El beneficio se aplicará ante la presunción del delito de trata. Solo a partir de los casos detectados por el Renatea surgen unas cien personas en condiciones de acceder al sistema. La prestación es de 960 pesos mensuales, a la que se pueden sumar otros 500 pesos mensuales en caso de que la víctima tome cursos de capacitación. Además tendrán cobertura de salud y asignaciones familiares. Destacan que el principal objetivo es hacer un seguimiento de las víctimas de trata laboral para evitar que vuelvan a caer en ese flagelo.
El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y los ministerios de Derechos Humanos y Trabajo de Misiones anunciaron el otorgamiento de una prestación de protección social a las víctimas de trata por explotación laboral en sectores rurales. Consiste en una erogación hasta ahora inédita de un monto equivalente al máximo del seguro por desempleo (960 pesos), monto al que se sumarán 500 pesos si los beneficiarios acceden a recibir capacitación. La prestación se mantendrá durante seis meses, pero se la podrá extender a un año. Además, se brindará cobertura de salud para el trabajador y el grupo familiar, más una ayuda de 500 pesos para capacitarse en algún oficio.
Del anuncio participaron el ministro de Trabajo y Empleo, Jorge Valenzuela; su par de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta; el responsable provincial de Registro y Prestaciones del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), Martín Ibarguren, entre otras autoridades.
El titular del Renatea indicó que en Misiones habría unos cien beneficiarios solo como resultado de las inspecciones realizadas por ese organismo. “Realizamos seis denuncias por trata laboral en 2015, estaríamos hablando de cien familias que accederían a la prestación solo a partir de esos procedimientos”, señaló.
El funcionario destacó que “esto nos permite otorgar un marco de protección a quienes denunciaron y tener un seguimiento de las víctima durante 6 meses con prórroga a un año. Es importante que el Estado tenga continuidad en el seguimiento de la víctima de trata, nos ha pasado que los victimarios siguen teniendo contacto con las víctimas, incluso los hacen declarar en escribanías privadas negando todo lo que les ocurrió, lo que lleva a que la víctima se revictimice que siga en estado de vulnerabilidad”, detalló.
Mientras que el titular de la cartera laboral expresó que el objetivo es “erradicar la trata laboral, que debe ser una mala palabra para los misioneros”, y añadió que esta ayuda económica del Gobierno Nacional posibilitará que estas víctimas accedan a un monto igual al seguro de desempleo.
El funcionario dijo que más allá de esta ayuda “no vamos a dejar pasar estas cuestiones tan graves que constituyen un delito”, y marcó la importancia de que se siente jurisprudencia, “es bueno que ya haya fallos condenatorios porque es un delito que no va a pasar inadvertido”.
En esta línea, recordó que “en la justicia ya tenemos antecedentes de condenas por el delito de trata. Hace algunos meses hubo una condena efectiva en Entre Ríos y en la provincia hay denuncias que están en marcha. Una de ellas está relacionada con el fallecimiento de un niño de la comunidad mbyá guaraní; la fiscal está reuniendo pruebas y continúa la investigación”, explicó.
Se rescataron cerca 200 víctimas de explotación laboral
Por su parte, Soria Vieta destacó que la Provincia logró “recuperar a 250 mujeres víctimas de trata de explotación sexual y cerca de 200 víctimas de explotación laboral”. Aclaró que se trata de casos que se dieron en Misiones como así también con misioneros que eran explotados en otras partes del país como Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.
“Llevaban a gente humilde de la zona oriental, les prometían abultados salarios y luego les pagaban el 10 por ciento de lo prometido o directamente no les pagaban; los tenían en galpones y les quitaban los documentos”, detalló.
Por trata se entiende la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, con el uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude o engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación.
JRC EP
