A raíz de una denuncia radicada en el Juzgado Federal de Mar del Plata que daba cuenta de que un joven chino trabajaba en un supermercado céntrico, sin poder regresar a su país y que era escondido durante inspecciones de la Dirección Nacional de Migraciones, la fiscal Laura Mazzaferri había solicitado tareas de inteligencia y el allanamiento del comercio y la vivienda de los dueños del lugar. La investigación desembocó en la imputación de una pareja de origen chino por el delito de trata de personas y días atrás el juez Santiago Inchausti firmó el procesamiento.
De acuerdo a la pesquisa, la víctima -quien fue rescatada y se encuentra bajo el acompañamiento del Programa de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación- recibió una oferta laboral que nunca se cumplió al llegar a Mar del Plata. En abril, el joven se habría tomado un tren rumbo a Hong Kong, luego viajó hasta Tailandia donde tomó un avión hacia Yemen o Abu Dabi, donde finalmente entregó su documento a una persona presuntamente de Malasia, quien habría actuado en connivencia con los captores. Según consta en el expediente, el intermediario le retuvo documentación personal, lo acompañó el resto del viaje, que realizó con documentos de identidad tailandeses falsos. El periplo continuó en Brasil desde donde ingresó a la Argentina a través del paso Puerto Iguazú. En Buenos Aires, el acompañante lo entregó a otra persona también de origen chino, quien habría sido amiga de los imputados y se ocupó de llevarlo hasta el supermercado ubicado en Santiago del Estero entre avenida Colón y Brown.
Al llegar, el joven se enteró de que tenía una deuda de 20 mil dólares por pasajes, traslados y alojamiento, dado que vivía junto a los imputados en un departamento ubicado sobre la avenida Colón. Le dijeron que debía trabajar durante dos años sin remuneración. En los casi seis meses de estadía en Mar del Plata, nunca vio un peso. Además, dijo que recibía malos tratos por parte de la mujer, a quien identificó como “la patrona”, que solamente se trasladaba del supermercado hacia la casa y viceversa, o salía a correr a una plaza cercana antes de ir al trabajo. Algunas veces, lo mandaban a caminar (y así conoció el mar): era cuando se suponían controles de la Dirección de Migraciones en el local. Alguna vez, hasta lo escondieron en un depósito.
A pesar de que la imputada, quien permanece en libertad por tener a su cargo a una niña, dijo que el joven tenía las llaves para moverse libremente, surgió una contradicción al respecto, pero además la resolución judicial contempló que no tenía dinero ni documentos y siquiera hablaba castellano. Esto, advirtió Inchausti, implicaba que eran los imputados “el filtro y canal único para establecer vínculos con el mundo”.
Según se estableció, el supermercado hacía cuatro años que era explotado por los imputados y las condiciones laborales allí estuvieron siempre al margen de la ley.
Al analizar la situación de la víctima, el magistrado dejó en claro que provenía de “una situación económica de pobreza y necesidad que provocaba que cualquier horizonte, por más desfavorable o adverso que fuera, comparativamente resultaría mejor al de su lugar de origen”. El magistrado advirtió también una restricción de la libertad ambulatoria y de decisión.
Inchausti resolvió el procesamiento de la pareja por trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, y por haberse consumado la explotación, en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre. Esto, indica la resolución, concurre idealmente con el delito de haber facilitado la permanencia irregular de una persona extranjera en el territorio nacional abusando de su necesidad. Todo ello, con el fin de beneficiarse económicamente mediante la explotación de mano de obra esclava.
Además de los procesamientos, el juez trabó un embargo sobre los bienes de los procesados por 500 mil pesos.
