mil proyectiles y la lluvia de material pesado se esparció a dos kilómetros.
Una de las esquirlas alcanzó a Laura Muñoz, de 27 años, que vivía en barrio Escuela. Su madre y su hermano la vieron morir. Otra esquirla dio en la cara de Romina Torres, de 15 años, cuando intentaba evacuarse del Colegio Nacional. A ellas se sumaron Aldo Aguirre, un joven de 25 que, advertido de las explosiones, se quedó en la zona para ayudar a otros vecinos; Mario Solleveld de 32 años, alcanzado por una esquirla cuando salió de su casa a buscar ayuda para sacar a su mujer y a su hija, y José Varela, un hombre de 50 años.
De las siete muertes, en sólo un caso una familia siguió la querella penal que finalmente llegó a juicio. La víctima era Francisco Hoder, profesor de Química la escuela Industrial General Savio. La onda expansiva de la tercera explosión lo alcanzó en su auto, cuando intentaba alejarse. Tenía 55 años y su corazón no lo soportó. La esposa, la abogada Ana Gritti, fue el motor de la investigación. Ella murió antes del juicio, pero sus hijas, María Eugenia y María Julia, continuaron asistidas por los abogados Horacio Viqueiria y Aukha Barbero.
Los cuatro militares condenados a pasar entre 10 y 13 años de prisión, siguen libres. “Pedimos que las instancias de casación y la Corte Suprema le den un tratamiento preferencial a este caso, para que no vuelvan a pasar otros 20 años y podamos tener un fallo firme”, exige Barbero.
El periodista Colautti, que cubrió el juicio para La Voz del Interior, siente que “el juicio se vivió en un clima de bastante indiferencia y apatía” en Río Tercero. Su explicación es que en el banquillo no estuvo sentado el verdadero responsable. “La inmensa mayoría de la gente asume que Menem lo hizo. Todos lo identifican con algo provocado desde el poder, y ese poder fue Menem. Entonces quedó la sensación de que se juzgó a perejiles”, dice.
Cuando esa mañana Fernando Colautti llegó a los barrios que rodean la Fábrica, escuchó que los vecinos gritaban: “Explotaron los polvorines”. Se sorprendió. “Los polvorines era un secreto militar”, dice. Tan secreto era, que a principio de los noventa, Río Tercero comenzó a prepararse para una posible tragedia y a diseñar un “plan de riesgo”, pero la amenaza estaba representada por el polo petroquímico que crece a un costado de la ciudad. “La Fábrica Militar no fue incluida en la lista de riesgos porque se suponía que debía mantenerse en secreto”, recuerda.
Una de los profesionales que trabajó en el diseño del Plan de riesgo fue el psicólogo Sebastián Bertucelli. “Ya habíamos mapeado las áreas más críticas por los escapes de gas químico. En 1993 posicionamos equipos para hacer un seguimiento de esas poblaciones y ver formas de evacuación. Hasta que ocurrió algo que no estaba en los libros” contó al programa Justicia Legitima. Según Bertucelli, ese día se evacuaron 15 mil personas sin ayuda institucional.
El psicólogo explicó que en trabajo posterior fue complejo. “Primero vinieron los periodistas amarrillos, después los psiquiatras a decir que todos estábamos traumado, cuando es al revés, en catástrofes, todos estamos sanos hasta que alguien presente problemas. Finalmente llegó la industria del juicio, otra epidemia, que judicializó a todos y dividió el movimiento colectivo para que cada cual cobre un subsidio”. A 20 años, en Rio Tercero se iniciaron 10 mil demandas civiles y una sola causa penal. “Mientras exista el aparato ideológico que victimiza a la víctima, psiquiátriza al enfermo, miserabiliza al pobre, la gente tiene un pie en la cabeza”, dijo Bertucelli.
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Hector Cavallone prendió el televisor y vio las primeras noticias. Río Tercero, su ciudad, parecía bombardeada. Levantó a su hijo de siete años, lo subió al auto y dijo: “Nos vamos a ayudar”. José González manejaba su remis rumbo a Córdoba cuando vio pasar en sentido contrario una fila de ambulancias y autos. Prendió la radio, escuchó la noticia y regresó. Muchos de los evacuados volvieron a la zona afectada después de las cuatro de la tarde.
Aukha Barbero, el abogado querellante, regresó luego de llevar a su familia a Villa Ascasubi, un pueblo a 20 kilómetros que sirvió como refugio de contención. “Trabajamos mucho para poder levantarnos”, dice. Para Aukha, este no será un aniversario más. “Hubo juicio y eso alivia, pero esperamos las sentencias firmes”, agrega. “El cambio generacional va haciendo que la herida se cure, pero es muy importante mantener viva la llama de la memoria. Porque esto sucedió en una época del país a la que no queremos volver”, finalizó.
