El mensaje al mundo

En junio del año pasado el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri lanzaba un pedido que definía su forma de pensar. «Hay que hacer» lo que el juez de Nueva York Thomas Griesa ordene, había dicho.
«Ahora hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y lo que él termine diciendo, hay que hacerlo. Sino, entramos en default. Ahora ya nos ejecutaron. Tenemos que ir y pagar», se jugó en el clímax del conflicto con los fondos buitre.
El jueves, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una iniciativa impulsada por Argentina para frenar el accionar de los fondos buitres, que incluye una serie de nueve principios que tienen por objetivo dar viabilidad a los procesos de reestructuración de deuda soberana encarados por países en crisis.
El proyecto contó con el apoyo de 136 países, mientras que 41 se abstuvieron y se opusieron Alemania, Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón, Reino Unido.
El canciller argentino Héctor Timerman afirmó que la resolución «es a favor de la estabilidad económica, de la paz social y de los derechos de los pueblos» y un freno a las acciones de los fondos buitre.
La deuda soberana «es un derecho que tenemos los países para reestructurar y es una forma de poner límite a los piratas del siglo XXI que son los fondos buitre que, amparándose en la falta de una legislación global, han aprovechado y usufructuado sobre la pobreza de muchos de los países aquí presentes», dijo el canciller.
Los principios que buscan limitar a los fondos especulativos son los de soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría.
La votación en la Asamblea General llegó un año después de que Argentina propusiera la creación de un Comité especial para desarrollar un marco jurídico global para las reestructuraciones de deuda, que recibió entonces el apoyo de 124 países, 11 votos en contra y 41 abstenciones.
Los once votos en contra que recibió en su momento se redujeron a seis, un hecho destacado por la presidenta Cristina Fernández.
La resolución de la ONU servirá para que otros países no sufran los ataques buitres que todavía recibe la Argentina. Cientos de países se verán beneficiados, especialmente los más pobres o en vías de desarrollo.
Pero esencialmente, es el resultado de la tenacidad de un Gobierno que decidió proteger la economía nacional en lugar de la receta sencilla y tradicional de rendirse ante los poderes financieros.
Si se hacía lo que pedía Macri, Argentina iba a pagar varios cientos de millones de dólares más por la reestructuración de la deuda y, peor aún, no iba a cortar la cadena de sometimientos.
La frase del intendente porteño pinta a las claras su visión de país. Simplemente había que acatar la decisión de un juez municipal neoyorkino. Sin dilaciones. Para quedar bien con el poder económico financiero global y habilitado para pedir más plata prestada.
Ninguno de los pronósticos de cataclismos se cumplió y Argentina no solo sigue de pie, sino que lideró una nueva forma de encarar los conflictos entre países soberanos y grupos de la carroña financiera. Lejos de la idea de aislamiento que proyectan algunos pensadores, la política diplomática argentina tuvo un fuerte respaldo de buena parte de los países del mundo. Los que se opusieron a la resolución en la ONU, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Israel y Japón, son precisamente los países donde los fondos buitres y la especulación financiera son parte estructural de la economía. Y son, esencialmente, los países que prestan.
Estados Unidos todavía padece los efectos de la burbuja financiera que estalló en 2009, pero no se atreve más que a poner unas tibias regulaciones a los “mercados”.
Alemania, convertida hoy en patrón de Europa gracias a su poderío económico desprecia cualquier tipo de regulación que pueda afectar su dominio. Grecia sufrió en su propia carne la actitud de Alemania que no aceptó ni un centavo de quita de deuda en la negociación de salvataje.
La resolución de la ONU es no vinculante y en poco modificará la situación jurídica de la Argentina. Sin embargo, tendrá un peso tácito en futuras negociaciones y posiblemente evitará que aparezcan nuevos Griesa que pongan en aprietos a países ya en dificultades. También apunta al rol de los organismos financieros internacionales que pretenden influir en las políticas económicas, generalmente en contra de los intereses de los pueblos.
El texto establece el derecho de cualquier Estado a «elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de la deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas».
También insiste en la necesidad de renegociar la deuda “de buena fe” y por medio de “negociaciones constructivas de reestructuración” y que observen criterios de transparencia e imparcialidad.
Agrega que los Estados deben abstenerse de “discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho”.

 

ONU – Principios Básicos Para Reestructuraciones de Deuda Soberanas


En definitiva, la ONU abre un paraguas para futuras reestructuraciones. Los buitres seguirán sobrevolando el mundo, pero ya no se manejarán con tanta impunidad.
Durante años se dijo que Brasil era el ejemplo a seguir en materia económica. Sobre todo durante los años dulces de Lula Da Silva. Sin embargo, hoy el gigante vecino atraviesa una dura crisis que pone en jaque sus perspectivas de mediano plazo y en peligro la economía argentina.
Brasil potenció su crecimiento con la exportación de manufacturas, afectadas por la caída de precios global y un fuerte impulso al consumo interno, con la incorporación de 40 millones que salieron de la pobreza para incorporarse a la clase media. La locomotora tuvo un andar arrollador hasta convertirse en la sexta economía del mundo -con proyección de ser la quinta en 2023-, pero de repente, ante la caída de los precios de las commoditties, manchas de corrupción y algunas impericias, todo se derrumbó.
El remedio fue peor que la enfermedad. Dilma Rousseff nombró al neoliberal Joaquim Levy como ministro de Economía y las políticas de ajuste provocaron un estancamiento mucho peor con recorte de gastos y un proyecto de aumento de impuestos. El consumo cayó con un fuerte impacto en el empleo y las proyecciones estiman que la economía se contraerá un 3,2 por ciento.
El gasto del consumidor cayó en el segundo trimestre, y consultoras como Barclays, esperan que los brasileños gasten cada vez menos, con el consumo de los hogares reduciéndose el 4 por ciento.
Es difícil pronosticar cómo saldrá Brasil de la crisis, pero lo cierto es que las recetas neoliberales aplicadas fueron nafta arrojada al fuego.
La situación sirve como espejo de lo que sucedería en la Argentina con políticas similares. El ajuste inexorable que prometen los economistas de Macri no puede tener un destino distinto. En realidad, las políticas clásicas aplicadas en Brasil ya tuvieron su momento de gloria en la Argentina durante los 90 y el resultado fue desastroso, con pobreza y desempleo récord, cierre de fábricas y un alto endeudamiento.
Durante su visita a Misiones el viernes por la noche, Daniel Scioli, acompañado por el gobernador Maurice Closs y el candidato a sucederlo, Hugo Passalacqua, se empapó de abrazos globales en la Fiesta Nacional del Inmigrante –un ejemplo de convivencia inusual en el mundo árido de refugiados, expulsados y muros antiinmigrantes-. Scioli reiteró que las correcciones que haya que hacer al modelo económico deben ser graduales.

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“Los argentinos no quieren ajuste sino un Estado presente, promover la asociación de lo público con lo privado, avanzar sobre lo construido hasta el presente», a la vez que resaltó que “al lado nuestro están los gobernadores, legisladores, organizaciones gremiales, intendentes, por ser un proyecto político de confiabilidad”, que “es lo que quieren los argentinos, y no un salto al vacío”, y no como «las otras propuestas que «no tienen una estructura que les asegure gobernabilidad», enfatizó.
El Estado presente es lo que logró sacar de la crisis a la Argentina, Brasil y varios países de Latinoamérica. Su corrimiento -que no su ausencia- deja libradas al humor de los mercados la vida de millones de personas.
Ese contraste se puede analizar en cuestiones macro, pero también palpar en las cuestiones cotidianas, que afectan la vida de los vecinos de la cuadra o los trabajadores del interior misionero.
El conflicto suscitado entre Arauco -ex Alto Paraná- con sus trabajadores por la negativa de la multinacional chilena de abrir las negociaciones paritarias, refleja con claridad cómo opera el capital transnacional. No le interesa la vida de sus trabajadores, sino maximizar ganancias al extremo. El grupo chileno prefirió cerrar la planta de Puerto Esperanza antes que ceder ante las pretensiones salariales de sus operarios, que reclaman un aumento mínimo del 30 por ciento y un plus de cuatro mil pesos, que es, en definitiva, lo que acordaron las demás empresas del país con la federación que los nuclea.
Para una compañía que registró ingresos por US$5.328,6 millones en 2014, los salarios pagados en Misiones y en pesos, son demasiado bajos: 5.500 para la categoría más baja y nueve mil para la más alta, entre los 200 trabajadores bajo convenio y 150 tercerizados, de los cuáles, 300 están afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Misiones.
Pero Arauco no solo desprecia las negociaciones salariales, sino también las leyes aprobadas por el parlamento misionero. En 2008 se declaró la insalubridad laboral en las industrias de pasta celulósica, para proteger a los trabajadores con una menor exposición temporal a los químicos utilizados y la posibilidad de jubilarse a los 55 años, diez menos que el promedio. Desde entonces, Arauco cuestionó en los estrados judiciales la norma, pero el Superior Tribunal de Justicia ratificó la vigencia de la ley y su aplicación en todas las industrias. Los directivos de la pastera chilena ya anticiparon que harán caso omiso de la decisión del STJ porque pretenden que sea la Corte Suprema la que se expida y que, eventualmente, el cierre puede ser definitivo. Mientras tanto, siguen sin reconocer los efectos de la ley.
Ante esto, la Legislatura misionera votó el jueves un repudio unánime al grupo Arauco e instó al Gobierno a tomar medidas más contundentes para que se haga cumplir la ley. El ministerio de Trabajo ya aplicó una multa y está latente la posibilidad de una clausura.
Pero algunos diputados fueron más allá, como Héctor Bárbaro, quien directamente deslizó la idea de que si Arauco se quiere ir, Misiones no debería extrañarla.
En cambio, otros sectores políticos, más vinculados a una visión empresarial, condenaron la actitud de los chilenos, pero le echaron la culpa al Estado por tener solo una «mirada fiscal» y le quitaron responsabilidad a la multinacional.
En ese rincón se anotó el radical Gustavo González, quien pidió «diálogo» y magnificó el impacto social del cierre de la planta. Lo mismo planteó Claudio Wipplinger, quien reclamó que el Estado genere «condiciones de competencia» para que el trabajador tenga opciones de buscar otro empleo si no le gusta lo que pagan los chilenos.
“Si no hay opciones, la ley no sirve, porque se hace lo que se quiere», se sinceró el legislador llegado de una empresa de transporte. Es decir, sueldos bajos pero con alternativas.
Esa visión fue rechazada por el oficialismo y algunos diputados de la oposición, quienes plantearon que en realidad, lo que está en juego es una disputa de modelos, que tiene al Estado como un rol preponderante o el libre albedrío de los grupos económicos que desconocen leyes y tienen escaso interés en el impacto social de sus actividades. No es casual que la semi defensa empresaria -no se podía más- llegara de dos diputados que tienen al mismo candidato a presidente. Wipplinger está en Cambiemos y González quiere que la UCR pueda llevar a Macri como candidato a presidente. Es la misma visión que exhibe el jefe de Gobierno porteño, quien mira con desdén cualquier regulación del Estado.
Como contraste, el oficialismo logró en la misma noche del jueves, la aprobación de una ley de Agricultura familiar, que se convertirá en una herramienta más para fortalecer a los pequeños productores, en la misma línea de gestión que se impulsó desde 2003.
La norma sancionada por los diputados establece la adopción de la agricultura familiar como modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental. Para ello, considera agricultores familiares a quienes realizan actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestales, piscícolas, hortícolas, avícolas y apícolas, entre otras.
La ley tiene, entre otros, los objetivos de promover el desarrollo humano integral y el bienestar social y económico de los productores; valorar las prácticas productivas de las mujeres agricultoras; garantizar la soberanía y seguridad alimentaria; y fomentar la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales.
La diputada Claudia Gauto, quien defendió la iniciativa, consideró que se trata de “marco normativo que contenga a los miles de pequeños productores y pueblos originarios que habitan, trabajan y producen en la tierra colorada, garantizando asimismo desde la más alta decisión institucional el presupuesto para su atención”.
Se trata de un modelo, que contrasta claramente con el proceso de concentración de tierras que se registró en los 90, con la irrupción de Alto Paraná y la venta de cientos de chacras ante la pérdida de rentabilidad.
Esa concentración es irremediable en el corto plazo. Pero “este Gobierno ha trabajado muchísimo en ese sentido”, definió el subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma. Desde 2008, 120.000 hectáreas están en trámite de regularización dominial en un programa que beneficia a más de 8.500 familias de pequeños productores. Acceso, distribución y regularización dominial de la tierra más un uso y conservación de suelos son claves para la adopción del modelo de Agricultura Familiar.
Con la fuerte presencia del Estado que también recreó las condiciones para que el que vive en el interior tenga los mismos servicios que el de una gran ciudad, se revirtió un proceso de migración hacia las barriadas de las urbes, que había creado bolsones de pobreza. Escuelas, caminos, comisarías, viviendas, hospitales, hicieron que muchos jóvenes decidieran quedarse en sus pueblos, con la posibilidad de terminar sus estudios o seguir después en las chacras. Esa también es una forma de combatir la pobreza y la desigualdad.
“Hay pocos gobiernos en la historia de la Argentina que hayan hecho programas universales tan directos como para eliminar o morigerar la pobreza y eliminar el clientelismo. Si para cobrar la Asignación Universal por Hijo, el programa Progresar y otros no tenés que golpear la puerta de un secretario de acción social de cualquier municipio, sino ir al cajero, dimos un salto contra el clientelismo, fenomenal”, explicó el gobernador Maurice Closs, entrevistado por Joaquín Morales Solá en el diario La Nación.
El mandatario misionero está en la agenda política nacional por su cercanía con Scioli y la posibilidad de integrar el gabinete nacional en caso de que el bonaerense gane las elecciones.
Por eso, varios medios lo entrevistaron y tuvo que superar el desafío de “Intratables”, donde el antikirchnerismo se siente a sus anchas. Allí tuvieron mayor repercusión sus palabras: “Decir que la economía está parada, es un error”, advirtió. “No hay duda que la economía tiene algunas cosas que corregir, pero no hay que ser ingenuos y hay que reconocer que estamos llegando a un final de mandato con crecimiento”, argumentó Closs.
“Estamos llegando al final de la gestión con algunas cosas que corregir pero no tenés que resucitar al país como después del 2001 o como fue en 1989 con una hiperinflación. La inflación de 20 puntos no es un monstruo de siete cabezas porque no es difícil bajarla a un dígito en 2 ó 3 años pero sí es peligroso bajarla de forma inmediata porque se va a plantar la economía y si hay algo de bueno que tiene esta economía es que está en movimiento y en crecimiento”, enumeró.
El propio Scioli destacó esa cercanía con Closs y planteó la necesidad de continuar de “seguir trabajando codo a codo” entre la Nación y Misiones -como lo hizo el gobernador con Cristina- y “si el pueblo lo decide, ahora con Hugo Passalacqua”.
“Tenemos muy claro cuáles son las expectativas: Qué es lo que tenemos que cuidar, qué es lo que tendremos que corregir, qué es lo que tendremos que cambiar… y sobre todo vamos a tener que evolucionar«, planteó el candidato presidencial en su contacto con la prensa misionera.
Misiones volverá a estar por estos días en la agenda nacional. La presidenta Cristina Fernández vendrá el jueves a la inauguración de una de las obras emblemáticas de la Salud Pública: el hospital pediátrico en Posadas. Será quizás, una de sus últimas apariciones como jefa de Estado en la provincia, a la que siempre tuvo especial consideración.

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