El ministerio de Trabajo de la Provincia aplicó una multa de 782 mil pesos a la empresa Arauco, ex Alto Paraná, por despedir a 14 obreros en vigencia de una conciliación obligatoria. La cartera que conduce Jorge Valenzuela había intimado hace un mes a la compañía a reincorporar a esos operarios. Advirtieron que en caso de reincidencia, la firma podría sufrir clausura e inhabilitación para participar en licitaciones públicas.
La filial argentina del grupo chileno Arauco, ex Alto Paraná SA, sufrió otro revés: el ministerio de Trabajo de la Provincia le aplicó una multa de 782.320 pesos por haber despedido a 14 trabajadores afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Celulosa, Papel y Cartón (SOEP) de Alto Paraná mientras estaba vigente una conciliación obligatoria. Casi un mes antes de aplicar la multa, la cartera que conduce Jorge Valenzuela había intimado a la compañía a suspender los despidos, pero la firma no hizo hasta ahora.
Desde la Subsecretaría de Trabajo a cargo de Osvaldo Contavalle, indicaron que dicha sanción “importa además en caso de reincidencia por la posibilidad de clausuras, inhabilitación por un año para acceder a licitaciones públicas, suspensión de los registros de proveedores del Estado Nacional y Provincial, según lo dispone la Ley N° 25212 y Provincial N° 3921”.
En protesta por la negativa de la empresa a reincorporar a los trabajadores despedidos, además de otros reclamos, el SOEP mantiene bloqueado el acceso a las plantas de Puerto Esperanza y Puerto Bosetti. En diálogo con Misiones Online, el secretario general de dicho sindicato, Lorenzo Barrientos, recalcó que la empresa continúa con una política de precarización laboral que incluye la contratación sistemática de trabajadores de empresas tercerizadas o empleados con contratos a término y remarcó además que la firma se niega sistemáticamente a aplicar la ley de insalubridad laboral, sancionada en 2008 por la Provincia y cuya constitucionalidad fue ratificada hace pocos días por el Superior Tribunal de Justicia.
Destacó que esa ley permite a los trabajadores de las plantas celulósicas jubilarse con 55 años, lo que resultaría una reivindicación necesaria, ya que, según Barrientos, por las condiciones laborales de la planta de Puerto Esperanza, la mayoría de los trabajadores no llega en buenas condiciones a los 65 años o directamente no llegan a esa edad.
En cuanto a las denuncias por precarización laboral, explicó que la empresa recurre a trabajadores temporales o de empresas tercerizadas para cumplir tareas habituales dentro de la planta y que dichos operarios cobran sueldos más bajos y no tienen ni la estabilidad, ni los beneficios de un trabajador formal de planta permanente. “Exigimos que se aplique el convenio colectivo de trabajo a todos los que se desempeñan dentro de la fábrica. Entendemos que a igual tarea corresponde igual remuneración e iguales beneficios”, resaltó.
La empresa ya fue denunciada en reiteradas oportunidades, no solo por el SOEP, que ya había realizado un paro en mayo pasado, sino también por el sindicato de Camioneros, siempre por cuestiones relacionadas a la precarización laboral y a incumplimientos en las condiciones de trabajo.
En el marco de dicho conflicto el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a varias reuniones, en las cuales no se lograron avances. Desde el gremio detallaron que la empresa tiene a unos 200 trabajadores contratados en planta permanente y encuadrados en el convenio colectivo correspondiente y a más del doble de esa cantidad, trabajando por fuera de convenio, tercerizados o con contratos precarios.
Incluso la firma fue acusada de entregar alimentos en mal estado a sus trabajadores, lo que fue confirmado a la revista Argentina Forestal por Silvio González, quien se encargó del servicio de cocina de la compañía hasta 2008 y fuera despedido, según afirma, por negarse a cocinar con productos en mal estado.
A comienzos de año, Arauco estuvo en el centro de una polémica con el sindicato de Camioneros de Misiones, gremio que reclamó por las condiciones de vida que la empresa impone a los choferes que deben esperar días enteros para descargar sus vehículos.
JRC EP
