El conflicto fue creciendo en los últimos días, en primera instancia por un planteo salarial, ya que los trabajadores reclaman la apertura de paritarias y desde la semana pasada iniciaron una protesta frente a la planta. Sin embargo, se agravó en las últimas horas por el apoyo de Camioneros y unas supuestas amenazas de muerte a los operarios que sí decidían ingresar a trabajar a la firma forestal de capitales chilenos.
El gerente comercial de Arauco, Pablo Ruival indicó que no conocen con claridad los puntos del reclamo de los gremialistas porque “no hay una consigna clara”. El ejecutivo confirmó que se tomó la decisión de paralizar las operaciones porque “no están dadas las condiciones de seguridad” y “priorizamos la seguridad de nuestros trabajadores”.
Aunque las versiones hablan de un cierre definitivo de la planta, Ruival fue cauto y sostuvo que “no hay decisión tomada”, aunque supeditó ese final “dependiendo de la evolución” de la crisis.
El ejecutivo sostuvo que el fallo del Superior Tribunal de Justicia que confirmó la insalubridad laboral en la planta, no cambia la situación de operatividad de la fábrica, ya que el caso se definirá en la Corte Suprema de Justicia. “Nosotros siempre nos ajustamos a derecho. El fallo no afecta los otros procesos judiciales que están en marcha y que serán definidos por la Corte”, definió Ruival.
Sin embargo, uno de los argumentos del bloqueo a la planta por parte del personal papelero fue que Arauco S.A., ex Alto Paraná «no acató una resolución del Ministerio de Trabajo y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) provincial, que rechazó una acción de inconstitucionalidad» presentada por la firma.
El máximo tribunal rechazó una acción del Grupo Arauco, que procuró anular los efectos de la norma, que determinó que el trabajo en las plantas de las industrias celulósica, papelera y del cartón es insalubre, y confirmó «la vigencia de esa ley».
La norma obliga a la compañía de capitales chilenos a reducir los horarios de trabajo en esas fábricas y a anticipar jubilaciones.
La empresa reclamó «la inconstitucionalidad de la ley», lo que fue rechazado, por lo que el máximo tribunal ratificó la competencia provincial para determinar los lugares y actividades insalubres e introdujo «la necesidad de ponderar los derechos patrimoniales de la firma y la salud de los trabajadores», indicó el fallo.
En su aplicación efectiva, la norma admitió un turno laboral más, ya que determinó que la jornada debe disminuir de ocho a seis horas, además de obligar al recambio de operarios porque la edad jubilatoria baja a 55 años, 10 menos que el resto del personal.
Estudios científicos a cargo de técnicos de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), realizados en 2008, luego de la aprobación de la ley, individualizaron doce áreas de la planta celulósica de la forestal chilena insalubres para trabajar.
La presencia de elevados índices de dióxido de cloro y de niveles de ruidos son los principales factores de riesgo considerados.
A partir del informe, Trabajo provincial declaró insalubres la planta de dióxido de cloro, la caldera de recuperación y de potencia, la planta química y la de lavado y depurado, la deslignificación, la de preparación de madera, el taller central, la calderería, las líneas uno y dos y el tratamiento de efluentes.
El agente de riesgo, el dióxido de cloro (CLO2), atenta contra la salud y la integridad psicofísica de los trabajadores y provoca irritación en nariz, garganta y pulmones y, respecto de los niveles de ruido, afectan al personal en la aceleración de la respiración y pulso, aumento de la presión arterial, disminución del peristaltismo digestivo (gastritis y colitis), problemas neuromusculares (dolor y falta de coordinación) y disminución de la visión nocturna (fatiga y dificultad para dormir).
También es causante de cambios psicológicos por la exposición a un ruido excesivo y constante; disminuye la concentración, la efectividad y la productividad; aumenta la frecuencia de accidentes de trabajo, la irritabilidad y los estados histéricos y neuróticos, indicó el dictamen de Trabajo, girado oportunamente a la comisión de seguimiento de la Legislatura provincial.
La empresa se opuso de manera permanente a la aplicación de la ley y argumentó que es de instrumentación la de Contrato de Trabajo, que regula un mecanismo administrativo ante la cartera laboral nacional para la declaración de la insalubridad en el empleo.
Las resoluciones de Trabajo fueron recurridas oportunamente al Poder Ejecutivo provincial, que desestimó los recursos y, de forma paralela, la compañía presentó la acción de inconstitucionalidad.
Por Resolución 383 del 6 de agosto último, el máximo tribunal de la justicia provincial decidió rechazar ese recurso patronal.
Los trabajadores retomaron las medidas de fuerza y el corte de rutas a partir de que la firma «se negó a considerar las intimaciones de la Corte y porque utiliza a personal interno, al que obliga a dormir en colchones en situación de esclavitud».
El SOEP niega las denuncias de ARAUCO y afirma que la empresa precariza a los trabajadores
